Alerta de violencia feminicida contra impunidad

Paloma Estrada Muñoz y Juliana G. Quintanilla

Según el informe “Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009”, en esos 24 años fueron asesinadas 34.176 mujeres. Entre el 2010 y el 2011 desaparecieron 3.000 mujeres. Y 529 homicidios de enero de 2011 a junio del 2012. La alerta de violencia de género es un mecanismo visible que establece la ley, pero fija también obligaciones de política pública y de revisar los mecanismos institucionales que son el corazón de esta norma. En Morelos más de tres mil firmas avalan la petición y se han emitido dos puntos de acuerdo en el Congreso de la Unión y en el Congreso del Estado. En el país crece esta violencia. Cuando se solicitó la Alerta en el Estado de México, entre 2005 y 2011 sumaban 922 los asesinatos contra mujeres en esa parte del país y en más de 55 por ciento de los casos se desconocían la relación de la víctima con el victimario. Entre 2011 y 2012 fueron asesinadas en la entidad 563 mujeres. De ellas, 115 se catalogaron como feminicidios y dentro de esta categoría, 60 por ciento fueron encontradas en la vía pública: baldíos, zanjas y montes.

Son historias de mujeres que mueren violentamente por el hecho de ser mujeres. Sobrevivir a un ataque de esta naturaleza es poco probable. Sin embargo, hay quien vive para contarlo y denunciarlo: Recibió 7 heridas de navaja por parte del padre de sus hijos y sobrevivió. Luego de ocho meses de permanecer preso el agresor feminicida quedó en libertad, fue acusado de homicidio en grado de tentativa, sin tipificarlo como violencia feminicida tal como lo establece el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El caso de Izayani es una muestra de la impunidad que prevalece en la violencia feminicida en Morelos. Es la historia de una mujer que se atrevió a denunciar públicamente la agresión ante la falta de justicia, luego de encontrarse al borde de la muerte. Los hechos fueron conocidos de manera pública en un reportaje de noticiero local y presentados ante la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, luego de que los juzgados de juicios orales decidiera poner en libertad al agresor, lo que coloca en situación de vulnerabilidad y alto riesgo para la mujer que se atrevió a denunciar penalmente a su atacante, por lo que brindarle apoyo y solidaridad es una tarea impostergable para evitar que se presente una nueva situación de violencia en su contra. Durante el juicio oral le concedieron la libertad absoluta sin restricción alguna al declararlo inocente de todos los cargos, diciendo que las pruebas eran insuficientes para mostrar que él había sido el que ocasionó las heridas. Fue liberado el 21 de junio de 2013. “Tengo miedo de que me vuelva a intentar matar o a quitarme a mis hijos con la ayuda de su mañoso abogado que dice tener muchas influencias con los jueces. Más miedo me dio cuando me enteré que cerca de mi domicilio ocurrió otro caso similar y también lo liberaron en el juicio oral hace un par de semanas.” Su denuncia pública concluye diciendo: “Ayúdenme por favor, no quiero morirme, mis hijos me necesitan, todavía siento que hay personas que en sus manos está mi bienestar y la de mis hijos, tengo esperanza que a pesar de la corrupción y la injusticia que vivimos también hay quienes me ayudarán. Hoy vivo para contarlo, hay muchas mujeres que ya no. Basta ya de impunidad, corrupción e injusticia”.

Una conclusión se desprende de este caso: las autoridades no aplican la ley ni los procedimientos para proteger la vida y la libertad de las mujeres. Contrariamente, para aplicar la Alerta de Violencia de Género, exigen a las organizaciones que nos apeguemos estrictamente a los procedimientos burocráticos que señala la ley con un contenido excesivo de reglamentación, que mientras se demuestra todo lo ahí solicitado siguen desapareciendo y muriendo mujeres asesinadas. A eso se le llama violencia institucional. Esto fue lo que analizamos ampliamente con diputadas federales de la Comisión sobre Feminicidio, del Congreso de la Unión, donde se está revisando el procedimiento legal para la emisión de esta alerta, ya que según cifras dadas a conocer por Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la discriminación contra las Mujeres (CEDAW) en México seis mujeres mueren al día por crímenes de violencia extrema. En los últimos seis años han muerto en el país más de mil 500 mujeres, 60 por ciento de ellas fueron encontradas en vía pública y 40 por ciento murieron en sus hogares a manos de sus parejas, esposos o concubinos. A la fecha se han rechazado también las alertas en los estados de Chihuahua, Oaxaca, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México. Ante este panorama no vamos a abandonar la exigencia de que en Morelos se emita esta alerta de violencia de género, se trata de la vida y la libertad de las mujeres, de eso se trata.