Jacinta, injusticia marcada

Jacinta, injusticia marcada

La indígena otomí lamenta que sus dos compañeras sigan presas, pero dice que la justicia es así

Lydiette Carrión

Jacinta Francisco Marcial lleva apenas un día de libertad. Está preocupada por Alberta y Teresa, quienes siguen en la cárcel, pero sabe muy bien que la justicia así es: a veces, acusados del mismo delito, unos se quedan y otros no.

Todavía no tiene claro si las organizaciones y abogados que la defienden presentarán una demanda contra las autoridades por resarcimiento de daños.

Jacinta explica, en entrevista, que platicó con Alberta y Teresa antes de salir.

“Nosotros ya sabemos aquí como son las cosas. Durante tres años, ya sabemos que hay personas que están por el mismo caso. Pero como sea, no estábamos juntas, ni declaramos igual. Entonces, hay casos que son iguales, pero a veces se van unos, y se quedan unos.

Al hablar las tres, dice, comprendieron al final que no saldrían libres el mismo día. Sobre todo, porque para las autoridades sería admitir que desde el principio no hubo ningún delito qué perseguir.

“En eso hay que estar conscientes. Si ustedes se quedan, pues ni modo, así son aquí. Pues se tiene que quedar uno para que piensen que sí hubo delito”.

Sonriente, con su tradicional vestido y blusa de encaje, se presenta y, paciente, concede una entrevista tras otra a los medios de comunicación que forman una fila interminable.

Jacinta no sabe leer o escribir. Pero sabe muy bien que el tema de los derechos indígenas es sólo una bandera electoral.

Habla de la cárcel y a veces le gana el llanto, cuando relata cómo algunas custodias y compañera de cuarto (la minoría, admite) la discriminaban y la llamaban “india mugrosa”. Vuelve a llorar cuando recuerda la primera noche en la cárcel y llegó vestida como está ahora, con su vestido de encaje, y fue sujeto de burlas.

Pero también recuerda que no todas sus compañeras fueron así. Muchas le enseñaron a coser en máquina. Explica que muchas mujeres son dejadas a su suerte. Sin nadie que las ayude afuera, que las visite.

Luis Arriaga, director del Centro Prodh explicó en conferencia de prensa que si la PGR no revira y admite que no hubo un secuestro en primer lugar, es dejar que, cada vez que un pueblo se inconforme por los abusos de las autoridades, se puede meter a la cárcel a cualquiera, como forma de intimidación.

Jacinta está conciente de eso, de una forma más profunda y vivencial. En entrevista explica: “Sí me da coraje porque… cuando [los políticos] empiezan a hacer sus campañas como candidatos… siempre se habla de los pueblos indígenas. Pero ahí yo siento que nada más nos usan para que tengan trabajo”.

Jacinta está libre. Pero su familia aún debe alrededor de 60 mil pesos por la defensa que llevó al principio con abogados particulares. Lo bueno, explica, es que debe pequeños montos a su familia y no a un banco.

Las grandes ausencias se notan en los detalles pequeños. Cuando Jacinta regresó a su casa, después de haber pasado más de tres años en la cárcel, la mayoría de sus plantas estaban secas, relata atribulada. Disculpa a su familia: los hombres no saben tanto de plantas. Pero los arbolitos que dejó de ver cuando estaban pequeños ya crecieron, explica, y regala una amplia sonrisa.

Cronología

26 de marzo de 2006.

Jacinta vendía aguas en Santiago Mexquititlán, cuando llegaron agentes federales para decomisar piratería, a su paso destrozaron todo y despojaron a los comerciantes; los pobladores los retuvieron y dejaron libres a cinco para que pagarán los daños; los Afis aseguran que entregaron 70 mil pesos.

3 de agosto de 2006.

Con engaños llevaron a Jacinta fue llevada a Querétaro, donde fue detenida por el secuestro de los agentes. En esa época no hablaba español.

19 de diciembre de 2008.

Jacinta fue sentenciada a 21 años de prisión y a un pago por dos mil días de multa por el supuesto secuestro de los agentes.

15 de abril de 2009.

Un magistrado ordenó reabrir el caso y reponer el procedimiento judicial al no encontrar evidencias, y el 6 de mayo la Corte amparó a la indígena otomí y revocó la sentencia, al considerar que se violó su derecho a contar con un defensor que conociera su cultura y su lengua.

19 de julio de 2009.

Amnistía Internacional la declara presa de conciencia y exige su liberación. Ese día, la CNDH acusó a la PGR de crear falsos testigos y basar las acusaciones en testimonios de oídas.

3 de septiembre.

La PGR decidió presentar conclusiones no acusatorias en el caso de Jacinta y el 16 de septiembre la deja en libertad. La decisión no aplica a sus coacusadas Alberta Alcántara y Teresa González.

Número

60 mil pesos adeudan Jacinta y su familia por la defensa inicial con abogados particulares.

El dato

Amnistía Internacional celebró la liberación de Jacinta y pidió a las autoridades a revisar su proceso “para que reciba compensación por los tres años de prisión injusta y equivocada”.