Los superconsejeros de Pemex

JOHN M. ACKERMAN

Uno de los elementos más controvertidos de la reforma petrolera del año pasado fue la incorporación de la figura de los "consejeros profesionales" dentro del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex). Hoy, además de los representantes del Ejecutivo y del sindicato petrolero, contará con cuatro consejeros "independientes" que recibirán un jugoso salario -equivalente al de un subsecretario de Estado- y tendrán a su cargo algunas de las tareas más importantes de la paraestatal. 

De acuerdo con el artículo cuarto transitorio de la nueva Ley de Petróleos Mexicanos, Felipe Calderón tenía la obligación legal de designar a estos funcionarios antes del pasado 29 de diciembre. Al incumplir este plazo, el Ejecutivo federal se encuentra en franca violación de la ley. Una vez que el presidente realice los nombramientos, el Senado, o en su caso la Comisión Permanente, contará con 30 días para decidir si ratifica, por mayoría absoluta, dichas designaciones. 

Los nuevos consejeros presidirán todos los comités claves del Consejo, incluyendo los de Auditoría y Evaluación del Desempeño; Estrategia e Inversiones; Remuneraciones; Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios; Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Transparencia y Rendición de Cuentas. Así mismo, ostentarán un lugar privilegiado en el pleno, ya que será suficiente que se unan tres de ellos para atrasar cualquier resolución hasta por un mes mediante la emisión de un "voto razonado". Ni siquiera una alianza entre los otros 11 integrantes de esta instancia podría obligar a tomar una decisión sobre algún asunto de importancia al Consejo si no se cuenta también con el apoyo de por lo menos dos de los superconsejeros. 

El nuevo Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño estará exclusivamente bajo el control de los "consejeros profesionales". Ningún otro consejero podrá siquiera asistir a las reuniones de este poderoso comité, que tiene la responsabilidad de "verificar el cumplimiento de las metas, objetivos, planes y programas del organismo (Pemex), incluyendo los plazos, términos y condiciones de los compromisos que se asuman, así como los indicadores de desempeño". Ni más ni menos. La ley incluso lo coloca por encima de la Secretaría de la Función Pública y su correspondiente Órgano Interno de Control en Pemex, ya que es el único autorizado para realizar auditorías al desempeño. La norma también señala explícitamente que estas últimas dos instancias federales "no podrán ejercer, en ningún caso, las facultades previstas" para el Comité.

Lamentablemente, la nueva Ley de Petróleos Mexicanos no establece suficientes candados para asegurar que los nuevos superconsejeros de Pemex sean personas verdaderamente "profesionales" y comprometidas con el desarrollo nacional. Los únicos requisitos son que sean ciudadanos mexicanos, cuenten con título profesional, tengan experiencia "en actividades que proporcionen la experiencia necesaria para desarrollar las funciones del Consejo de Administración" y no hayan sido dirigentes de un partido político u ocupado algún cargo de elección popular en los últimos tres años. Ello contrasta a todas luces con los más exigentes requisitos para ser consejero del IFE, ministro de la Suprema Corte de Justicia o auditor superior de la Federación, por ejemplo.

Tal minimalismo en los requisitos para los consejeros de Pemex abre de par en par la puerta para el nombramiento de cuadros sin ninguna independencia del gobierno federal o de los intereses privatizadores. Si Calderón quisiera, podría designar a cualquier integrante de su propio gabinete, a un empleado de Haliburton, al propio señor Carlos Mouriño Atanes o, por qué no, al mismo Carlos Slim. Hasta podría llegar a nombrar a un personaje como Diego Fernández de Cevallos o Vicente Fox, puesto que en este 2009 se cumplirán tres años de que ambos abandonaron sus últimos cargos de elección popular.

Claro está, los nombramientos tendrán que ser "ratificados" por la mayoría de los legisladores, pero lamentablemente en nuestro país del "toma y daca" la cooptación de unos cuantos senadores del PRI o del PRD no se presenta como una empresa particularmente difícil. La ley no establece ningún proceso de convocatoria, auscultación pública, conformación de ternas o siquiera de dictaminación de los candidatos. Además, si los legisladores se atreven a cometer la hibris de echar abajo alguna de las propuestas del presidente, la norma marca que Calderón simplemente tendría que proponer otro nombre, seguramente con una trayectoria igual de oscura que el candidato original.

El colofón es que, una vez instalados en sus cargos, los consejeros profesionales no tendrán la obligación de dedicarse de tiempo completo a sus labores en Pemex. Si bien los nuevos "Lineamientos para determinar la compatibilidad de empleos, cargos o comisiones con las funciones de los Consejeros Profesionales de Petróleos Mexicanos y de sus Organismos Subsidiarios", publicados en el Diario Oficial el pasado 24 de diciembre, prohíben la participación directa de los consejeros en empresas que reciben más de 10% de sus ingresos de contratos con Pemex, se deja la cancha totalmente abierta para que abusen de sus cargos y puedan lucrar en otras ramas de la economía, incluyendo el sector energético. Los conflictos de interés sin duda seguirán a la orden del día. 

La verdadera naturaleza de la reforma petrolera se revelará a partir de su implementación en la práctica. El perfil de los cuatro nuevos consejeros "profesionales" desnudará las intenciones reales del Ejecutivo federal con respecto a la posible privatización de este valioso patrimonio de la nación. l