Raúl Hernández Abundio

Miguel Ángel Granados Chapa

23 Ago. 10

Un juez del fuero común en Ayutla, estado de Guerrero, dictará sentencia esta semana y, si aplica la ley y atiende las evidencias, dejará en libertad a Raúl Hernández Abundio, preso injustamente desde hace más de dos años. Se le acusa de un homicidio que no cometió, no obstante lo cual el Ministerio Público se empeña en que se le condene.

El caso data de abril de 2008. En aquel entonces fue asesinado Alejandro Feliciano García, que se hallaba en una fiesta de la que fue obligado a salir para ultimarlo. Se acusó del homicidio a 15 personas y cinco de ellas fueron aprehendidas. Cuatro de los procesados quedaron en libertad porque los amparó un juez federal el 15 de octubre de 2009, mediante sentencia confirmada el 18 de marzo pasado.

Hernández Abundio, sin embargo, permanece preso. Las pruebas en su contra eran endebles desde el principio y han perdido fuerza porque los dos testigos en que se basa la acusación -única evidencia para formularla- han sido hallados en contradicciones y falsedades, amén de que sus testimonios no son coincidentes. Uno de ellos admitió que no observó los hechos de manera directa, sino que se los contaron. Dijo reconocer a Raúl Hernández Abundio entre quienes mataron a Alejandro Feliciano García pero a continuación negó que se tratara de él. Mintió además al narrar inicialmente que había sido amenazado por algunos de los acusados, pero después admitió que no era verdad porque se ausentó del pueblo apenas ocurridos los acontecimientos. El otro testigo dijo que percibió el homicidio desde su domicilio, muy próximo al lugar de los hechos, distante apenas 10 metros. Pero el juez mismo comprobó que la distancia es mucho mayor, de unos 200 metros, y no hay entre los dos puntos suficiente visibilidad.

En su descargo, en cambio, la defensa de Hernández Abundio ha presentado numerosos testimonios y documentos. En resumen, son pruebas que el ahora acusado ni siquiera se encontraba en el sitio donde ocurrieron los hechos sino en uno diverso, en cumplimiento de una encomienda de la comunidad como consta por escrito.

¿Por qué entonces ha sido procesado Hernández Abundio y está en riesgo de ser condenado a prisión? Podría ser que se tratara simplemente de un caso de error judicial, de una mala apreciación de los hechos por el Ministerio Público y que, en consecuencia, el asunto se resolverá con una sentencia que identifique la vulnerabilidad de la acusación y decrete la libertad del inculpado. Puede ser también que se trate de la simple suma de acciones rutinarias en que lo importante es dar la impresión de que se cumple la ley y se castiga al responsable de privar de la vida a otra persona, sin ahondar en la correspondencia entre la verdad histórica y la hecha constar en el expediente. En una entidad como Guerrero, donde la procuración y la impartición de justicia distan de ser una prioridad, es muy alta la posibilidad de que por esas causas se castigue a un inocente.

Pero el caso de Hernández Abundio se explica por una actitud deliberada de la Procuraduría de justicia de Guerrero, destinada a intimidar a los integrantes de la Organización del pueblo indígena Me'phaá, uno de los cuales es precisamente Hernández Abundio. No por otra cosa Amnistía Internacional lo ha considerado preso de conciencia y cada semana un enviado suyo le entrega cientos de cartas en que miembros de esa organización civil se solidarizan con su situación y le expresan deseos por su pronta libertad. Para mantener la credibilidad que desde hace décadas ha conseguido en el ámbito de los derechos humanos, Amnistía Internacional verifica escrupulosamente los hechos antes de comprometer su prestigio al declarar a alguien preso de conciencia.

Los tlapanecos (que se llaman a sí mismos Me'phaá) son un pueblo indígena que habita en la región Costa-Montaña de Guerrero, donde por siglos ha padecido pobreza, abandono, discriminación y frecuentes violaciones a sus derechos humanos. En 1994 sus integrantes cobraron conciencia de su situación y crearon la Organización Independiente de los pueblos mixtecos y tlapanecos, de la que en 2002 surgió la Organización del Pueblo Indígena Me'phaá (OPIM). Su proceso de agrupamiento no ha estado exento de amenazas y hostigamientos, por su activismo en defensa propia, que es un estorbo para la arbitrariedad policiaca o castrense, otro de los males de la vida pública guerrerense. En el mismo año de su nacimiento la OPIM denunció la violación sexual cometida por militares contra dos mujeres de su comunidad, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosenda Cantú. La perseverancia de la agrupación le ha permitido llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es justamente el tipo de procedimientos que incomodan a las autoridades de Guerrero.

El Centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan ha tomado a su cargo la defensa jurídica y la caracterización social del caso de Hernández Abundio, al que considera "paradigmático del uso desviado e ilegítimo del sistema de justicia que, en Guerrero, sigue siendo usado para perseguir y criminalizar a los defensores de derechos humanos, especialmente en perjuicio de las y los defensores comunitarios que promueven (tales derechos) en las condiciones más adversas".

Si bien es nítida la inocencia del activista indígena, "no puede descartarse -dice Tlachinollan- que existan injerencias indebidas sobre el juez o que éste realice una valoración sesgada de la prueba en perjuicio de Raúl Hernández Abundio".

Que no ocurra así.

Cajón de Sastre

El Colegio de Pilotos Aviadores de México, AC -que no es un organismo sindical sino que agrupa profesionalmente a los aviadores, como lo hacen los colegios de médicos o abogados- manifiesta "su más profunda preocupación por el lamentable estado en que se encuentra la aviación mexicana. La falta de visión gubernamental para considerar a la aviación como una actividad estratégica, que se refleja en una ausencia de política de estado y que se manifiesta en la degradación que sufrió nuestro país por parte de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) significa que nuestra autoridad aeronáutica carece de suficiente capacidad para vigilar la seguridad de las operaciones... esta falta de visión, el intento de abaratar las condiciones laborales de los pilotos aviadores y de ignorar el valor agregado que le imprime a nuestra industria del transporte aéreo un gremio profesional, causan un grave daño...".

miguelangel@granadoschapa.com

Fuente: Reforma

Difusión: Soberanía Popular