El cautiverio de los hermanos Cerezo

JOSé GIL OLMOS

 México, D.F.  Libres ya después de siete años y medio de prisión acusados por delitos que nunca se les comprobaron –delincuencia organizada, terrorismo, almacenamiento de explosivos y empleo de armas para uso exclusivo del Ejército, entre otros– los hermanos Héctor y Antonio Cerezo Contreras sostienen que bajo el gobierno de Felipe Calderón el país está en riesgo de caer en el autoritarismo militar y policiaco. En entrevista con Proceso, quienes fueron responsabilizados de haber detonado explosivos en tres sucursales bancarias de la Ciudad de México en agosto de 2001 denuncian el uso político de la justicia por parte de los regímenes panistas. El Estado, afirman, tuerce las leyes para imponer “castigos ejemplares” a los disidentes.

Permanecieron en la cárcel durante siete años y medio por una supuesta vinculación con la guerrilla que nunca se les comprobó. Hoy que están libres, los hermanos Héctor y Antonio Cerezo Contreras advierten que se avecinan tiempos oscuros, de persecución policiaca para los movimientos sociales, de represión militar, incluso de desapariciones encubiertas en la lucha emprendida por la administración federal contra el narcotráfico.

Durante su cautiverio ambos hermanos fueron tratados como terroristas por los gobiernos del PAN, que les impusieron castigos igual que a los capos del crimen organizado en penales de alta seguridad.

Entrevistado en la cafetería del Comité Cerezo, fundado por sus hermanos Emiliana y Francisco para defenderlos y cuya sede se encuentra en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Antonio sostiene: En el gobierno de Vicente Fox se reprimió a la disidencia social, pero en el de Felipe Calderón existe el riesgo del autoritarismo militar y policiaco. 

Y cita los casos de Raúl Lucas y Manuel Ponce, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, respectivamente, quienes fueron asesinados. El pasado 13 de febrero, los dos dirigentes sociales fueron detenidos por hombres armados que se identificaron como policías cuando participaban en un acto público en una escuela secundaria de Ayutla de los Libres, Guerrero. Una semana después, el 20 de febrero, sus cuerpos fueron encontrados con huellas de tortura.

“Lo que vemos con preocupación es que ante la crisis, la inseguridad y la pobreza, ante el aumento previsible de la movilización y la disidencia social, se esté aplicando la mano dura, la militarización y la persecución policiaca. De esa política nosotros somos víctimas, y ahora que salimos del penal del Altiplano vemos que se ha convertido en una política de Estado. Hoy pensar en un riesgo y ser crítico es un delito”, dice Antonio.

Héctor lo secunda: lo que ahora se percibe no es sólo el proceso de militarización, sino una tendencia a un autoritarismo férreo.

“Pareciera que la sociedad se está convirtiendo en una gran cárcel, vigilada, amenazada, hostigada, sin posibilidades de defenderse. Cuando lo hace, es atacada doblemente”, señala. 

Y cita los casos de San Salvador Atenco, en el Estado de México, y Xoxocotla, en Morelos. En ambos se utilizaron fuerzas militares y policiacas, hubo cateos, detenciones arbitrarias, violaciones; en suma, dice, se golpeó a la población civil.

Y como en la película El Bulto, de Gabriel Retes, cuyo personaje queda inconsciente después de la matanza de Tlatelolco en 1968 y despierta varias décadas después sin entender la realidad del país, Héctor Cerezo suelta: “Vemos un país mucho más violento de lo que era y por ello más preocupante. Desgraciadamente, en lugar de que se haya ganado la seguridad, la democracia y la justicia, ocurrió todo lo contrario. Estamos tratando de entender lo que le ha pasado al país en los últimos siete años y medio”.

Golpes y más golpes

El 13 de agosto de 2001, como parte de un operativo militar y policiaco, los hermanos Alejandro, Antonio y Héctor Cerezo Contreras fueron detenidos en su domicilio. Se les acusó de haber detonado explosivos en tres sucursales bancarias cinco días antes. Tenían entonces 19, 25 y 26 años de edad, respectivamente.

Sin orden de aprehensión y con una orden de cateo equivocada, las autoridades los retuvieron 12 horas en su propia casa. Los golpearon y les colocaron bolsas de plástico en la cara, les dijeron que iban a castrarlos, a violarlos, incluso amenazaron con matarlos.

Mientras les pegaban en la cabeza y en los testículos, les ordenaban  poner su firma en una declaración para que admitieran que ellos habían sido autores de los atentados y que pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), un grupo escindido del Ejército Popular Revolucionario (EPR), organización que se adjudicó los bombazos.

Los tres se negaron a firmar dicho documento. Fueron internados en el penal de alta seguridad La Palma (Altiplano) en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, donde se les acusó de los delitos de delincuencia organizada, terrorismo, daños en propiedad ajena, almacenamiento de explosivos, uso de armas para uso exclusivo del Ejército y posesión de cartuchos.

Alejandro, el más joven, estudiante de economía en la UNAM y al mismo tiempo de sociología en la UAM Xochimilco, fue puesto en libertad el 1 de marzo de 2005 tras una apelación; Antonio y Héctor quedaron recluidos aun cuando un juez federal les retiró los delitos de terrorismo, almacenamiento y transformación de artículos explosivos y delincuencia organizada.

“Querían mandar un mensaje de escarmiento a todo un sector estudiantil que es crítico al sistema y está interesado en trabajos comunitarios y en participar en movimientos sociales”, asegura Héctor.

Y se explaya: “El Estado nos tomó como chivos expiatorios para aparentar una supuesta eficacia ante unos hechos delictivos, pero también para mandar un mensaje: No nos importa si son buenos o malos estudiantes, si siguen por ese camino los podemos aprehender, les podemos inventar delitos y meterlos a la cárcel de máxima seguridad donde están los verdaderos delincuentes, y los vamos a tratar peor que a ellos. Ese fue el mensaje”.

Héctor y Antonio fueron llevados al penal La Palma (que después fue renombrado como del Altiplano). Al principio, permanecieron dos semanas en el área de conductas especiales completamente aislados; luego estuvieron un mes sin poder comunicarse con sus familiares, y después regresaron a sus celdas, en las que vivieron las mismas vejaciones que los demás reos: sometidos a vigilancia permanente –durante las 24 horas del día– bajo la luz siempre encendida, así como a revisiones periódicas en las que se tenían que presentar desnudos. Sólo tenían algunos tiempos cortos para hacer ejercicio en el patio, siempre descalzos.

Meses después, gracias a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que comenzó a indagar sobre su caso, obtuvieron permiso para leer algunos libros, así como periódicos y revistas. Incluso los custodios los dejaron trabajar con los demás internos en la elaboración de las redes metálicas que utilizan los comerciantes en los tianguis y mercados informales, y les daban una hora de patio para hacer ejercicio. Así estuvieron durante sus primeros tres años de prisión.

Las cosas cambiaron a finales de 2004, cuando los acusaron de asesorar a los jefes del narcotráfico desde sus celdas aisladas del penal. En enero de 2005, Héctor fue trasladado al penal federal de Puente Grande, Jalisco, mientras que Antonio fue llevado al de Matamoros, Tamaulipas. Para entonces la Policía Federal Preventiva y el Ejército comenzaron a administrar las cárceles de máxima seguridad.

Los hermanos Cerezo Contreras resintieron de inmediato la mano dura: nuevas revisiones completamente desnudos hasta ocho o nueve veces al día, maltratos de los custodios, cancelación de libros y revistas, negativas a que trabajaran, así como reducción del tiempo de esparcimiento.

“Nos mantenían incomunicados en un módulo separado. A mí me mantuvieron aislado tres meses. Estaba en la zona de castigo y me pasaban lista cinco veces al día, cuando lo normal eran tres. Me ordenaban pararme ante las rejas, con las manos atrás, hasta que escuchaba mis apellidos; entonces tenía que contestar con mi nombre”, recuerda Antonio.

En febrero de 2006, gracias a una apelación del Comité Cerezo, Héctor y Antonio regresaron al penal del Altiplano. El recibimiento y el trato fueron aún más duros. Recuerdan que meses después se enteraron de que los custodios los consideraban como posibles suicidas, por lo que cada 15 minutos, día y noche, los sometían a interrogatorios, lo que les impedía  dormir. 

Para finales de ese año, los integrantes del Comité Cerezo, incluidos Héctor y Antonio, comenzaron a recibir amenazas de muerte. Dice Antonio: 

“Nosotros pensamos que como ocurrió con nuestra defensora Digna Ochoa, intentaban disfrazar el asesinato como suicidio. En diciembre de 2006, llegaron al extremo de no dejar salir a Héctor de su celda, le quitaron el rastrillo; no podía ni salir al patio. A los dos nos pusieron un custodio permanente, un acompañamiento especial, que no nos dejaba ni a la hora de la visita familiar.”

Para entonces les habían ratificado la sentencia de siete años por un delito jurídicamente inexistente: “potencialmente terroristas”. En diciembre de 2007, los dos hermanos fueron trasladados a la cárcel de Atlacholoaya, Morelos, donde cumplieron el resto de su sentencia. Quedaron libres el 15 de febrero último.

Descontento social creciente 

Mientras Héctor y Antonio Cerezo Contreras cumplían su sentencia, corrió la versión de que en realidad las autoridades buscaban a Emilia Contreras Rodríguez, también conocida como Florencia Canseco, y a Francisco Cerezo Quiroz o Tiburcio Cruz Sánchez, padres de los dos jóvenes, a quienes el gobierno federal consideraba como los dirigentes y fundadores del EPR.

Sin embargo, durante el proceso jurídico contra Héctor y Antonio nunca se mencionó a sus padres.

“Lo que pasa es que cuando nos detuvieron perdimos contacto con lo que pasaba afuera. No nos enteramos de nada hasta un mes y medio después. En el proceso jurídico jamás se menciona a mis padres. Lo que nos comentaban nuestros propios hermanos es que corría el rumor en ciertos medios de que se buscaba a nuestros padres, pero nadie se hacía responsable de esa información, eran filtraciones del Estado contra  nosotros”, señala Antonio.

Durante la entrevista a Héctor y Antonio estuvieron presentes sus hermanos Alejandro y Francisco. Sólo faltó Emiliana, quien fue clave en  la organización del Comité Cerezo, que hoy se dedica a defender a otras personas que se hallan presas por causas políticas.

“Lamentablemente fuimos los primeros presos de conciencia del gobierno de Fox, y lamentablemente tampoco fuimos los últimos. Hubo otros casos, como el asesinato de Digna Ochoa, nuestra abogada defensora junto con Pilar Noriega, y luego la represión en Atenco”, precisa Héctor, quien está por terminar la carrera de filosofía en la UNAM.

“¿Ustedes son víctimas del Estado mexicano?”, pregunta el reportero.

Contesta Héctor: “Sí, porque nosotros, antes de caer presos, teníamos un perfil diferente, crítico. Desde los 15 años yo hacía trabajos de comunidad con los huicholes en Nayarit, también daba cursos de alfabetización, de derechos humanos. Trabajé dos años de manera voluntaria en la asociación civil Busca, que estaba constituida legalmente. Participé en revistas culturales en el CCH Sur y aquí en la Facultad de Filosofía fundé una revista con mi hermano Alejandro. Entonces teníamos un perfil de jóvenes críticos.

“Hay varios elementos que nosotros creemos que el Estado aprovechó para golpear a nuestra familia, a nosotros mismos y al sector universitario. Es una política de Estado contra la disidencia, contra el pensamiento crítico, contra la organización comunitaria.”

Antonio, por su parte, señala que ahora están descubriendo que el gobierno de Felipe Calderón, igual que el de Fox, ha “criminalizado la disidencia social”. 

 “Nosotros les servimos para mandar un mensaje de escarmiento hacia el sector estudiantil y principalmente hacia la misma UNAM, y parece que ese escarmiento se quiere prolongar ahora, porque ser defensor de los derechos humanos es sinónimo de terrorista. Ahora es delito defender a los presos de conciencia. En ese sentido, es difícil pensar que el Estado vaya a cambiar esa política que ha establecido en los últimos años. Pensamos que vamos a seguir siendo objeto de hostigamiento y por eso hacemos responsable al Estado de lo que nos pueda pasar”, dice.

Héctor advierte también un endurecimiento del régimen: “Ahora lo que vemos es que en todo el país se está dando ese proceso de militarización y, al mismo tiempo, vemos un país mucho más violento de lo que era, y eso es preocupante”.

“Es triste –secunda Antonio– que nuestro caso no sea el único. En estos años se dio el caso de Atenco, donde la gente que está en la cárcel de alta seguridad ya ni siquiera fue acusada de pertenecer a un grupo armado, sino por pertenecer a un movimiento social. Es grave porque ahora vemos  cómo el Estado hace más evidente el uso político de la cárcel, de la justicia o de la ley. Se tuercen las leyes, el Estado dobla las leyes para hacer castigos ejemplares.

“Si en nuestro caso fuimos tres los detenidos, en Atenco fueron cientos a quienes torturaron brutalmente, entrando a sus casas violentamente, violando a las mujeres. Pero no es el único caso, también está Oaxaca y ahora Xoxocotla, Morelos, donde aplicaron los mismos esquemas militares y policiacos.” 

Y añade, como si pensara en voz alta: “Uno dice, bueno, qué pasa, lo que yo hubiera querido es que mi caso fuera el único. Pero resulta que no, que es uno de tantos y por delitos que no son graves, como el de los maestros que estaban contra la ley del ISSSTE, o de la alianza educativa, o por reivindicaciones salariales. Entonces uno se pregunta: Qué está pasando en nuestro país. No es el mismo que dejamos hace siete años y medio”.

Insiste: “Es algo que no hubiésemos querido que sucediera, pero al mismo tiempo esto nos lleva a reflexionar sobre qué hacer para que nuestro país no siga en esta dinámica. De seguir así, nos encaminamos a un Estado totalitario, a un Estado donde la ley se aplica no sólo contra la delincuencia, sino contra la disidencia social. Hoy vemos que a los periodistas los persiguen, allanan sus oficinas; la suya es una profesión de enorme riesgo, arriesgan incluso la vida”. 

–¿En el caso de ustedes funcionó ese escarmiento del que hablan?

–Esa fue la intención del Estado. Afortunadamente no se logró. Mantuvimos la dignidad en la prisión. La ayuda de la sociedad impidió que tuviera efecto ese escarmiento, esa política represiva del Estado. Pero sabemos que eso aún no acaba. El Estado puede cobrarnos esta libertad con nuestra propia vida.

Este reportaje se publicó en la edición 1687 de la revista Proceso que empezó a circular el pasado domingo 1 de marzo.