El Poder Judicial rastrea si hay más en su contra fuera del Distrito Federal. En tres meses, el líder electricista ha solicitado dos veces este recurso.
A unos días de que el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, denunció que el gobierno federal pretende llevarlo a prisión, así como a otros integrantes de ese gremio, un juez le concedió una suspensión provisional que impide a la Procuraduría General de la República detenerlo, a menos de que haya una orden de aprehensión girada por algún delito grave.
Asimismo, otro impartidor de justicia otorgó una suspensión al vocero del SME, Fernando Amezcua Castillo, quien junto con Esparza Flores se amparó contra cualquier orden de detención que se pretenda cumplimentar.
Funcionarios del Poder Judicial federal informaron que los jueces octavo y decimocatorce de Amparo en Materia Penal con sede en el Distrito Federal —Silvia Carrasco Corona y Mauricio Torres Martínez, respectivamente— solicitaron a jueces de Distrito de la capital, del Estado de México y de otras entidades de la República, informar si el Ministerio Público federal ha consignado alguna averiguación previa contra los líderes gremiales, solicitando la orden de aprehensión.
De acuerdo con registros, las demandas de garantías fueron interpuestas el pasado 21 de enero, en la Oficialía de Partes del Palacio de Justicia federal, pero ambas fueron turnadas a juzgadores distintos.
No es la primera vez que Martín Esparza se ampara para no ser detenido, pues a fines de octubre de 2009 hizo lo mismo.
En esa ocasión tocó conocer del asunto a la juez primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Sandra Leticia Robledo Magaña, quien también emplazó tanto al Ministerio Público, así como a los 18 jueces de Distrito de Procesos Penales Federales del Distrito Federal, y a los del Estado de México, entre otros, para que rindieran informes justificados, con la finalidad de conocer si existía o no una orden de detención o aprehensión que se haya solicitado contra el dirigente gremial, personaje a quien la Secretaría del Trabajo le negó la toma de nota como líder de los electricistas.
Cabe mencionar que en la Procuraduría General de la República hay dos querellas presentadas contra Esparza Flores, en las que se le acusa de falsificar firmas en documentos para lograr que la Federación le entregara 3 mil millones de pesos.
Una buena parte de estos recursos serían destinados para supuestamente edificar unidades habitacionales para ex trabajadores de LFC.
La investigación inició a petición del ex tesorero del SME, Alejandro Muñoz. Sin embargo, la semana pasada, Esparza Flores aseguró que la PGR tiene 238 denuncias presentadas contra los dirigentes sindicales, lo que hace suponer la intención del gobierno federal de enviarlos a prisión.
El pasado 21 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió la solicitud de la defensa del SME, en la que se pide al alto tribunal ejercer su facultad de atracción para resolver de forma definitiva el amparo que promovieron contra el decreto del 11 de octubre de 2009, que extinguió a la LFC.
- Claves
Garantías
• La petición de amparo fue entregada en la Corte por los abogados José Antonio Zarza y Eduardo Bobadilla. La demanda de garantías interpuesta por ese gremio se encuentra con la titular del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, Idalia Peña Cristo, luego de que una juez de primera instancia les negó la protección de la justicia.
• Para que la Corte pueda ejercer su facultad, deberá ser propuesta por algún ministro, pues la Constitución señala que los Tribunales Colegiados o el procurador general de la República son las únicas figuras legales para solicitar la atracción de un amparo en revisión.
México • Rubén Mosso
Fuente: Milenio
Difusión: AMLOTV
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