Inicia Cué investigaciones contra gobierno de Ulises Ruiz
Pedro Matías
Oaxaca, Oax., 9 de marzo (apro).- El gobernador Gabino Cué creó, a través de un decreto, la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social para esclarecer los hechos de alto impacto cometidos durante la administración de su antecesor Ulises Ruiz Ortiz, particularmente los relacionados al conflicto sociopolítico de 2006.
De entrada, el fiscal Guadalupe Lucas Figueroa López Robledo comentó que hay 412 casos de averiguaciones previas relacionados con delitos de trascendencia social.
De acuerdo con el decreto de Poder Ejecutivo, la Fiscalía está investida con la potestad funcional de agente del Ministerio Público, la cual se encargará de conocer las investigaciones, integrar averiguaciones previas o legajos de investigación, según corresponda, ejercitar la acción penal correspondiente e intervenir durante la secuela del proceso.
Y es que “se deben clarificar estos hechos (del 2006 que dejó 26 muertos, alrededor de 500 detenidos, 380 casos de tortura, cuatro desapariciones forzadas) ya que nada hiere más a un país que el sentimiento colectivo de injusticia porque afecta lo más valioso con que cuenta una nación: la moral de su pueblo”.
Sin invitar a los medios de comunicación ni explicar en qué se basó para nombrar a los integrantes de la “Comisión Ciudadana” que dará seguimiento a estos casos, Cué Monteagudo resaltó que “los casos que atenderá la Fiscalía son respecto a hechos que han trastocado el tejido social, que han dejado abierta una herida”.
“Esta herida la tenemos que sanar como parte de este proceso, pues ha habido mucha información con relación a reportes, recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, etcétera. Es información de vital importancia para contextualizar lo que vamos a atender en esta Fiscalía y el trabajo de esta Comisión Ciudadana”, puntualizó en un comunicado.
Sólo atestiguaron el acto el procurador de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, la comisionada para los Derechos Humanos, Eréndira Cruzvillegas y el coordinador de Asesores, Víctor Raúl Martínez Vásquez.
Así como los integrantes de la Comisión, Margarita Dalton Palomo, directora la Unidad Pacífico Sur del Ciesas; el director de las Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez, Óscar Jarquín Rodríguez; el notario público Alfredo Castillo Colmenares, el empresario Emilio Velásquez y la doctora María Luisa Acevedo Conde.
En el comunicado, menciona que “hay un amplio consenso social para buscar la verdad histórica que permita deslindar las responsabilidades y sancionar conforme a derecho a los responsables y esto permitirá sanar las heridas, dar paso a una reconciliación que abone a la justicia y fortalezcas las instituciones de seguridad pública y de procuración y administración de justicia”.
Sin mencionar en ningún momento a su antecesor, Ulises Ruiz Ortiz, insistió en que se van a concretar en los delitos de homicidio, desapariciones y eventuales torturas que se han venido denunciando en los últimos años.
“No venimos con el ánimo de revancha pero formamos parte de un gobierno democrático y en la democracia el valor de la verdad es muy importante y sobre todo la justicia”, manifestó.
En tanto, el procurador Manuel de Jesús López López explicó que la fiscalía buscará conocer la verdad histórica, sobre hechos de violencia cometidos en 2006 y los que se han cometido contra ciudadanas y ciudadanos en el ámbito social para dar con los responsables.
De acuerdo con el decreto, la Fiscalía contará con el auxilio de un equipo multidisciplinario de profesionales especializados en las materias médico-legal, psicología, trabajo social, justicia restaurativa, quienes proporcionarán atención especializada a las víctimas del delito, garantizará así el derecho constitucional previsto por el apartado C del Artículo 20 de la Constitución Federal.
Además, el gobierno dotará a la Procuraduría General de Justicia del Estado de los fondos suficientes que permitan garantizar una indemnización satisfactoria a las víctimas del delito por el daño, cuando se acredite la existencia de éste y que resultó como consecuencia de los hechos.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
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