Un año para cumplir

Un año para cumplir

Juan Carlos Gutiérrez señala que se debe presentar una iniciativa de reforma para acotar el fuero militar y retipificar el delito de desaparición forzada

Lydiette Carrión

Dentro de un año el Estado mexicano deberá informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sus avances para cumplir con la sentencia que emitió respecto al caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla.

Por ello, en los próximos meses la Secretaría de Gobernación –o en su defecto, alguna instancia del poder Legislativo– deberá presentar una iniciativa de reforma para acotar el fuero militar, así como retipificar el delito de desaparición forzada.

Así lo explicó Juan Carlos Gutiérrez, presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en conferencia de prensa, un día después de que se dio a conocer la sentencia de la CoIDH.

Sobre la sentencia, resaltó que por primera vez en la historia una instancia internacional como la CoIDH reconoció la importancia del "Informe Histórico a la Sociedad Mexicana" emitido por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), en el que se refiere que “existía en la época en que fue detenido Rosendo Radilla un patrón de detenciones, tortura y desapariciones forzadas de personas”. Es decir, se dio un reconocimiento oficial al periodo de la “guerra sucia” en México.

“Es un logro de los familiares de las más de mil 200 personas desaparecidas en este contexto, y que constituye una luz en el combate a la impunidad en la desaparición forzada de personas”.

“La sentencia establece un vínculo entre el México del pasado y el México actual, en tanto la Corte ordena superar obstáculos estructurales que existían en el México del pasado y que siguen existiendo hoy, como es la obstáculo jurídico del fuero militar.

Fuero militar

Además de reformar la legislación para acotar el fuero militar (lo que ha sido demandado por diversas instancias y organizaciones, e incluso recientemente Amnistía Internacional hizo un fuerte reclamo a México), la CoIDH consideró que es necesario reformar el tipo penal de desaparición forzada para fincar responsabilidades en la cadena de mandos, y no sólo castigar a los soldados rasos.

“El tipo penal de desaparición forzada de personas del Código Penal federal mexicano presenta un obstáculo para asegurar la sanción de ‘todos los autores, cómplices y encubridores’ provenientes de ‘cualesquiera de los poderes u órganos del Estado’. Para satisfacer los elementos mínimos de la correcta tipificación del delito, el carácter de ‘agente del Estado’ debe ser establecido de la forma más amplia posible”

La sentencia

La CoIDH encontró al Estado responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida, así como de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.

El gobierno deberá reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia del fuero militar, a fin de que permita que tengan juicios civiles.

El Estado deberá pagar más de 138 mil dólares por pérdida de ingresos, daño inmaterial y emergente, indemnizaciones, lucro cesante, costes, gastos y otras reparaciones a los familiares de la víctima y a sus representantes legales.

En un acto público, el gobierno debe reconocer la responsabilidad por los hechos en desagravio a la memoria de Radilla.

Pide datos de Tijuana

El miércoles pasado la CoIDH solicitó formalmente al Estado mexicano que envíe información específica sobre la situación de arraigo que sufren varias personas en la ciudad de Tijuana.

Solicitó sobre varios temas: el fundamento legal para mantener a estas personas en instalaciones militares; si se ha investigado los casos de denuncias por tortura; si se ha tomado y aplicado el protocolo de Estambul en esta situación y si además, se ha investigado o verificado el estado de salud de estas personas.

Así lo dio a conocer Juan Carlos Gutiérrez, presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Y es que, en lo que va de 2009, por lo menos 44 personas han sido arraigadas en la ciudad fronteriza de Tijuana. Todas ellas han denunciado actos de tortura por parte de militares y autoridades municipales de la ciudad, de acuerdo con declaraciones de los propios detenidos, testimonios de familiares e investigaciones realizadas por organizaciones no gubernamentales

Número

1 mil 200 personas desaparecidas

El dato

Rosendo Radilla Pacheco despareció el 25 de agosto de 1974 en un retén militar, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, donde era dirigente campesino.

Fuente: El Periódico

Difusión AMLOTV