Reportaje - septiembre 6, 2010
Greenpeace considera desproporcionada e injusta la condena de libertad condicional de tres años impuesta a los dos activistas de la organización que destaparon la corrupción generalizada en el programa del gobierno japonés de caza cientifica de ballenas. El Tribunal condenó a libertad condicional a los activistas durante tres años y si violan cualquiera de los términos de esta libertad condicional serán encarcelados durante un año.
Acompañados por el director de Greenpeace Internacional, Kumi Naidoo (al centro), los activistas de Greenpeace Japón, Toru Suzuki (a la derecha) y Junichi Sato (a la izquierda), salen de la corte de Aomori después de recibir una condena de libertad condicional durante tres años.
Junichi Sato y Toru Suzuki fueron condenados este día por robo y allanamiento después de haber realizado una investigación en la que se denunciaba la malversación de fondos públicos. Durante esta investigación los dos activistas interceptaron como prueba numerosas cajas que provenían del barco ballenero Nisshin Maru y que contenían carne de ballena destinadas al comercio privado, iniciativa que está de penalizada por las regulaciones del programa de “caza científica”.
Al respecto de la sentencia Sato declaró, “Aunque el Tribunal reconoce que existen prácticas cuestionables dentro de la industria ballenera, no se reconoce el derecho a denunciarlas, como garantiza el derecho internacional. El Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, sobre los que nuestra defensa se ha basado, está por encima de la legislación penal japonesa pero en el procedimiento judicial no se ha tenido del todo en cuenta”.
“Esta sentencia es totalmente desproporcionada e inmerecida”, afirmó Suzuki. “Quisimos revelar la verdad sobre el programa japonés de caza de ballenas, sin embargo hemos sido castigados, mientras que los criminales responsables del uso incorrecto de los fondos públicos se pasean libres por la calle”.
Debido a este veredicto, activistas de Greenpeace en todo el mundo colgaron pancartas frente a las embajadas japonesas de todo el mundo, para señalar que la sentencia suponía una mancha sobre democracia y los derechos civiles.
Activistas de Greenpeace México acudieron en la madrugada a la embajada japonesa, donde colocaron una manta con el mensaje “El activismo no es un crimen”.
En la ciudad de México, 25 activistas acudieron en la madrugada de este lunes a la embajada japonesa, donde colocaron una manta con el mensaje “El activismo no es un crimen”, en inglés, español y japonés.
La historia
Después de su arresto en junio de 2008, Sato y Suzuki fueron retenidos durante 26 días, decisión que fue criticada por el Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas ya que vulneraba sus derechos fundamentales y estaban políticamente motivados. A continuación se inició un proceso judicial que ha durado dos años, durante los cuales los oficiales y la tripulación de la compañía ballenera han caído en contradicciones durante las declaraciones cruzadas sobre las pruebas existentes sobre la malversación de fondos.
Al comentar el caso, el experto internacional en derecho, y testigo de la defensa en el caso, el Profesor Dirk Voorhoof, afirmó que “El caso de los dos activistas ya ha constituido una violación de sus derechos por la forma que han sido tratados al ser arrestados durante 26 días. Si bien la libertad condicional es preferible al encarcelamiento directo, sigue constituyendo un fracaso más en el respeto a los derechos de los dos activistas que nunca debieron ser arrestados y acusados. También supone un desaliento para que en el futuro organizaciones y periodistas investiguen las malas praxis de las autoridades”.
El caso de Sato y Suzuki, ha generado interés a nivel internacional, desde figuras políticas, incluyendo; al premio Nobel Desmond Tutu, a grupos de defensa de los derechos humanos y a expertos legales. Durante una visita a Japón del Comisario de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Navi Pillay, esta expresó su preocupación por el caso, particularmente por la vulneración de los derechos humanos, derechos de libertad de expresión y asociación. Enfatizó además la función tan importante que realizan las ONG en la sociedad y como su trabajo debe ser respetado.
Difusión: Soberanía Popular
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