Agustín Carstens Carstens, secretario de Hacienda y Crédito Público, habría incurrido en ilícitos al dotar de 100 millones de pesos más a la Auditoría Superior sin autorización de la Cámara de Diputados. Una denuncia penal, interpuesta ante la PGR por exlegisladores, indica que el acto “deja evidencia de la disposición indebida de los valores, recursos federales que tiene bajo su guardia y custodia”
Exlegisladores denuncian penalmente al secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens, por supuesto uso “discrecional” del erario: fuera del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 y del conocimiento de la Cámara de Diputados, entregó 100 millones de pesos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Así lo indica la denuncia interpuesta ante la Procuraduría General de la República por quienes fueran diputados en la LX Legislatura: José Luis Varela Lagunas, Elías Cárdenas Márquez y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, y por el senador Carlos Sotelo García.
En su artículo 74, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: “Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificar el proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos”.
El documento, presentado ante la procuraduría, dice que el secretario de Hacienda “incurrió en conductas constitutivas de delito, consistentes en la autorización discrecional de la ampliación del presupuesto de la ASF, por 100 millones de pesos, sin que existiera autorización alguna por parte de la Cámara de Diputados…”
Según consta en el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre de 2008, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 indica la asignación de 1 mil 27 millones 700 mil pesos para el máximo órgano de fiscalización del país.
No obstante, el 27 de febrero de este año, el titular de la Unidad General de Administración de la ASF, Raúl Esquerra Castañeda, informó a la Cámara de Diputados que luego de que se autorizara una cifra inferior de 69 mil 100 pesos, “con respecto del proyecto de presupuesto básico… se gestionó ante la SHCP un incremento de 100 millones de pesos para poder alcanzar la meta de entidades a fiscalizar en este ejercicio”.
Varela Lagunas, exsecretario de la Comisión de Vigilancia en la Cámara de Diputados, dice: “No podemos hablar de transparencia”. Además, indica, con este tipo de acciones también se pone en duda la ética del auditor Arturo González de Aragón, encargado de vigilar el uso adecuado de los recursos, y de Carstens, quien maneja los dineros públicos”.
Agrega que una vez que se conforme la comisión en la Cámara a la que perteneció “voy a ratificar la denuncia, como un compromiso cívico. Es parte de la responsabilidad que nos confirieron los votantes”.
Los gastos de la ASF
El promotor de la denuncia en contra del secretario de Hacienda también cuestiona los gastos de la ASF, misma que debe ajustarse a las políticas de austeridad que se promueven en tiempos de crisis económica.
El Informe del ejercicio presupuestal, al 30 de junio de 2009, contenido en el Portal de Transparencia de la ASF, registra una partida anual “autorizada” por 1 mil 127 millones 700 mil pesos. Según el comparativo con el año fiscal anterior, la diferencia asciende a 45 millones 722 mil 561 pesos menos.
La relación entre el ejercicio autorizado y el modificado, al concluir el primer semestre de este año, muestra que los “Servicios generales” –gastos programados en el capítulo 3000– se incrementaron al 141 por ciento, luego de que el presupuesto autorizado por 61 millones 453 mil 306 se modificara a 148 millones 384 mil 488 pesos.
Los cambios superan en 86 millones 931 mil pesos la propuesta original. En este rubro se contemplan contrataciones de personal de vigilancia, mantenimiento y servicios, grabado, publicación, difusión e información. Al cierre del informe, su ejercicio era de 66 millones 610 mil pesos.
El capítulo 7000 –correspondiente a “Inversión financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones y pensiones, jubilaciones y otras”– obtuvo un incremento del 115 por ciento, al pasar de 650 mil pesos a 1 millón 128 mil 250 pesos. El 30 de junio pasado, los gastos en este renglón ya habían alcanzado los 940 mil pesos.
Del capítulo 2000, “Materiales y suministros”, la ASF reporta cambios al 109 por ciento, las cifras van de 4 millones 730 mil 603 pesos a 10 millones 485 mil 937 pesos. Entre las adquisiciones que se hacen bajo este rubro se encuentra la compra de consumibles de cómputo y material eléctrico. Al cierre del informe se habían gastado 6 millones 32 mil 752 pesos.
En tanto, “Bienes inmuebles” (capítulo 5000) pasó de 6 millones 932 mil 909 pesos a 11 millones 72 mil 549 pesos, lo que implica un incremento de 60 por ciento en su presupuesto. Los consumos de este renglón competen a bienes informáticos, instalación de aire acondicionado, así como la puesta en marcha de una planta de tratamiento de aguas residuales.
“Servicios personales” (capítulo 1000) es la partida de mayor importancia en el gasto programable –se incrementó 6 por ciento, con las adecuaciones de la ASF–, pasó de 454 millones 248 mil 482 pesos a 482 millones 183 mil 453 pesos. Bajo este renglón está considerado el gasto por salarios, bonos, celebraciones correspondientes al Día del Niño y de la Madre, entre otras. El avance a la mitad del año fue de 432 millones 709 mil 265 pesos.
En este renglón se contempla el salario de González de Aragón, por 151 mil 869 pesos al mes, apenas 598 pesos menos de los 152 mil 467 pesos que percibe el presidente de la República. Además, prestaciones como: estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, entre otros.
El gasto por concepto de “Obras públicas”, del capítulo 6000, fue el único que disminuyó de su presupuesto autorizado en un 112 por ciento, al pasar de 12 millones 400 mil pesos a 5 millones 423 mil 931 pesos.
Querella penal
La denuncia interpuesta por los exlegisladores expone que la ampliación presupuestal de la ASF ya había sido negada en 2003 por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como consta en el oficio 801.1.0223, del 4 de marzo de ese año. “Se concluyó que las ampliaciones presupuestales las podrán autorizar solamente los respectivos órganos competentes con cargo a los ingresos excedentes que, en su caso, generen durante el ejercicio fiscal y, por lo que corresponde a los poderes Legislativo y Judicial, los entes públicos federales, así como las dependencias y entidades están obligados a cubrir las contribuciones que les correspondan con cargo a sus respectivos presupuestos”.
El documento también especifica que todo procedimiento para la elaboración, aprobación y modificación del presupuesto anual de la ASF debe llevarse por conducto de la Cámara de Diputados, según lo ordenado en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Dicha ley menciona en su artículo 66 que para hacer válido lo dispuesto en el artículo 74 constitucional, “la Cámara contará con una comisión que tendrá por objeto coordinar las relaciones entre ésta y la Auditoría Superior de la Federación, evaluar el desempeño de esta última y constituir el enlace que permita garantizar la debida coordinación entre ambos órganos”.
Entre las atribuciones de la Comisión de Vigilancia de la ASF, indica la misma ley, está el “conocer el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior de la Federación, así como el informe anual de su ejercicio, y turnarlo a la Junta de Coordinación Política de la Cámara para los efectos legales conducentes”.
Con estos argumentos, los exrepresentantes populares muestran que la SHCP actuó “fuera de todo procedimiento establecido, y violentando la normatividad constitucional y legal otorgó a la ASF una suma adicional de 100 millones de pesos”.
Ante ello, Varela Lagunas, Cárdenas Márquez, Sandoval Ramírez y Sotelo García presumen que Carstens Carstens incurrió en una conducta “ilícita”, misma que “a todas luces deja evidencia de la disposición indebida de los valores, recursos federales que tiene bajo su guardia y custodia”.
Indican que la dotación de recursos por 100 millones de pesos, hecha por la autoridad hacendaria, trae como consecuencia que “los servidores públicos involucrados dejaron de observar en todo momento la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia en el manejo de recursos federales, en virtud de ser la SHCP la encargada de resguardar y custodiar los recursos de la federación”.
En tanto que observan una “conducta presumiblemente ilícita” de los servidores públicos del máximo órgano de fiscalización, encabezado por Arturo González de Aragón, al solicitar los recursos millonarios sin que mediara la autorización del Poder Legislativo.
Facultades y obligaciones de la Auditoría Superior de la Federación
1. Es un órgano técnico perteneciente a la Cámara de Diputados que tiene el mandato de revisar la Cuenta Pública.
2. Debe elaborar su proyecto de presupuesto anual que contenga de conformidad las previsiones del gasto y los recursos necesarios para cumplir con su encargo.
3. Por el conducto de la Comisión de Vigilancia de la ASF, el proyecto de presupuesto anual debe ser remitido a la junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Gastos comprendidos en el capítulo 1000
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