Los relevos que vienen

Los relevos que vienen

JOHN M. ACKERMAN

Ante la inminencia de los relevos que tendrán lugar en los próximos meses en algunos de los más importantes órganos del Estado mexicano, vale la pena meditar sobre los factores que explican el buen o mal desempeño de este tipo de instituciones. En particular, no es suficiente con exigir que los nuevos ombudsmen, ministros, auditores, consejeros y comisionados tengan un perfil “ciudadano” a secas y que los procesos de selección se desarrollen de forma “transparente”. El verdadero reto no es encontrar candidatos puros o angelicales, sino designar a personas valientes que no se dejen intimidar por los poderes fácticos.

Ciertos enfoques en boga demandan el nombramiento de personas “neutrales” cuya imparcialidad hipotéticamente vendría de contar con un perfil más técnico que “político”. Desde este punto de vista, el mejor titular de un organismo autónomo sería alguien que pudiera resistir las presiones externas a partir de ubicarse en una posición “equidistante” entre los diferentes intereses en juego. Las cualidades más importantes del titular serían entonces la moderación y la “responsabilidad” en su actuación.

Sin embargo, para los relevos que se acercan en instituciones tan relevantes como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el arrojo y la valentía son cualidades aún más importantes que la neutralidad o la moderación. No es suficiente que estas instituciones se limiten a resguardar el orden público o a defender la legalidad. Tales órganos deben atreverse a impulsar la transformación democrática del Estado mexicano. Ante la falta de compromiso democrático por parte del Poder Ejecutivo y la escasez de voluntad política por parte del Congreso de la Unión en una amplia diversidad de temas, hoy la responsabilidad para lograr un cambio estructural en materia de rendición de cuentas queda en una gran parte en manos de los organismos autónomos y el Poder Judicial.

Para esta monumental e histórica tarea no será suficiente nombrar ni a un par de tecnócratas ni a un par de activistas bien intencionados. Hace falta crear nuevos liderazgos dispuestos a jugársela con el país y a encabezar una profunda transformación institucional. Ser un efectivo titular de un organismo autónomo o del Poder Judicial implica una clara visión histórica, así como un sólido espíritu de lucha y entereza moral. No se trata de mantenerse “más allá del bien y el mal”, sino de tomar “el toro por los cuernos” para entrar directamente en la lucha por la democracia efectiva y la justicia social.

No hay duda de que abundan las personas que cumplen con este perfil y que al mismo tiempo provienen de una amplia diversidad de ideologías. La valentía y visión histórica no son privativas de una u otra expresión política.

Sin embargo, también habría que aceptar que independientemente de lo que el lector opine de este o aquel líder de la izquierda partidista actual, es precisamente esta tendencia ideológica la que en las últimas cuatro décadas ha pugnado de forma más consecuente por establecer una profunda transformación en las formas de ejercer el poder público. La rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la defensa de los derechos humanos y el control de los poderes fácticos han sido algunas de las exigencias principales de la izquierda en México. Los cuadros de izquierda también están acostumbrados a ganar sus batallas con sus propios medios y no con el dinero del erario.

Así mismo, la visión de izquierda es particularmente importante en la coyuntura política actual, dominada por el viejo partido del Estado y el partido de la derecha más conservadora. Más allá de las características propias de la izquierda que embonan naturalmente con la misión histórica de los organismos autónomos, la presencia de una tendencia progresista en las instituciones del Estado también se justificaría con objeto de reflejar la pluralidad política del país. De otra forma, será muy difícil recuperar la confianza perdida entre una gran porción de la población en el funcionamiento de nuestras instituciones.

No se trata de ninguna manera de colocar a representantes de los partidos o dirigentes de izquierda en estas posiciones clave del Estado mexicano. Al contrario, habría que rechazar de manera tajante cualquier esfuerzo por nombrar a personas subordinadas a los poderes o intereses externos a la hora de ejercer su responsabilidad pública. Si bien la “neutralidad” es imposible y hasta contraproducente, la “imparcialidad” sí es un valor fundamental para este tipo de responsabilidades. Los titulares de los organismos autónomos tienen la obligación de actuar siempre en función de sus convicciones y conciencia, y no de intereses particulares.

El reto es, entonces, encontrar personas con un espíritu crítico y renovador sin lealtades de ninguna especie. Afortunadamente, existen una gran cantidad de personas que desempeñarían de manera formidable las altas responsabilidades que implica dirigir uno de los organismos que se renovará en los próximos meses. Habría que exigir a los políticos que tengan la humildad y apertura para colocar a cuadros visionarios y negarse a seguir nombrando a burócratas leales, más interesados en cobrar sus dietas y hacer trabajo faccioso que en encabezar una verdadera transformación del país.

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