La Semana Nacional de Radio y Televisión fue el escenario perfecto para recrudecer las presiones sobre los consejeros del IFE con el propósito de doblegarlos y obligarlos a renunciar a su intención de reformar el Reglamento de Radio y Televisión.
Los concesionarios alegan que la reducción de los tiempos en los que tienen que atender los cambios de los promocionales, de cinco a tres días en el caso de la entrega electrónica de los materiales, o dos si la entrega es física en sus oficinas, generará incertidumbre en el proceso electoral, dado que no todos podrán cumplir con dicha obligación. El hecho de que los permisionarios, que en general tienen equipo menos moderno que los concesionarios, aceptaran la medida sin comentarios negativos, deja en claro que el alegato es un nuevo pretexto de los concesionarios para obstaculizar la aplicación de las nuevas normas en la materia.
El actual presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), Tristán Canales, aprovechó el discurso de inauguración para lanzar una evidente advertencia al IFE, aunque en ese punto no hizo referencia explícita al mismo, al señalar: “por eso nos oponemos firmemente a las arbitrariedades…”, para más adelante afirmar: “también sostendremos una interlocución franca con los consejeros del Instituto Federal Electoral, con el objetivo de que conozcan a fondo las muy diversas y variadas formas en las que operan la radio y la televisión para transmitir los spots que señala la ley…”.
Inmediatamente lo secundó el secretario de Gobernación, José Francisco Blake: “A mí me da mucho gusto que podamos, a través de la convencionalidad del diálogo, de la comunicación sincera y franca, arreglar y resolver, y definir juntos estas reglas…”.
Al día siguiente, el miércoles 19, fue el presidente Felipe Calderón quien se sumó al llamado “al diálogo y la sensatez”. En su discurso durante la tradicional comida anual, afirmó: “Y sí, hay reglas importantes que ha dado el Congreso de la Unión para el curso de estas campañas. Ha habido, también, puntos de coincidencia y de controversia que afortunadamente, tengo entendido, han sido conducidas por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión con sensatez, en diálogo con las autoridades electorales competentes. Y hago votos por que también tales diferencias puedan llegar pronto a conciliaciones democráticas, justas y a favor de todos”.
Finalmente, fue el aspirante priista a la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto quien rompió lo críptico y ambiguo del lenguaje y se lanzó decididamente en contra de la reforma: “¿Qué ha habido con esto? La limitación a la libertad de expresión, mayor cerrazón sobre las campañas, y a ustedes como empresarios de la industria de la radio y la televisión al final de cuentas se les impuso una camisa de fuerza que les ha restringido, y se ha convertido la autoridad electoral en una autoridad también reguladora de su industria, sin señalar que prácticamente se les impuso una doble tributación: la que realizan pagando impuestos y la que hacen en especie al conceder tiempos para las campañas políticas”.
Antes de los pronunciamientos de Calderón y Peña Nieto, el miércoles al mediodía, los concesionarios dialogaron con los consejeros Benito Nacif, Macarita Elizondo y Francisco Guerrero, y según Nacif, presidente del Comité de Radio y Televisión del IFE y quien votó a favor de la modificación al reglamento: “El reglamento debe definirse de tal manera que garantice su cumplimiento y que se reconozcan todas las particularidades”. Por su parte, Guerrero, quien se opuso al mismo, declaró: “…Hicimos un compromiso por tratar de construir un reglamento que sea positivo, donde todas las partes podamos ganar y se garantice la transmisión de 40 millones de spots que habrán de transmitirse en el proceso electoral”. De ninguna de estas dos declaraciones puede desprenderse que se mantengan los términos de la reforma.
Así que, tras la lectura de todos los posicionamientos y declaraciones, lo que queda claro es: la oposición de los concesionarios a la reducción de los tiempos; la invitación al IFE a que acceda a las solicitudes de los concesionarios, y la desinformación de Peña Nieto, quien ni siquiera se dio cuenta de que con la reforma del 2007 no se agregó un minuto extra de tiempo de Estado u oficial al que estaban obligados los concesionarios desde el 10 de octubre del 2002.
Hasta la campaña electoral del 2006, las televisoras modificaban los contenidos (no la programación, es decir, los tiempos ya están separados –lo estaban en aquel entonces y ahora también) de los promocionales a los pocos minutos de haberlos recibido. El caso más palpable fue el anuncio con la silla de Andrés Manuel López Obrador vacía, tras el primer debate, que se transmitió apenas concluyó el mismo.
A partir de la reforma del 2007, en función del reglamento del IFE, desde que los partidos entregan al instituto los materiales hasta que aparecen en radio o televisión, pasan 10 días hábiles, que invariablemente se traducen en 12 días calendario y, eventualmente, hasta en 15. Porque el reglamento indica que el IFE se puede tomar hasta cinco días para entregarlos a los concesionarios y permisionarios, y éstos tienen hasta otros cinco para iniciar sus transmisiones.
La reforma aborda únicamente el tiempo de los concesionarios y permisionarios, sin especificar nada del tiempo de la autoridad; lo ideal es que el de la autoridad también se reduzca a uno o dos días, y, en ese caso, son días calendario, pues durante procesos electorales todos los días y horas son hábiles, con lo cual el número de días hábiles se puede reducir hasta en seis días en total. Incluso se puede más, como lo demuestra la práctica histórica, pero esto sería un avance en la dirección correcta.
El tiempo tan largo entre la entrega de los materiales y su difusión rigidiza y acartona las campañas y resta capacidad de reacción a los contendientes, algo que siempre opera a favor de quien está en la punta. Por ello no sorprende la identificación en las posiciones de los concesionarios y el PRI y el PVEM, que en su momento impugnaron la reforma al reglamento ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; como tampoco sorprenden los consejeros electorales propuestos por el PRI (Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero), que votaron en contra del reglamento, ni ahora ahora el pronunciamiento de Peña Nieto.
Los nuevos actores son el presidente Felipe Calderón y su secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, quienes evidentemente se alinearon con los concesionarios, a pesar de no tener ninguna atribución en la materia ni por qué pronunciarse al respecto. Desaprovecharon una oportunidad de quedarse callados.
El IFE tiene una gran oportunidad para empezar a recuperar la confianza ciudadana, o bien, continuar su caída.
Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV
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