Defensa de Derechos Humanos se intenta asociar a actividades de la delincuencia organizada
En Chiapas, la estrategia de guerra contra los pueblos no ha dejado de operar. Estos planes diseñados desde las oficinas de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) en coordinación con el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) intentan asociar a actores involucrados en la defensa de derechos humanos con la “delincuencia organizada” para justificar acciones de represión.
Muestra de ello son tres documentos que fueron entregados al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas el año pasado y hechos públicos en su informe “Balance Anual 2009, Derechos Humanos en Chiapas”, mismos que dan cuenta de las tareas de persecución, espionaje y vigilancia a integrantes de organizaciones civiles y sociales en Chiapas.
En el primer informe recibido intitulado “Situación prevaleciente en el municipio Venustiano Carranza”[1] se pretende justificar la existencia de una “red subversiva”, la cual estaría planificando “actos de desestabilización para el 2010”, y en cuyo eje expone al párroco católico de Venustiano Carranza y miembro del Consejo Directivo del Frayba, José de Jesús Landín García.
Otro de los documentos recibidos fue titulado “Ficha Técnica de José Manuel Hernández Martínez (a) el ‘Chema Ratón’”[2], en éste se crea una línea discursiva que pretende asociar el activismo político de distintas personas con acciones propias de “la delincuencia organizada” de tal modo que se hace una lectura “beligerante” de acciones civiles y pacificas que involucran a comunidades.
En un último documento nombrado “Grupos subversivos y delictivos con presencia en Chiapas”[3] se hace una caracterización de grupos insurgentes con presencia en Chiapas, a la par de grupos civiles armados “paramilitares” y una clasificación de los Zetas en el estado; por la lectura y caracterización que se hace en el documento de manera unitaria se pretende asociar a todos estos grupos y organizaciones bajo el mismo criterio “delincuencial”. Además se revela como los grupos paramilitares en Chiapas se han financiado de proyectos sociales de los gobiernos estatal y federal.
El contenido de estos informes confirma el porqué del incremento de las distintas acciones de vigilancia, persecución y hostigamiento hacia defensores, mismas que se sostienen sobre la base de los informes “confidenciales” que organismos de inteligencia federal y estatal han construido a modo de vincular el trabajo de defensa de los derechos humanos con actos de la delincuencia organizada.
Estos y muchos otros datos que dan cuenta del espionaje a distintos actores en Chiapas pueden observarse en los tres documentos que el Frayba hace públicos en su página web: www.frayba.org.mx
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[1] Disponible en web en: http://www.frayba.org.mx/archivo/articulos/091101_situacion_en_carranza.pdf
[2] Disponible en web en: http://www.frayba.org.mx/archivo/articulos/091211_ficha_chema.pdf
[3] Disponible en web en: http://www.frayba.org.mx/archivo/articulos/090527_grupos_subversivos.pdf
091101 Situacion en Carranza
091211_ficha_chema
090527 Grupos Subversivos en Chiapas
Fuente: CDHBCASAS
Difusión: Soberanía Popular
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