Poderes confiscados

México SA

¿Y el cambio?

Poderes confiscados

Carlos Fernández-Vega

Estaba el despistado inquilino de Los Pinos duro que te dale con eso de que ésta es y debe ser la hora del cambio para México, porque ante problemas y desafíos se requieren cambios, cambios pacíficos, sí, pero cambios tan profundos, que tengan la intensidad misma de una revolución en su propio campo, de tal forma que necesitamos que 2010 sea el año de la historia de México donde hubo un punto de cambio para que sea el año en que se dio un cambio pacífico y, a la vez, un cambio profundo y sustancial (etcétera, etcétera), cuando de repente uno de sus ya pocos amigos le dijo al oído: “Jelipe, está muy emocionante el choro, pero ¿pa’ dónde el cambio? ¿Cuál es tu propuesta, tu proyecto? ¿Cambiar para dejar todo igual, como acostumbras?”

Pero el tal Jelipe no se inmutó y, colgándose de una conmemoración que abomina, siguió con aquello del año de cambio, el año que marcó el inicio de una nueva historia o de una nueva etapa en la historia gloriosa de nuestro país, y el cambio por aquí y el cambio por allá. Lo cierto es que ante la contundencia de los hechos y la escualidez de los resultados por él ofrecidos, el único cambio que en este momento exige la nación es el cambio de gobierno, porque de cambiar, lo que se dice cambiar, el actual inquilino de Los Pinos no ha cambiado absolutamente nada. Por el contrario, su proceder ha sido exactamente igual al de los cuatro gerentes que lo antecedieron en la residencia oficial, es decir, el circuito de casi 30 años que ha desmantelado al país en beneficio de un grupúsculo. De hecho, los contados cambios por él prometidos no trascendieron la campaña electoral, y ahora, tras su trágico trienio, retoma el discurso del cambio sin perfilar siquiera qué tipo o hacia dónde, lo que refleja no sólo la carencia de brújula, sino especialmente la ausencia de proyecto. Zozobra decir que el país está al garete, que el gobierno calderonista ni picha ni cacha, y que las soluciones son simples parches que revientan al primer intento. ¿Pa’ dónde, pues, Jelipe?

En la tienda de enfrente, Andrés Manuel López Obrador no afloja el paso. El movimiento cumple el tercer año de resistencia civil pacífica, y al conmemorarlo presentó su proyecto alternativo de nación, con diez postulados básicos, y la idea es que después de una amplia consulta de análisis y reflexión se tenga un documento definitivo a más tardar en junio de 2010, para que el país salga del hoyo, comenzando por el rescate del Estado y ponerlo al servicio del pueblo y de la nación, pues se encuentra secuestrado por una minoría y ésta es la causa principal del desastre nacional. En nuestro país existe una república aparente, simulada, falsa. Hay poderes constitucionales pero, en los hechos, un grupo ha confiscado todos los poderes. Por eso lo primero debe ser recuperar democráticamente al Estado y una vez logrado este propósito, reintegrar las riquezas y los bienes públicos que han sido entregados o concesionados ilegalmente, a través de reglamentos o leyes secundarias que en ningún caso pueden estar por encima del principio constitucional que señala el dominio directo de la nación sobre los recursos naturales del país. Este procedimiento debe aplicarse fundamentalmente en los casos de la minería, la industria eléctrica y el petróleo.

Elemento fundamental en su propuesta es el cambio de modelo económico, un fracaso para el país, una pesadísima ancla para los mexicanos. México es uno de los países del mundo con menos crecimiento en los últimos años (2 por ciento promedio anual, si bien va). La nueva política económica debe ser conducida por el Estado. Debe impedirse la injerencia de gobiernos extranjeros y de organismos financieros internacionales. El Estado debe recuperar su facultad para planear el desarrollo de acuerdo con el interés nacional. Hay que hacer a un lado la especulación financiera y enfocar todos nuestros esfuerzos a la economía real, a trabajar y producir los bienes que necesitamos. Sin producción no hay empleos, industrias, consumo, mercado, bienestar colectivo, ni economía poderosa, ni nación soberana.

Elementos fundamentales de una nueva política son la cancelación de los privilegios fiscales y la desaparición de los monopolios. Sobre el primero de ellos AMLO subrayó que desde la época de Luis Echeverría se celebró un pacto secreto entre el poder político y el poder económico que se ha ampliado y ratificado sexenio tras sexenio. El acuerdo consiste en conceder a los grandes empresarios y banqueros el privilegio de no pagar o de devolverles los impuestos. Y sobre el segundo, el artículo 28 de la Constitución prohíbe los monopolios y el Estado debe garantizar que esta norma se cumpla porque hoy es letra muerta. En México hay grandes monopolios vinculados al poder que encarecen bienes y servicios, dañando la economía de sectores populares y de las clases medias, a pequeños y medianos productores, empresarios y comerciantes, que se ven obligados a comprar insumos a precios exagerados.

Como parte de este capítulo, destacó la urgencia de democratizar los medios masivos de comunicación. Es inaceptable que un pequeño grupo posea el control de la televisión y de la radio, y administren la ignorancia en el país en función de sus intereses. Que quede claro: no hablamos de expropiación, sino de que el Estado cumpla el mandato constitucional de garantizar el derecho a la información.

Prioritario resulta fortalecer al sector energético y detener la terrible crisis que se avecina por la caída en la producción petrolera y la salida de divisas para comprar gasolinas y otros derivados en el extranjero. El manejo de Pemex se ha caracterizado por el vandalismo y la irracionalidad. Hay que limpiar a Pemex de corrupción. No es posible que se sigan otorgando contratos millonarios sólo en beneficio de empresas extranjeras y de políticos corruptos.

Incrementar la producción interna y frenar la sangría de divisas por la importación masiva y creciente de alimentos (alrededor de 60 mil millones de dólares en los últimos tres años) es un asunto de seguridad nacional: desde 1983 se dejó sin apoyo al sector agropecuario y se optó absurdamente por comprar los alimentos que consumimos en el exterior. Ahora, en consecuencia, hay tierras ociosas, potreros abandonados, se ha despoblado el medio rural y millones de mexicanos han tenido que emigrar.

En fin, menos discursos y más proyecto de nación.

Las rebanadas del pastel

Por demás generoso, el PRI exige que el salario mínimo 2010 se incremente cuando menos 8 por ciento, porque su actual nivel de 54 pesos (promedio) por día es anticonstitucional. Pero, ¡oh sorpresa! Aún con ese espléndido aumento (4.32 pesos diarios) resultaría igualmente anticonstitucional.

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Fuente: La jornada

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