Patricio Cortés
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Se ha presentado nuevamente una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo con la intención de minimizar los derechos de los trabajadores, arrebatándoles sus herramientas de lucha y legalizando la simulación que hoy vivimos.
Aunque fue presentada por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, se sabe que fue desarrollada, en su mayoría, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social comandada por Javier Lozano. Los organismos patronales han manifestado públicamente su apoyo a la iniciativa, mientras las agrupaciones independientes de trabajadores la rechazan.
El alegato panista es que falta competitividad a México y reduciendo “obstáculos laborales” vendrán más empresas a dar más trabajo. Sin embargo, en un texto publicado en Forum (número 189, junio de 2009) sobre la competitividad, el ingeniero José Francisco González Prado, presidente del Premio Internacional Asia Pacífico de Calidad y director general del Instituto Mexicano de Control de Calidad (Imecca) refutó que los sindicatos sean un lastre para la economía: “Yo pienso que en cierto tipo de economías, imperfectas como la nuestra, los sindicatos son necesarios. Si ya así el sector patronal abusa excesivamente del trabajador, imagínese sin los sindicatos, sería una situación muy desventajosa”.
En el mismo texto Enrique Dussel Peters, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), respondió al cuestionamiento de si el costo de la mano de obra por las prestaciones afecta la competitividad: “Inciden en algunos casos. Nótese la ironía, bajo ese argumento nuestro principal competidor y a donde se irían todas las empresas es a Haití o lo más alto de la Sierra de Oaxaca. Las empresas entre menos pagan más contentas estarían, pero no es el argumento pueden y lo están haciendo, se establecen en Alemania donde pagan 10 o 15 veces más los sueldos de aquí. Lo que requieren son condiciones sistémicas”.
Por su parte el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM documenta que en 1976 de una jornada de ocho horas se destinaban, en México, tres horas con 24 minutos para el salario de los trabajadores, mientras en 2004 solamente 13 minutos, es decir se ha incrementado exponencialmente el grado de explotación. Simultáneamente, perdemos lugares en el ranking de competitividad. Esto pone en duda el argumento de la Secretaría del Trabajo. El fenómeno es mundial y por ejemplo en Italia, en 1976, se ocupaban de la misma jornada laboral cuatro horas y media para el sueldo del trabajador, en 2004 dos horas y media. (Necesidad de un programa de recuperación del poder adquisitivo en México, página 27).
La reforma desde la óptica de un litigante
El laboralista Manuel Fuentes Muñiz opina sobre la propuesta laboral: “No es una propuesta de consenso, está representando la visión de una sola de las partes del sector laboral, es una propuesta patronal que no es incluyente porque debilita el instrumento que tienen los trabajadores para mejorar sus salarios y sus condiciones de trabajo, los sindicatos quedarían verdaderamente afectados.
Está también la propuesta de que no se obligue al trabajador a pagar la cuota sindical, sino que sea optativa. Este modelo ya ocurre en Centroamérica y permite que pueda haber muchos sindicatos y que puedan cotizar o no los trabajadores, y los patrones, que tienen el control del ingreso, los presionan para que no paguen la cuota sindical. Además limita el derecho de huelga al exigir mayores requisitos para su ejercicio.
Esta reforma está fortaleciendo un sindicalismo blanco. Para ejercer el derecho de huelga o la contratación colectiva se requiere siempre de la injerencia del patrón. De acuerdo a la propuesta, por ejemplo, para registrar un sindicato es necesario exhibir un padrón de socios autorizado por el patrón que tiene que dar el visto bueno, igual con el contrato colectivo de trabajo. Con esta propuesta, en una segunda fase, permitirá una mayor injerencia del gobierno en la vida sindical y al mismo tiempo fortaleciendo la injerencia del patrón”.
Muchas de las propuestas de la iniciativa ya se aplican de facto.
—Es cierto, lo que se está planteando es una configuración de lo que la autoridad ya está permitiendo. Está legitimando las outsourcing que en la práctica son la mayor contratación, por los reportes que se tienen más del 90% de las contrataciones que se han dado en el país han sido a través de outsourcing con contratos temporales, o hacen firmar a los trabajadores papeles en blanco.
Advierte que hay falta de voluntad política para hacer cumplir la ley al igual que instrumentos, pues faltan incluso inspectores que, en la ciudad de México, son apenas veintitantos para más de 200 mil empresas, por lo que tardarían 46 años en revisarlas a todas: “No hay ninguna vigilancia, está permitido que se lleven a cabo ese tipo de medidas hoy ilegales. Está el caso de las empresas mineras donde sigue habiendo accidentes de trabajo y la Secretaria del Trabajo sigue sin intervenir. En Durango, recientemente hubo un accidente en una mina y quedaron atrapados algunos trabajadores y se descubrió que esa mina era clandestina desde 1992, y la autoridad está limitando los sindicatos. El tema de Cananea y el SME (Sindicato Mexicano de Electricistas) son ejemplos de que ya están llevando a cabo estas reformas por la vía de los hechos, sin que se hayan aprobado en las cámaras”.
¿Se puede hacer retroactiva una ley en perjuicio de los trabajadores?
—En esencia eso no sería posible, pero en un momento determinado lo que sí es posible es que en un contrato de trabajo tú tengas un prohibición de trabajo por horas y si en la nueva ley lo autorizara puede imponer, a partir de ahora, condiciones que contravengan el contrato colectivo de trabajo, sobre la base de que la ley está arriba de cualquier disposición. Se les impondría una renuncia a sus derechos, aunque la norma diga que la ley no puede ser retroactiva.
Sobre la contratación por horas acota Manuel Fuentes Muñiz: “No concibe el pago de prestaciones proporcionales por las horas trabajadas, sería una tremenda contradicción porque toda persona que esté laborando, de acuerdo a ley actual, tiene derecho a prestaciones irrenunciables”.
Considera que las propuestas a las reformas procesales harían más largos los juicios, pues la presentación de pruebas se realizará en otra audiencia. Estos procesos ya de por sí se han alargado, ahora sólo hay dos audiencias, mientras hace unos años eran cinco. Estima que en los juicios contra entidades gubernamentales el trabajador gana en 50 por ciento de los casos y contra particulares sólo en 5 por ciento.
Se propone que los salarios caídos de una huelga sean máximo de seis meses ante lo cual el abogado explica a Forum que eso se hace en otro países, pero que después de ese lapso es el Estado quien absorbe los sueldos de los trabajadores, cosa que no considera la iniciativa mexicana.
Opina sobre las posibilidades de ser aprobada la iniciativa: “Por las contradicciones que tiene el PRI (Partido Revolucionario Institucional) con el PAN pareciera que no habría posibilidades de que pudiera pasar esta propuesta. Sin embargo, yo veo que el PRI y el PAN tienen intereses coincidentes para fortalecer intereses de empresas”.
El punto de vista de un sindicalista
Benedicto Martínez, vicepresidente de la Unión Nacional de Trabajadores, opina sobre la propuesta: “Es un aniquilamiento brutal a la vida sindical, al derecho de huelga, además de otros retrocesos que se plantean en la propia iniciativa”.
“En este país los patrones deciden qué sindicato quieren tener y, obviamente, escogen sindicatos que respondan a sus intereses en perjuicio de los trabajadores. Aproximadamente 90 por ciento de los contratos colectivos son de protección patronal y si los trabajadores en este momento quieren organizarse, sabemos todas las dificultades que ya de por sí existen para que proceda la demanda por la titularidad del contrato colectivo. Es un camino muy largo, a veces se logra que los trabajadores obtengan ese contrato colectivo, pero con estas modificaciones que se están planteando en la ley, obviamente ningún sindicato va poder demandar la titularidad porque los requisitos van a ser insalvables”, complementa.
Expone con tono de enfado: “Es un retroceso brutal a lo que se tenía ya ganado, hay muchas prácticas que se han venido instrumentando para obstaculizar la libertad sindical; sin embargo, con esta iniciativa se viola todo derecho del trabajador y los convenios que México tiene firmados con la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical, contratación colectiva, derecho de huelga, también en donde establece una serie de requisitos. Los convenios internacionales están incluso por encima de la Ley Federal del Trabajo”.
Refuta a quienes dicen que México no es competitivo por las prestaciones que da a sus trabajadores: “En este país quien gana tres salarios mínimos (170 pesos aproximadamente) ya es un salario que los patrones consideran alto, consideran muy cara la mano de obra. Es una verdadera aberración, una mentira que la ley o los contratos colectivos de trabajo limiten el desarrollo de la industria. Por el contrario, organizaciones o representantes sindicales que no tengan la legitimidad de sus trabajadores, que no tengan esta autoridad moral que se requiere, pues no pueden impulsar ningún cambio en la línea productiva”.
Propone: “Necesitamos un modelo distinto en que los trabajadores sean actores principales para poder impulsar y acordar con las empresas y en eso nosotros, los sindicatos independientes, tenemos esa práctica donde pactamos con los patrones, pero ambas partes cumplimos, tenemos muchos ejemplos donde hemos logrado aumentar la productividad y obtener certificaciones. Lo que ha limitado y dejado en un atraso total y absoluto al país es donde existe esta práctica de simulación laboral”.
Hay que reconocer la existencia de sindicatos que protegen del despido incluso a quienes se niegan a trabajar, todos los hemos visto.
—En eso tendría que revisarse cada organización sindical a la altura de las circunstancias. Hoy necesitamos que las empresas generen empleos y sean productivas para que puedan competir, eso cualquiera lo entiende. Lo que no podemos, como organización sindical, es aceptar que exista una plantilla de trabajadores donde el 10, 15 o 20 por ciento esté protegida por el sindicato. Yo creo que cada quien debe absorber su responsabilidad. Esa parte es la que tendremos que trabajar, pero se tiene que partir de los acuerdos de la bilateralidad, donde se plantee cada quien los objetivos. A veces es muy cómodo echarle la culpa a la otra parte de lo que no funciona.
Benedicto Martínez, también miembro de la Coordinación Nacional del Frente Auténtico del Trabajo, considera que hoy por hoy la legislación laboral se cumple muy poco y casi siempre pierde el trabajador: “Hay una serie de complicidades y es algo que todo mundo sabe”.
Sobre las posibilidades de la iniciativa responde: “Desde mi punto de vista debe ser rechazada y convocar a los actores, incluyendo a los trabajadores, de cara a la sociedad para ver qué ley necesitamos. Yo creo que hay cosas muy viciadas y coincidimos en que tiene que haber un registro público de los contratos colectivos y los sindicatos, porque hay una serie de sindicatos que nadie sabe quienes son. También deben cambiar las juntas de conciliación y arbitraje donde hay un conflicto de intereses, hay juicios interminables. Y un trabajador no resiste una demanda de años sin salario y Seguro Social, es muy complicado. Estamos de acuerdo en que se debe modificar la ley, pero hay que ir transformando todos estos vicios que se han creado, que sólo favorecen a una parte”.
¿Qué harán si se aprueba esta reforma?
—Tendremos que actuar y hacer todo lo necesario para impedir que esta ley se apruebe, apelaremos a los convenios y tratados internacionales, porque va incluso en su contra.
¿Debemos esperar una huelga masiva?
—Yo no me atrevería a hablar en este momento de una huelga masiva.
La reforma vista desde la academia
El doctor Alfredo Sánchez Castañeda, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, afirma: “La Ley Federal del Trabajo se debe reformar pero habría que preguntarnos hasta dónde responde el proyecto a las necesidades de México. Yo le diría que es un proyecto incompleto, no otorga compensaciones”.
Expone el jurista: “En materia individual limita el pago de salarios caídos a seis meses, establece los contratos a prueba y la posibilidad de despedir a un empleado que tenga menos de tres años. Se establece la contratación por horas pero no se precisa que va a pasar con el pago a la seguridad social y las horas extras. Eso es flexibilizar la ley, pero el trabajador no recibe nada a cambio, no hay una contraprestación”.
Propone: “Si vamos a facilitar el despido, entonces lo ideal sería que este país contara con seguro de desempleo, entonces no importa que a usted lo corran cada tres años de un trabajo, porque mientras no consiga empleo va a tener un ingreso. Si usted tiene 25 años y se queda sin trabajo no pasa nada, pero si usted tiene más de 50 sus posibilidades disminuyen”.
¿Un seguro de desempleo no sería otro subsidio a los patrones que ahorraría liquidaciones a costa del Estado?
—No, porque cotizaría el trabajador, el empleador y el Estado, entonces no estamos subsidiando a nadie y se crearía un seguro de desempleo con lo que llaman políticas activas de empleo; es decir, trabajadores que vamos a tratar de reinsertar al mercado de trabajo.
Desde el punto de vista colectivo la reforma también es incompleta, porque si bien en uno de los puntos hace referencia a fortalecer la transparencia y la democracia sindical, que son temas sin duda importantes, por otro parte deja de lado todo lo que tiene que ver con reafirmar la libertad sindical y el derecho de contratación colectiva. No profundiza en el tema de negociación colectiva que permitiría combatir los famosos contratos de protección”.
Si bien es cierto que jurídicamente se establecen las facultades y competencias de la Secretaría del Trabajo para otorgar o no un registro sindical, el problema es que una autoridad administrativa le puede negar el registro y la legislación internacional dice que si la autoridad administrativa lo niega, esto surte efecto hasta que lo confirme un juez. El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo ha dicho que la negativa sólo la puede dar el Poder Judicial. Entonces si lo niega la autoridad administrativa, usted tiene derecho de acudir al Poder Judicial y mientras éste no decida, usted tiene su sindicato.
O sea que el Sindicato Mexicano de Electricistas sigue existiendo jurídicamente.
—Efectivamente.
En caso de que se apruebe una ley contraria a los tratados internacionales, ¿qué puede hacer el trabajador?
—Si hay tratado internacional el trabajador puede acudir a él.
También se dice que la reforma atenta contra el derecho a huelga.
—En el caso del derecho a huelga en realidad sí lo está limitando, pero es un derecho que en la vía de los hechos prácticamente no existe. Si usted ve las estadísticas de los emplazamientos a huelga, estallan menos del 10 por ciento. Resulta incongruente limitar un derecho que en la práctica los trabajadores no lo ejercen.
“Por otro lado, la parte procesal en el proyecto se vuelve a dos etapas (hoy es de una) y eso podría significar alargar más los juicios. Si usted limita el pago de los salarios caídos, ya el abogado patronal no tiene ningún interés en que se resuelva rápido el conflicto. Al litigante laboral le conviene alargar los juicios porque muchas veces le pagan por audiencia o por iguala”, critica.
En el mismo rubro glosa: “Se crean juicios sumarios para temas relativos a la seguridad social, en realidad se deberían solucionar estos conflictos antes de que lleguen a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y así, de entrada, se le quitaría más del 50 por ciento de la carga que tiene este organismo”.
Sobre los outsourcing opina: “No me parece inadecuado porque la subcontratación siempre ha existido y ahora obliga a quien recibe el servicio a cerciorarse de que la empresa que lo presta esté al corriente en sus pagos a la seguridad social.
“Es tan exagerado decir que la ley va a crear empleos, porque si fuera cierto que cada día hagan una ley para que se creen empleos; pero también es exagerado decir que el proyecto de ley acaba con los derechos de los trabajadores, me parecen posiciones maximalistas”, concluye Alfredo Sánchez Castañeda.
Fuente: Forum
Difusión: Soberanía Popular
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