ARTURO ALFARO GALÁN
En su paso por Puebla, miembros de las caravanas internacionales por la denuncia y la resistencia de los pueblos de México advirtieron el fracaso en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 16), que se realiza en la ciudad de Cancún, debido a la falta de acuerdos mundiales para mejorar el desarrollo ecológico y ambiental en el país.
Asimismo, acusaron que las autoridades federales y estatales, junto a representantes de compañías privadas, pretenden despojar de tierras y privatizar el medio ambiente en las comunidades rurales de México, a través del hostigamiento contra los pobladores afectados por los trazos de vías de comunicación y desarrollos inmobiliarios.
Ayer, tras cuatro horas de retraso, más de 200 personas, integrantes de diversas comunidades y agrupaciones civiles de 10 estados del país, arribaron a la Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla para realizar un foro de discusión sobre las problemáticas que enfrentan los pueblos marginados de México.
Luego del encuentro, las caravanas internacionales por la denuncia y la resistencia partieron hacia Veracruz, donde los contingentes de Chiapas, Guerrero y Oaxaca se unirán para arribar –con más de 2 mil personas– a la ciudad de Cancún, donde se realiza la COP16.
Durante el acto, Eduardo Morales Sierra, responsable del Proyecto Mesoamérica del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero, manifestó que uno de los objetivos para los gobiernos de los países al interior de la COP16 es el reconocimiento de los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas, así como a la soberanía alimentaria y el acceso al agua como bien social.
Además, condenó el favoritismo de los gobiernos federal y estatales a las corporaciones transnacionales, nacionales y empresas estatales de extracción, multiservicios y forestales, las cuales han afectado el entorno social y económico de las regiones más vulnerables de México.
En su turno, José Mateo López Aguilar, representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra, mencionó que más de 10 mil hectáreas de terrenos ejidales y bienes comunales en el estado de Puebla están inscritas en programas federales para la reserva ambiental sin contar con la autorización de los propietarios.
Con relación a la construcción de los arcos norte y surponiente, señaló que continúan los hostigamientos contra los pobladores afectados por los trazos carreteros, con la intención de presionar la venta de los terrenos que impiden continuar con la realización de dichas obras.
El dirigente social insistió en que los únicos favorecidos con las construcciones viales son las compañías Obrascón Huarte y Laín (OHL) y Melgarejo Construcciones y Concesiones, las cuales cobrarán peaje por el tránsito en las autopistas construidas.
Finalmente, el representante del frente de pueblos sostuvo que el pretexto de las autoridades para el despojo de tierras es la construcción de carreteras, así como la instalación de empresas para generar empleo, “pero en realidad lo único que buscan es beneficiar a un pequeño grupo de empresarios”.
Fuente: La Jornada de Oriente
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