Fracasa reforma electoral

Televisoras, mandatarios estatales, partidos políticos, candidatos y legisladores tendrán la posibilidad de influir en las elecciones locales de este año. Como en los comicios federales de 2009, podrán dar la vuelta a la reforma electoral que prohíbe la contratación de tiempos en medios electrónicos, pues el Congreso de la Unión no tapó los hoyos por donde hizo agua la reforma política de 2007 a partir de su primera prueba del año pasado. Televisoras y servidores públicos, en especial, no parecen estar dispuestos a dejar su inmenso poder de inducir el voto

Durante el proceso electoral, los medios electrónicos, gobernadores, diputados, organizaciones políticas se podrán valer de temas no reglamentados como los infomerciales, la propaganda integral, la vinculación de diferentes tipos de candidatos en un solo spot para diferentes campañas, la utilización de los informes de los servidores públicos, la difusión velada en “entrevistas”, la contratación de propaganda partidista a través de medios informativos “terceros” e incluso la utilización de internet, para respaldar a sus candidatos.

La influencia de los medios electrónicos también podrá darse mediante la no transmisión o alteración de las pautas que elabora el Instituto Federal Electoral (IFE) para que transmitan en sus repetidoras los spots de los partidos políticos y de autoridades electorales en todo el país, favoreciendo o afectando a determinados candidatos.

Es tal la preocupación por este tema que la iniciativa de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales, que el pasado 8 de abril propusieron el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, comprende revocar la concesión a la televisión y la radio que dejen de transmitir contenidos electorales.

A pesar de haber transcurrido tres años desde la aprobación de la reforma electoral de 2007, el Congreso también ha sido incapaz de elaborar una ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución, que prohíbe a los servidores públicos participar en las campañas electorales y emitir propaganda personalizada.

Eso trajo como consecuencia que se abrieran los grados de permisión en este terreno, asegura el consejero electoral Virgilio Andrade. Hoy en día, explica, si la propaganda personalizada de los servidores públicos fue financiada con recursos privados, no hay observancia alguna del artículo 134, incluso si se llega a presentar en campaña. Ésa es la causa de que los infomerciales no sean observables.

Asimismo, la mención de un cargo en spots o en promoción de cualquier gobierno no está prohibida. Ésa ha sido una práctica común de los gobernadores. A ninguna autoridad electoral le pareció que hubiese una violación a la ley en eso.

Tampoco está prohibido que un partido político haga alusión al cargo de una persona o servidor público cuando se está en una campaña electoral, ni que haya una campaña paralela entre ambos, como fue el caso de la campaña del PAN de 2009, que se sustentó en torno a la figura del presidente de la República y la seguridad pública.

Además, los gobernadores no tienen prohibición para transmitir propaganda todo el año, ya sea como informes o logros. Y si los mandatarios estatales son encontrados culpables por el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quedarán impunes porque no existe un reglamento del artículo 134 constitucional; no existe un catálogo de sanciones para servidores públicos infractores.

Ése fue el caso del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, que desvió recursos para apoyar las campañas de los candidatos a legisladores en las elecciones de 2009. Y su acción quedó impune.

Control televisivo

En las elecciones locales de 2010, el IFE es responsable de elaborar las pautas de transmisión de spots televisivos tanto de partidos políticos como de autoridades electorales. Le atañe, además, sancionar incumplimientos de las televisoras y la participación indebida de los servidores públicos en medios electrónicos.

Este año se elegirán 12 gobernadores (Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas); también diputados y presidentes municipales, como en Baja California, Chiapas, Coahuila, Yucatán y Zacatecas.

La mayoría de las campañas arrancó en mayo, aunque algunas empezaron en marzo y abril. Casi todas las elecciones serán el 4 de julio próximo.

Si bien la industria de la radio y la televisión ha cumplido con la transmisión de las pautas del IFE en más de 90 por ciento, en los periodos de precampañas e intercampañas de este año, aún hay entre un 5 y 10 por ciento que se la pasa por alto: TV Azteca sólo transmite 12 de los 48 minutos de tiempos del Estado para mensajes de los partidos y sus candidatos en sus 90 repetidoras, y no pasa ninguno de la autoridad electoral.

Esto quiere decir que para las 16 elecciones locales de este año, en que se renovarán gubernaturas, presidencias municipales y legisladores, acumularán 440 mil horas de televisión, equivalentes a 1 millón 39 mil spots de 20 segundos no transmitidos, y multas de 5 millones de pesos por cada una de las 90 afiliadas de la televisora durante todo el año.

La preocupación del IFE es que estos incumplimientos de las televisoras redunden en una inequidad en la contienda y cuestionamientos a la validez de los sufragios.

“Yo quiero ver a los partidos políticos cuando sus candidatos a gobernadores en los estados no sean transmitidos. Quisiera ver si estarían tranquilos para debatir un tema de ese tamaño”, dice el consejero electoral Arturo Sánchez respecto de las campañas electorales de este año. Vaticina: “Los partidos políticos serían afectados irremediablemente en sus programas y candidatos”, además de dañar la comunicación de las autoridades electorales.

“Eso sí nos debe llamar a una preocupación seria. En 2009 fue factible en muchos sentidos resolver los problemas porque existía el paraguas de la elección federal. Este año no lo tenemos y la situación para los concesionarios ciertamente es más difícil. Tenemos que construir salidas más precisas para que se puedan transmitir (spots), no para justificar no transmisiones”.

“El IFE tiene facultades para ordenar la restitución de los promocionales de los partidos políticos y las autoridades electorales no transmitidos por las televisoras y radiodifusoras, pero muchas veces lo hace cuando ya el daño es irreparable”, apunta el consejero electoral Benito Nacif.

En Yucatán, por ejemplo, los promocionales de las autoridades electorales que invitaban a los ciudadanos a reportar cambios de domicilio para actualizar el padrón electoral no se transmitieron y el plazo para registrarlos vencía el pasado 15 de enero.

En las etapas de precampaña e intercampaña de este año, el IFE ya empezó a detectar omisiones de los medios electrónicos, principalmente de TV Azteca.

Tan sólo en un mes de 2010, la televisora del Ajusco dejó de transmitir 8 mil 223 spots en los estados de Coahuila, Tabasco y Yucatán, una cantidad superior a la de un mes de 2009, en que fueron de 5 mil 263 promocionales en los estados de Sonora, Campeche, Nuevo León y San Luis Potosí.

Las multas que impone el IFE a las televisoras no las detiene. En 2009, sancionó a Televisa con 25.5 millones de pesos, y a TV Azteca, la más rebelde, con 32.2 millones, por diversas faltas a la ley.

En lo que va del actual proceso electoral de este año, TV Azteca lleva un acumulado de 190 millones de pesos, principalmente por no transmitir promocionales.

A través de la ley de transparencia, el IFE informó que estas televisoras “no han efectuado pago alguno” a este organismo.

TV Azteca sostiene que no tiene capacidad técnica para bloquear la señal nacional y transmitir las pautas locales elaboradas por el IFE. Pero el Tribunal Electoral desestimó sus argumentos. Además, la televisora se contradice, pues pasa las pautas locales de los partidos y se abstiene de hacerlo con las de la autoridad electoral. Además, a sus clientes comerciales les ofrece el servicio de bloqueo local.

En su rebeldía sistemática, la televisora del Ajusco adoptó otra estrategia: ampararse contra las pautas del IFE, pese a que no procede esta vía contra una autoridad electoral. De 38 juicios de amparo interpuestos, 26 han sido sobreseídos por jueces diversos y el resto está en trámite.

Para el consejero electoral Alfredo Figueroa, la televisora busca “pervertir el orden constitucional” con el propósito de lograr que una autoridad judicial decida sobre la regulación y administración de los tiempos del Estado, que son facultades exclusivas del IFE.

En este proceso electoral, también se han observado incumplimientos en la transmisión de spots en estaciones y canales de provincia, en algunos casos de 30 a 50 por ciento. Son medios locales que tienen gran influencia entre los electores. El IFE investiga los casos.

Hasta el 16 de marzo, había 147 mil promocionales no transmitidos, es decir, el 9 por ciento de la pauta en los estados de Yucatán, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas, Hidalgo y Aguascalientes. De esta cantidad, 102 mil fueron por motivos técnicos y 45 mil sin causa justificada.

Al respecto, el consejero Francisco Guerrero comenta que “cada vez que un spot no se transmite, hay un pedazo de comunicación que no llega al ciudadano para poder tomar una decisión informada. Si bien esto puede afectar a todos los actores de la contienda, a quien más se lastima es al ciudadano”.

Marco Antonio Gómez, ejemplo de presencia de televisoras en el IFE

El senador Pablo Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, asegura que el Instituto Federal Electoral (IFE) ha sido titubeante a la hora de sancionar a las televisoras por violar la reforma electoral. Eso se debe, explica, a que “hay mucha presencia de los medios electrónicos en el Consejo General de la institución”.

A su vez, el senador Federico Döring, del Partido Acción Nacional, dice que el monitoreo del IFE para verificar la transmisión de spots en los medios electrónicos empezó a avanzar “a una velocidad impresionante” cuando se cambió al consejero electoral que presidía el Comité de Radio y Televisión del IFE.

Cuando se les preguntó, por separado, a qué consejeros se referían, coincidieron en nombrar a Marco Antonio Gómez Alcántar; pero el senador perredista sugirió que hay otros representantes de las televisoras en el seno del IFE.

Pablo Gómez, quien prácticamente ha estado presente en las sesiones del Consejo General del IFE desde las elecciones intermedias del año pasado, ve en este organismo un problema: “En el reto lanzado por el duopolio de la televisión al Congreso, para boicotear la aplicación de las nuevas disposiciones en materia de uso político de radio y televisión –la prohibición de compra de spots y de programas políticos y la utilización exclusiva del tiempo oficial para la propaganda electoral–, el IFE cometió el error de titubear en varios momentos” para ponerles límites.

“En el Consejo General –continúa– ha habido diferentes maneras de defender la ley: se dejó de actuar con prontitud, se aplicaron multas moderadas, se interpretó la ley en la forma más favorable al infractor, se ponía en duda la sanción, se levantaba la defensa de la libertad de expresión para arropar infracciones.”

Otras veces, continúa, “el Tribunal Electoral cometió evidentes torpezas y actos completamente deplorables, de no aplicación de la ley o de maneras de interpretar la realidad muy especiales”.

?¿Qué consejeros electorales representan a Televisa y TV Azteca?

?Bueno, los que defiende a veces, como (Marco Antonio) Gómez u otros que defienden algunos medios, según sea una parte del monopolio, según la otra. Según la situación. A veces nadie los defiende, pero otras sí los defienden.

Por tanto, coincide en que era importante que el Congreso atendiera la petición del IFE para ajustar la reforma electoral, para dar respuesta a las mañas y trampas observadas en los medios electrónicos durante la campaña federal de 2009.

“Es muy importante. Yo creo que las televisoras están desafiando al Estado”, señala.

Para remediar en algo la situación, Pablo Gómez presentó una iniciativa de decreto al Senado para reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el propósito de fijar sanciones a los servidores públicos y a estaciones de radio y televisión que violen la ley.

“La experiencia nos señala que los servidores públicos siguen interviniendo en asuntos político electorales y en los procesos electorales, lo que ha generado una sistemática violación a los principios de neutralidad y equidad en la contienda”, dice la iniciativa que presentó el pasado 18 de marzo.

Sin embargo, pese a que se solicitó al Senado la urgente aprobación de esta iniciativa, y recibió el apoyo del panista Ricardo García Cervantes, vicepresidente del Senado de la República, se turnó a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos.

“Si el Congreso de la Unión no toma acción desde ahora para cerrar los huecos y rellenar las lagunas existentes en el marco jurídico, las elecciones presidenciales de 2012 podrían generar una crisis política igual o incluso más grave que la de 2006”, advierte la iniciativa.

A su vez, el senador Federico Döring asegura que los ajustes necesarios y urgentes a la reforma electoral que reclaman el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no podrán atenderse sino hasta el mes de septiembre próximo. Reconoce que era importante hacerlos antes de las elecciones locales de 2010.

“Los cambios urgen porque se hizo una reforma electoral (en 2007) en condiciones de precariedad ante la embestida (de las televisoras), de condena hacia la reforma y no hubo tiempo de consensuarla. No hubiera sido lógico hacerla con algunos actores, y se tiene que ajustar.”

Al senador panista, quien representó a su partido en el Comité de Radio y Televisión del IFE, le preocupa que los medios electrónicos se estén amparando contra las pautas de spots de los partidos y las autoridades electorales que elabora el instituto.

Enfatiza su importancia: “El corazón de la reforma electoral es la pauta para sacar el dinero de los medios de comunicación y hacerla con los medios del Estado. La equidad se garantiza en términos de que no sea el dinero para comprar espacios en medios, sino tiempos de Estado lo que te dé la posibilidad de comunicarte con el electorado.

“Si alguien tiene una suspensión (de un juez), afecta diametralmente la equidad, no sólo en términos de los derechos políticos de ese actor respecto de su partido o de ese partido respecto de otros.”

Pero aquí el problema es la imperfección que presenta el monitoreo del IFE para verificar que las pautas de spots se están transmitiendo. Jurídicamente no se puede demostrar que esté bien hecho, por lo tanto no podría resistir un peritaje. Así, la causa de la sanción del organismo electoral a las televisoras se debilita

“Tenemos que trabajar en tener un monitoreo a prueba de cualquier peritaje externo y de cualquier contra argumentación, que permita que el caso sea sólido. Acuérdate que cualquier partido, y muchos lo hacen, contratan a una empresa paralela que hace un monitoreo propio y a veces está mejor hecho que el del propio instituto.”

-¿Hay que olvidarse del monitoreo del IFE?

-No. Hay que apresurar los trabajos que viene haciendo el IFE para adecuar el monitoreo. Este instrumento ha avanzado diametralmente en los últimos cuatro, cinco meses. Yo reconozco el trabajo de los consejeros Virgilio Andrade y de Arturo Sánchez. Después de que salió el consejero Marco Gómez, el monitoreo ha avanzado a una velocidad impresionante.

-¿Qué quiere decir? ¿Que Marco Antonio Gómez estaba bloqueando…?

-Tú sacas tus propias conclusiones. Ve con qué padrinos llegó a ser consejero electoral y a qué responde.

Desde su nombramiento como consejero electoral en octubre de 2003, Marco Antonio Gómez Alcántar ha sido denunciado por conflicto de intereses por sus nexos con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y su dirigente Jorge Emilio González Martínez, con quien mantiene amistad desde que estudiaron juntos la preparatoria.

El PVEM –hoy aliado del Partido Revolucionario Institucional– convirtió a Gómez Alcántar en su asesor en la Asamblea Legislativa y luego lo apoyó para ser consejero electoral. El periodista y analista Miguel Ángel Granados Chapa ha denunciado el apoyo del consejero electoral a este partido en el consejo general del IFE.

Debilidad del IFE y el TEPJF

Tanto el Instituto Federal Electoral (IFE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) demandaron al Congreso hacer los ajustes necesarios a la reforma de 2007, para garantizar la equidad en la contienda y evitar conflictos electorales este año, pero sobre todo en 2012 con la elección por la Presidencia de la República.

Ni los senadores ni los diputados tuvieron tiempo de atender sus peticiones urgentes.

Las inquietudes del IFE por la inequidad en las contiendas electorales quedaron plasmadas en “libros blancos” de la elección federal intermedia de 2009.

Propone, por ejemplo, buscar usos alternativos del tiempo del Estado en radio y televisión con fines electorales (mensajes de inicio y cierre de campaña en cadena nacional, y por partido, debates obligatorios también en elecciones intermedias, debates para el contraste de las plataformas programáticas, etcétera).

Pretende, asimismo, permitir la acumulación de tiempos oficiales para a su vez, consentir mayor flexibilidad en las formas de comunicación política (no sólo spots). De esa manera se procuraría reducir el número de promocionales, aunque no del tiempo total del Estado que administra el IFE.

Señala que la prohibición mercantil –fundamental en la reforma? tendría que expandir más genéricamente la redacción hacia “lo que se adquiera o reciba” y no a lo que “contrate”, pues resulta altamente complicado depender del hallazgo de un documento contractual, menos en el lapso de cinco días que marca el procedimiento.

Asimismo, pide desarrollar con mayor precisión, a la luz de la experiencia, el catálogo de sanciones por adquisición y contratación de tiempos en medios electrónicos; definir con exactitud las modalidades de transmisión de los promocionales, evitando los que se presenten en bloque; definir los ámbitos a los que se circunscribe la denigración y la calumnia, la propaganda gubernamental, los informes oficiales, la propaganda integrada, y los infomerciales.

Plantea, asimismo, elevar las sanciones a los concesionarios y permisionarios de la radio y la televisión ante la imposibilidad práctica de reponer de manera eficiente y equitativa los spots no transmitidos, especialmente al final de una campaña.

A su modo de ver, el modelo de comunicación también requiere ajustarlo a realidad de los distintos tipos de sujetos regulados: concesionarios vis a vis permisionarios; emisoras culturales vis a vis emisoras comerciales (libertad programática) y transmisores con regulación propia vis a vis repetidoras.

También pide atender el bloqueo intencionado para que los promocionales electorales que se transmiten por señales abiertas de los canales nacionales no se transmitan en la televisión restringida (SKY y Cablevisión).

Por su parte, el TEPJF pide, entre otras cosas, que se reconozca a nivel constitucional la improcedencia del juicio de amparo en materia electoral, para lo cual propone reformar el artículo 107 de la Carta Magna.

Televisoras, ciudadanos e integrantes de órganos jurisdiccionales o electorales han recurrido al juicio de amparo por actos que les afectan. Se ha dado el caso en que por esta vía se ha objetado la designación de consejeros o magistrados de los órganos electorales locales, y éstos quedan sin integrarse debida y legalmente.

Los jueces también han concedido amparos a medios electrónicos e incluso a candidatos de partidos políticos que han solicitado la suspensión respecto de las pautas electorales del IFE. Esto significa que algún candidato en competencia no va a tener la posibilidad de hacer uso de los medios de comunicación en tiempos del Estado.

“Esto es sumamente relevante porque se acaban los principios de igualdad, equidad y equilibrio que deben existir entre los contendientes en los procesos electorales”, advierte.

El Tribunal Electoral también demanda que la calificación de la elección presidencial, que le corresponde realizar, deje de ser administrativa y tenga carácter jurisdiccional.

De esta manera, las partes contendientes, partidos políticos y candidatos, tendrán la oportunidad de ofrecer pruebas y alegatos, es decir, podrán ser escuchados por el Tribunal Electoral, posibilidad que no tienen ahora. Así, señala, se podrán evitar los problemas que se tuvieron en 2006.

El TEPJF también demanda que se le autorice decretar la inconstitucionalidad de una norma de carácter exclusivamente electoral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce esta facultad, pero el problema es que no puede resolver la problemática que se presenta en esta materia a la velocidad de los tiempos electorales y carece de la especialidad que se requiere.

Propone, asimismo, que se reforme el artículo 116 de la Constitución para eliminar el derecho exclusivo de los partidos políticos a registrar candidatos a cargos de elección popular, tratándose de elecciones locales y municipales.

CONTRALÍNEA 188 / 27 DE JUNIO DE 2010

Fuente: Contralínea

Difusión: AMLOTV