Militarización

RAÚL SENDIC GARCÍA ESTRADA

En Guerrero, al igual que en el país, se vive un proceso de militarización, donde los miembros de las fuerzas armadas cada día están haciéndose presentes en diferentes regiones, ámbitos sociales y espacios públicos. En algunas situaciones a este proceso se le relaciona con las violaciones a los derechos humanos.

La militarización es constituida como un conjunto de intereses y acciones militares que se imponen sobre el tejido social.

Las fuerzas armadas se transforman en un nuevo actor social con el respaldo de sectores de la sociedad que ven en su presencia y actuación una garantía de orden sin reparar en las considerables violaciones a los derechos humanos en las zonas controladas por el Ejército, que llega en ocasiones a fungir como poder paralelo a la autoridad civil.

El gobierno federal va cambiando y adaptando las leyes para validar legalmente la participación militar, con acciones de vigilancia, control e investigación.

La militarización es la utilización de las fuerzas armadas en tareas no tradicionales, como combatir las amenazas internas de carácter no militar o para cumplir acciones que les competen exclusivamente a la policía.

Existe una tendencia en asumir un control siempre creciente sobre la vida y comportamiento de los ciudadanos, llegando a constituirse como fuerzas e instrumento de dominación o de poder político.

La militarización en Guerrero, tiene su origen en el combate a las guerrillas de los años 70, las segundas campañas militares iniciaron en 1994, posterior al levantamiento del EZLN en Chiapas.

En los años 90 del siglo pasado se desarrollo una de las grandes fases de la militarización del estado, como medio de coerción ante el descontento social que generó las masacre de El Charco y la formación del EPR y el ERPI.

La operación conjunta Guerrero Seguro, muestra una estrategia de guerra de la seguridad, un uso desproporcionado de la fuerza que podría transformarse en un mini Estado policiaco–militar, donde soldados y policías ocultan su rostro y apuntan sus armas indiscriminadamente en un estado de sitio de facto.

La militarización es herramienta básica de los gobiernos ilegítimos, que destinan grandes sumas de dinero en una guerra que terminará de desgarrar el tejido social.

La violencia se multiplica, y el gobierno federal trata de justificar su estrategia, que se circunscribe en las directrices del Plan Mérida, acuerdo binacional con Estados Unidos de Norteamérica en materia de seguridad y militarización.

La militarización está generando un descontento social, que cuestiona la estrategia de gobernar por la fuerza administrando la muerte.

Pretenden reformar las leyes del país para autorizar la escucha de llamadas telefónicas de “atenciones urgentes” (sin orden judicial), allanamientos arbitrarios, retenes anticonstitucionales, operaciones encubiertas, testigos protegidos, cazarrecompensas, delatores, etcétera.

La ciudadanía está en riesgo ante una policía arbitraria, corrupta e impune, que viola los derechos humanos, criminalizando a la ciudadanía que sufre la muerte, la tortura, el despojo.

El operativo Guerrero no entrega resultado, repite una estrategia ineficaz para combatir la violencia y la criminalidad, pero en cambio sí incrementa la violación a los derechos humanos.

Se han utilizado los recursos del pueblo en seguridad, sin obtener los resultados necesarios, la violencia estructural raya en una política de exterminio de la delincuencia, con acciones y discursos de corte fascista.

Existe una campaña mediática de guerra la cual es encabezada por el Ejecutivo federal, que apuesta a la militarización y los operativospoliciacos, que una vez más se han vuelto contra el pueblo al criminalizar el movimiento magisterial y la lucha social.

La militarización trae consigo la paramilitarización en una lógica de terror y exterminio, que retoma rasgos de la contrainsurgencia y la guerra sucia de los años 70 actualizados estos en las nuevas doctrinas de seguridad nacional.

La justificación que se ofrece por la violencia de Estado, es particularmente primitiva, espots televisivos, en radio e inserciones pagadas donde se ha tratado de justificar los daños colaterales de una guerra sin fin en la cual se cuentan hasta hoy 50 mil muertos y aproximadamente 10 mil desaparecidos, saldos de medidas excepcionales que apelan a la fuerza militar y policiaca, para restablecer el orden perdido, con los riesgos que implica el instaurar estados de excepción que ponen a la ciudadanía en un permanente fuego cruzado, con costos sociales y humanos incalculables.

Fuente: La Jornada de Guerrero