Tlachinollan, Amnistía Internacional y el Centro Morelos se reúnen con Ramírez Ramos
Fuente: La Jornada de Guerrero
Ofrece mesas de diálogo, pero no puede intervenir en la actuación de la PGJE, advierte
En Canadá también se violan derechos, le espeta el funcionario a la activista Kathy Price
MARLEN CASTRO
CHILPANCINGO, 3 DE AGOSTO. El secretario de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos, se entrevistó con activistas de Amnistía Internacional (AI), Tlachinollan y del Centro Morelos, quienes pidieron la liberación inmediata del integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Raúl Hernández Abundio, preso en el penal de Ayutla acusado de asesinar a un informante del Ejército.
El funcionario les contestó que el Ejecutivo no podía interferir en las decisiones de otro poder, por lo que sólo ofreció instalar mesas de trabajo al respecto.
En entrevista al salir del largo encuentro, Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de AI en México, planteó que precisamente la interferencia de un poder en otro era motivo de preocupación para la organización, porque tienen la certeza de que el defensor de los derechos indígenas continúa preso por las acusaciones sostenidas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
En la reunión con el funcionario, los integrantes de la OPIM, Tlachinollan y los activistas de AI expusieron los atropellos contra los defensores de derechos humanos de la entidad.
Ahí, Obtilia Eugenio Manuel, secretaria general de la OPIM –quien destacó que era la primera vez que acudía a una reunión con algún funcionario–, narró las arbitrariedades cometidas por el gobierno estatal contra los pueblos me’phaa desde el año 2000, comenzando por las esterilizaciones forzadas, violaciones sexuales y asesinatos de quienes han exigido justicia.
Luego, la dirigente me’phaa reprochó que en todos esos casos no haya habido una investigación para castigar a los responsables, y en cambio, fue muy rápida la investigación del asesinato del informante del Ejército Alejandro Feliciano García, delito por el que detuvieron a cinco integrantes de la OPIM, entre ellos Raúl Hernández, quien aún continuaba preso. Sus compañeros fueron liberados por falta de pruebas, pero a él lo acusan directamente del homicidio.
Por su parte, Herrera Aragón y Kathy Price, directora ejecutiva de AI en Canadá, pidieron al funcionario estatal la liberación inmediata e incondicional de Raúl, a quien consideran preso de conciencia, definición empleada por el organismo para personas que han sido encarceladas por sus convicciones políticas o por su origen étnico o idioma, considerado así a partir de noviembre de 2008.
En respuesta, Ramírez aseguró que en la petición de la liberación el gobierno del estado no podía intervenir porque se estaría interfiriendo en las decisiones soberanas de otro poder, pero ofreció instalar una mesa de trabajo en el que estarían la Procuraduría, el Poder Judicial y las organizaciones.
En el encuentro, el funcionario quiso revertir a Price que el gobierno canadiense también estaba violando derechos humanos, ahora que estaba exigiendo la visa para ingresar a su territorio: “¿a ver qué vamos a hacer con eso?”, le dijo. También recalcó esa situación en la entrevista con los medios.
Luego del encuentro, los activistas gritaron consignas en las puertas de las oficinas centrales de gobierno, a favor de Raúl y en contra de la decisión de las autoridades de mantenerlo preso.
¡Raúl no es un delincuente, es un defensor de derechos humanos, libérenlo ya!, gritaban cuando por fin pudieron utilizar el sonido, cuyos cables fueron arrancados, precisamente, por informantes del Ejército.
Por el altavoz, Herrera Aragón destacó que la presencia de AI en Guerrero tiene el propósito de manifestar “nuestra preocupación por el pésimo estado de los derechos humanos en Guerrero, que ha afectado particularmente la seguridad de defensores y defensoras de derechos humanos”.
Por su parte, Abel Barrera Hernández, coordinador de Tlachinollan, aseguró que lo que mantiene preso a Raúl no es un asunto de procedimientos jurídicos, sino de la parcialidad del sistema de justicia estatal.
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