Hace dos años y medio, los mineros de Cananea tuvimos que suspender los trabajos en la mina de cobre más rica del país, ejerciendo el derecho de huelga que consagra el artículo 123 de la Constitución.
Creímos que la presión sería suficiente para que Mexicana de Cananea, de Grupo México, accediera a corregir las graves deficiencias de seguridad e higiene que han ocasionado enfermedades, mutilaciones y la muerte de muchos compañeros. Confiamos en que la racionalidad económica que todo empresario debiera asumir, llevaría al patrón a aceptar la representación que sus trabajadores han querido darse, a respetar la autonomía sindical y a cambiar su actitud, olvidando las derrotas que en otros tiempos le infligiera el Sindicato Minero, para poder reconducir las relaciones laborales en un ámbito de respeto mutuo, hacia una productividad que a todos conviene y que parecía una tarea inaplazable.
Sabíamos que sería difícil que un personaje tan siniestro como Germán Larrea, quien encabeza ese grupo que tristemente ostenta en su nombre el de nuestra Nación, pudiera superar sus rencores personales y aceptar el cambio, pero confiamos en que otros accionistas de la Empresa y sobre todo, el Gobierno Federal, ejercerían sobre él la influencia necesaria para concretar el cambio. Nos equivocamos al pensar que se actuaría conforme al Derecho y la Justicia, pero no nos arrepentimos.
¿Por qué se ha prolongado tanto tiempo un conflicto que debió resolverse en unos cuantos días? Es obvio que contribuyen la tozudez y el estúpido orgullo de Larrea, pero ciertamente no son las causas principales. Así como en 1906 Porfirio Díaz apoyó a la Cananea Consolidated Copper Co. en contra de los mineros mexicanos, un siglo más tarde Felipe Calderón ha hecho lo mismo, al servicio incondicional de Grupo México. Pocas cosas han cambiado desde entonces. A William Greene lo sucedió Germán Larrea; el papel que jugaron los rangers de Arizona y los rurales, lo juega ahora la Policía Federal; el de Rafael Izábal, el traidor gobernador de Sonora, lo desempeña bien el Secretario del Trabajo, Javier Lozano. Claro que la figura de Calderón no es equiparable a la de Díaz, más allá de sus ánimos dictatoriales.
Hay que destacar, sin embargo, un cambio notable en la jurisdicción laboral. Ante el rotundo fracaso de las juntas de conciliación y arbitraje para resolver en derecho y en justicia los conflictos de trabajo, el Poder Judicial Federal se ha convertido en la última esperanza de los trabajadores, antes de tener que abandonar el espacio de la legalidad como tuvo que ocurrir en 1910.
En tres ocasiones acudimos al juicio de amparo para echar abajo las ilegales declaraciones de inexistencia de la huelga por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), lo que acrecentó nuestra confianza en los jueces y nuestro desprecio por la Junta. No obstante, Grupo México recurrió a una nueva fórmula para acabar con el derecho de huelga, con la complicidad de la Secretaría de Economía, que sin cumplir la garantía de audiencia, resolvió que la Empresa no podía volver a trabajar por supuestas causas de fuerza mayor que servirían para terminar las relaciones de trabajo, pero no para que concluyera la concesión. Cínicamente la Empresa ha ofrecido públicamente que en breve reanudará los trabajos, a lo que ha hecho eco el Secretario Lozano.
El 14 de abril de 2009, en un juicio de una sola audiencia, la servil JFCA dio por terminados el contrato colectivo de trabajo y todos los contratos individuales, en lo que fue además un ensayo de lo que haría luego con los compañeros electricistas. No llamó a juicio a los trabajadores ni dejó que pudieran defenderse los que de todas formas acudieron; desechó todas las pruebas que ofreció el Sindicato para demostrar que no existió la fuerza mayor y esa misma noche aprobó la terminación.
Los mineros y nuestro Sindicato Nacional promovimos diversas demandas de amparo que, al final del camino, fueron a dar al Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, que podría emitir su sentencia en los próximos días. De lo que resuelva depende la suerte de unos 1200 mineros, de sus familias y de todo un pueblo que desde hace más de un siglo vive de lo poco que le deja esa mina. Está también en juego el derecho de huelga de todos los trabajadores, que es un derecho fundamental reconocido en todo el mundo.
Los mineros hemos dado muestras sobradas de nuestro orgullo, dignidad y valentía, pero no compartimos la soberbia de Larrea y de Lozano, por lo que externamos nuestra desconfianza en que una resolución injusta nos niegue el amparo. Hace unos días, el mismo Tribunal lo negó a los trabajadores que lo pidieron, lo que ha incrementado nuestra incertidumbre. Tales sentencias fueron además precedidas de las declaraciones de Grupo México de que pronto reabriría la mina y de la contratación de cerca de 200 esquiroles que tratarán de recuperarla con el apoyo de la Policía Federal.
Nunca hemos estado cerrados al diálogo y a la solución del conflicto. Solicitamos el retiro de las concesiones al Grupo México por respeto a los derechos de los trabajadores y porque esa empresa no ha mostrado ningún interés en darle solución al conflicto, con el resultado de que Cananea está viviendo en estado de zozobra, lo mismo que Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero.
Es natural que estemos en alerta y que recurramos a la solidaridad del pueblo mexicano y a la de los trabajadores de todo el mundo. La responsabilidad pesa hoy sobre los hombros de tres magistrados a los que sólo pedimos que no se dejen amedrentar por la ostentación de poder e impunidad de Grupo México, ni presionar por el Gobierno Federal, y que resuelvan conforme a derecho. Nada más, pero nada menos. Pese a todo ello, abrigamos la convicción de que nuestra huelga acabará rindiendo los frutos que llevaron al Constituyente de 1917 a reconocerla como un derecho fundamental de los trabajadores.
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