ALEIDA HERNÁNDEZ CERVANTES
Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos no sólo dejaron un saldo irreparable de casi tres mil muertos, sino que también trajeron como consecuencia la implementación de una política violatoria de los derechos humanos en ese país, afectando tanto a sus connacionales como a extranjeros.
De ostentarse en el discurso como la democracia occidental que más respetaba los derechos individuales, después del 11-S, Estados Unidos inició una ruta de regresión en materia de respeto a derechos humanos; la misma que aún no ha logrado revertir.
A escasos días de lo ocurrido, EU aprobó la Ley Antiterrorista, conocida como la Ley Patriótica, estableciendo en ella la permisión de detener a extranjeros por tiempo indefinido y la restricción de los derechos a un juicio justo en determinados casos de inmigración. Este tipo de normatividad restrictiva de derechos socavó profundamente los principios de libertad, seguridad jurídica, debido proceso y en general el respeto a las garantías individuales en los que decía sostenerse la democracia estadunidense.
Un destacado jurista norteamericano y defensor de los derechos civiles, Michael Ratner, ha denunciado las prácticas ilegales emprendidas por EU en nombre de la lucha antiterrorista; prácticas como detenciones ilegales, secuestros de cualquier persona, confinamientos, incomunicaciones y torturas, todo ello ha sucedido no sólo en cárceles de la ignominia como Guantánamo, sino en centros de detención secretos ubicados en países como Rumania, Letonia y Afganistán, por mencionar algunos de los que se tiene registro. George W. Bush es el presidente estadunidense que inaugura una tradición peligrosa del mayor desprecio a los derechos humanos en su país y en el mundo, utilizando el discurso antiterrorista como pretexto para las violaciones; a la fecha, sigue sin mostrar ningún tipo de pudor ante el mundo, al asegurar que no se arrepiente de haber aprobado el uso de la tortura para los prisioneros calificados de “terroristas”.
Otro de los saldos negativos en materia de derechos humanos en EU a partir del 11-S es el asedio constante a los inmigrantes. A pesar de ser una nación conformada por migrantes de todas partes del mundo, Estados Unidos ha convertido la inmigración ilegal en un asunto de seguridad nacional y la ha criminalizado: un inmigrante ilegal es considerado en ese país casi un delincuente, un criminal, un posible terrorista que no puede tener acceso a la justicia, mucho menos a derechos que le asistan. Los últimos años se han aprobado leyes que tienden a relacionar fácilmente a los inmigrantes con los sospechosos de terrorismo; los datos reflejan este endurecimiento hacia la inmigración, pues de haber 70 mil detenidos por violar leyes de inmigración en 1996, en poco tiempo ya se tenían más de 180 mil.
Se haya tratado de un ataque del exterior o no (tomando en consideración varias hipótesis que plantean que el ataque pudo provenir del mismo gobierno estadunidense para justificar su intervención bélica en varios países de medio oriente), lo cierto es que desde el 11-S, Estados Unidos ha utilizado este suceso y el discurso antiterrorista para endurecer sus leyes en materia de seguridad nacional, para aumentar drásticamente cada año su presupuesto público a las distintas guerras que patrocina, para no respetar a cabalidad los derechos humanos tanto de sus connacionales como de los extranjeros; para justificar su trato discriminatorio a los inmigrantes ilegales, para exigirles a otras naciones el sometimiento a sus criterios de seguridad; y, sobre todo algo muy grave y de difícil recuperación: la pérdida de credibilidad de la Organización de las Naciones Unidas y de la naturaleza originaria de respeto entre las naciones y de los derechos humanos, al pasar por encima de sus decisiones, en el mejor de los casos, y, en el peor, al manipular y caricaturizar su actuación (las intervenciones bélicas en Afganistán e Irak terminaron por desdibujar a la ONU como verdadero mecanismo de equilibrio y paz entre las naciones).
Si en algún momento se pretende hacer un balance objetivo a diez años de lo ocurrido el 11-S, se debería incluir la serie de atropellos, violaciones graves a derechos, simulaciones de juicio, intervenciones bélicas en varios países del orbe, asesinatos de los considerados “enemigos” de EU sobre los que no muestran con contundencia las pruebas de los hechos y su culpabilidad, por mencionar algunos acontecimientos deleznables que merecen amplias explicaciones. De lo contrario, estaremos más inclinados a pensar que todo esto ha sido parte de una estrategia del país más poderoso para hacer y deshacer en todo el mundo con la anuencia y complicidad de las demás naciones encumbradas.
Fuente: La Jornada de Jalisco
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