ESTADO DE LOS ESTADOS

ESTADO DE LOS ESTADOS

Por: Lilia Arellano

“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga el poder”: Montesquieu

• Porrazazo de la Corte

• Infames percepciones a pensionados

• Determinaciones contra ciudadanos

• García Luna “aparece” secuestrados

• Eliminan competidores del “chapo”

Agosto 2, 2010.- Muchas cuentas tienen que presentar los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por sus desacertadas decisiones en asuntos de importancia trascendental para el país y los trabajadores mexicanos. Los togados iniciaron formalmente su segundo periodo ordinario de sesiones con el reconocimiento de su presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, de que la difícil situación que atraviesa la nación, de inseguridad y crisis económica particularmente, harán más difícil la encomienda que tienen. Sin embargo, no hizo ninguna mención a su propia contribución a las crisis sociales desatadas por su atraco a las pensiones de trabajadores inválidos y pensionados, por su protección a funcionarios implicados en el sinistro que derivó en la muerte 49 infantes de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora; ni en el robo a las arcas nacionales que representa la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y el proceso de privatización de esta industria estratégica independientemente de otras decisiones como el anatocismo con el que le dieron carta blanca a los banqueros para el hurto y el abuso.

Al regresar de dos semanas de vacaciones, en el Salón de Plenos de la SCJN, Mayagoitia sostuvo que “México anhela vivir en paz”; dijo que a través del máximo órgano de Justicia del país “tendremos la oportunidad de contribuir a la solución ordenada y civilizada de los conflictos que se nos plantean, con la firme convicción de que nuestra labor contribuye señaladamente a la convivencia armónica de los mexicanos”. Nada más lejano a esas rimbombantes declaraciones son las determinaciones que ha tomado la “tremenda corte” en asuntos de vital importancia para el pueblo de México. En primer lugar cabe recordar que su última “gran decisión”, tomada el pasado 9 de junio, fue determinar por jurisprudencia que el tope para el cálculo de las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada debe reducirse a los trabajadores de 25 a 10 salarios mínimos a quienes se jubilen con la Ley de 1973.

Ante los efectos de tal decisión y en un intento por frenar sus efectos, los funcionarios del ramo se aprestaron a señalar que no habrá ninguna alteración en las pensiones de quienes ya se encuentran jubilados y que tal fallo será aplicable para quienes ya están a punto de retirarse del campo de trabajo. Sí ya de suyo la paga que reciben los pensionados no les alcanza para mantener cercanamente el nivel de vida que sostenían durante la etapa productiva, entregar la tercera parte de las percepciones a quienes ya entregaron años y años de labor a empresas o al gobierno es una acción ofensiva, nefasta, inhumana, incomprensible… sin madre. Y es que en otros países, en esos que quiere Calderón igualar en sus insomnios etílicos, tantos los jubilados como los pensionados cuentan con ingresos que les permiten no solo mantener su estatus económico de vida sino vacacionar, ahorrar, terminar sus días dignamente. En el nuestro llegar a viejo y pretender obtener reconocimiento económico por el tiempo trabajado es una utopía.

Dicha resolución afecta a, cuando menos, un millón de pensionados, según datos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que teme que tales afirmaciones no se respeten. Su impacto es de tal magnitud que las fracciones parlamentarias del PRI y del PRD pidieron a los ministros que modificaran el fallo sobre las pensiones del IMSS. Los perredistas reprobaron que no se respete ni la Constitución ni la Ley del Seguro Social. La resolución pone en entredicho al Poder Judicial debido a que se trata de un gigantesco despojo a los trabajadores, realizado por los togados que en lugar de ejercer sus facultades de equilibrio de poderes frente a los excesos del Ejecutivo Federal actúan como si el inquilino de Los Pinos fuera su patrón.

Así se han conducido también en el caso de los ex trabajadores de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro que dejo en la calle a más de 45 mil miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. En este hecho, es evidente que los ministros respaldaron las intenciones de Felipe Calderón para la privatización de la industria eléctrica y al entrega de la fibra óptica a Televisa y Telefónica Movistar, lo que también contribuye a los esfuerzos de la administración federal para acabar con los contratos colectivos de trabajo y con los sindicatos, como lo ha denunciado persistentemente el dirigente Martín Esparza.

La resolución de la Corte es un respaldo a las intenciones de la administración calderonista de imponer las condiciones que tiene pactadas con los organismos financieros internacionales, con las multinacionales, que pretenden acabar con las empresas públicas. Han representado sus decisiones golpes arteros a los esfuerzos por preservar la empresa pública, por mejorar las condiciones de servicio, eficiencia y eficacia a un precio que la población pueda cubrir; éstas van también en contra de la lucha del SME por recuperar su fuente de trabajo, derecho también plasmado en la Constitución.

Otro resolución que también escandalizó al país fue la que cubrió con un manto de impunidad a los funcionarios de primer nivel del gabinete calderonista implicados en la serie de irregularidades descubiertas a raíz del siniestro de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que murieron 49 infantes y un centenar más quedó gravemente herido. Con la determinación de los togados tanto Juan Molinar Horcasitas, como Daniel Karam, ex director y actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social, respectivamente, entre otros funcionarios, quedaron a salvo de los insistentes señalamientos que los responsabilizaban por la negligencia que llevo a dicha tragedia.

Ahora los ministros se aprestan a resolver otra serie de casos relevantes previstos para el segundo semestre, entre los que se encuentran la acción de inconstitucionalidad de la PGR que cuestiona la legalización de los matrimonios entre homosexuales en el Distrito Federal, así como el derecho de adopción reconocido a estas parejas; el caso del predio El encino; las controversias del Congreso contra los reglamentos de PEMEX; las demandas contra las reformas hechas por los congresos estatales para proteger la vida desde la concepción, entre otras.

DIRECTOR DE ESCENA

A través de los datos duros sobre la criminalidad en el país es innegable que Genaro García Luna erró la profesión pues es un ingeniero mecánico que se ha transformado en un pésimo secretario de Seguridad Pública. Sin embargo, si se hubiera dedicado al teatro o a la cinematografía profesionalmente le hubiera ido mejor. Los montajes en los que intenta manipular a la opinión pública para convencer que realiza una aceptable labor al frente de la SSP, tienen aparentemente mayor éxito que su “lucha” real contra la delincuencia organizada. Pero la farsa es inocultable y el “espía por error” tiene que dar muchas explicaciones sobre varios sonados casos, el último de ellos es el que se refiere al secuestro y posterior “rescate” de cuatro periodistas de Televisa y Milenio Televisión

Un hecho de la descomposición de la sociedad mexicana a consecuencia de la administración federal fallida de Felipe Calderón es el plagio del enviado de Televisa, del programa “Punto de Partida”, Héctor Gordoa; del camarógrafo de esa misma empresa Alejandro Hernández Pacheco, así como del reportero Oscar Solís, del diario regional “El Vespertino”, y del camarógrafo del Gupo Multimedios (al que pertenece Milenio) Jaime Canales Hernández, ocurrió el pasado 26 de julio en el Estado de Durango, entidad sumida en una crisis de carecer electoral y penal por el activismo de reos/sicarios del penal de la capital estatal, con el fin de exigir la difusión de narcovideos, en el primer caso que se tiene conocimiento en que el crimen organizado influye en las líneas editoriales de medios de comunicación nacionales. Para proteger a sus trabajadores Milenio Televisión cumplió la exigencia de los plagiarios, mientras que Denise Maerker, del programa Punto de Partida, que transmitió una pantalla fija, exigió a la administración de Felipe Calderón proveyera seguridad para ejercer el oficio periodístico.

Tan sólo unas horas después de la presión de la Televisora, García Luna revelaba que una célula del cártel de Sinaloa, que dirige Joaquín “el chapo” Guzmán, perpetró el secuestro de esos cuatro comunicadores, de los cuales dos fueron liberados por los plagiarios, mientras que Canales Fernández y Hernández Pacheco fueron “rescatados” durante un operativo de la Policía Federal en una casa de seguridad ubicada en la colonia Miguel de la Madrid, en Gómez Palacios Durango. Pero da la casualidad que los secuestradores no fueron detenidos, pues lograron huir a pesar de que presuntamente el lugar estaba rodeado por policías federales. El funcionario también dio detalles del “rescate” de los comunicadores y de las “negociaciones” con los secuestradores, informes que sólo abonan al descrédito de las instituciones de administración y procuración de justicia en el país.

Legisladores federales del PAN, PRI y PRD exigieron al gobierno de Felipe Calderón poner en marcha acciones “inmediatas, firmes, concretas y decididas” para evitar más atentados contra informadores, así como “blindar” desde el Congreso, el ejercicio de la libertad de expresión, endureciendo las penas por los delitos cometidos contra comunicadores, a fin de atacar la “complicidad” de autoridades con el crimen organizado. En este montaje solo faltó conocer los diálogos reales en los cuales bien podrían haber incluido una de esas grabaciones telefónicas que tanto les gustan y en la que bien podría escucharse: “¡suéltalos cabrón, que no ves que ya me la están armando de jamón estos pinches periodistas!” … y el socio… los soltó.

LIGAS DE NARCOS Y POLICIAS

Por fin, los cuerpos de “Nacho” Coronel, uno de los líderes del Cártel del Pacifico, y su sobrino, Mario Carrasco Coronel, alias “el gallo”, fueron traslados para ser embalsamados en una funeraria de la avenida Hidalgo, en Guadalajara Jalisco, sin que se conocieran detalles precisos de las autopsias, lo que podría revelar datos esclarecedores sobre la forma en que murieron y que podrían llegar hasta a desmentir las versiones oficiales de que el capo agredió y mato a un soldado por lo que tuvo que ser acribillado.

Mientras tanto, Hiram Francisco Quiñones Gastélum, señalado como “brazo derecho” del número 3 en la línea de mando de la organización criminal consentida en la anterior y en la actual administración federal, fue arraigado 40 días, por decisión del Juez Quinto Federal Penal especializado en Cateos, Arraigos e intervención de Comunicaciones. Esos son los últimos hechos de la serie de acciones ejecutadas para quitarle de en medio a un posible adversario a Joaquín “el chapo” Guzmán, que pudiera disputarle el liderazgo de la organización criminal más grande y poderosa del país.

Todo parece indicar que la cacería de “Nacho” Coronel, ejecutada por militares quienes finalmente mataron al tercero en la jerarquía del cártel del Pacífico, se debió al gran poder que fue acumulando desde hace varios años y que estaba poniendo en duda la jefatura del propio Guzmán Loera y de Ismael “el mayo” Zambada. Esta hipótesis está respaldada por el hecho de que un día después de la muerte del también llamado “rey del cristal”, ocurrida el jueves 29 de julio, fue también acribillado por militares su sobrino y posible sucesor, Mario Carrasco Coronel, alias “el gallo”.

Además, también fue capturado ileso Francisco Quiñones Gastélum, guardia personal de “Nacho” Coronel, quien había consolidado su célula en el Estado de Jalisco bajo la protección de las autoridades estatales del PAN, lo que también quedo en evidencia y que ha sido confirmado por el silencio de la administración que encabeza el gobernador Emilio González Márquez.

DE LOS PASILLOS

El director de Mexicana, Manuel Borja, aseguró que si la aerolínea no reduce sus costos laborales está destinada a desaparecer. Según el ejecutivo, las otras opciones serían venderla a los sindicatos de pilotos y sobrecargos o solicitar a una corte protección por bancarrota, un procedimiento llamado “concurso mercantil”. Argumenta que Mexicana de Aviación tiene un adeuda total de 10 mil millones de pesos y activos por 11 mil millones de pesos. Sin embargo, Lizette Clavel, secretaria general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes transparentar el estado financiero y las causas de la crisis del grupo empresarial. La dirigente sostuvo que los ingresos de Mexicana son desviados hacia otras aerolíneas de la corporación, conocidas como Mexicana Clic y Mexicana Link. A su vez, el jefe de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, Miguel Messmacher, rechazó tajantemente que exista la posibilidad de un rescate financiero a Mexicana de Aviación.

Ahora hasta el obispo de la Diócesis de Ecatepec, Onésimo Cepeda, se incluyó en la estrategia del Departamento de Estado y el Pentágono de Estados Unidos, que a como de lugar buscan fabricar terroristas en México para encuadrar al país en la lucha global de la primera potencia militar del orbe, que ha sido construida desde la caída del muro de Berlín y del bloque comunista, lo que dejo a los vaqueros estadounidenses sin enemigo al frente y paralizó su industria bélica momentáneamente. Sin embargo, pronto encontraron nuevos pretextos para continuar con su política imperialista y expansionista con la búsqueda y asesinato de “terribles terroristas que representaban una amenaza para la paz mundial”, aunque en ese proceso invadieran y destruyeran países enteros.

México está en la mira, ya ha sido calificado como un “Estado fallido” por la inteligencia militar estadounidense; ya se suscribieron pactos no sólo económicos sino militares en un nivel de total subordinación para el país, que sin duda alguna derivarán en el establecimiento de bases militares en nuestro territorio que se sumarán a las ya instaladas en otros países del continente para fortalecer el “cinturón de seguridad” de los Estados Unidos y poder disponer a sus anchas de los cuantiosos recursos naturales y humanos del país. A esa tarea contribuyen las declaraciones de Onésimo Cepeda Silva en el sentido de que más que el narcotráfico, el país enfrenta a guerrillas disfrazadas de narco. El obispo sostuvo que ”ya se había alertado al gobierno de la presencia de la guerrilla; que cada vez se estaban armando más y que había una incursión muy grande de armas en el país…”.

La deuda neta del gobierno federal, la de los organismos y empresas controladas y la de la banca de desarrollo se alcanzó ya el 30.2 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto) del país: al cierre del segundo trimestre de 2010, el saldo de la deuda interna del gobierno federal se ubicó en 2 billones 602 mil 159.9 millones de pesos, monto superior en 130 mil 815.9 millones de pesos observado al cierre de 2009. El informe de finanzas públicas y deuda pública destaca que la deuda interna representa el 20.9 por ciento del PIB. Por lo que toca a la deuda externa, se ubicó en 49 mil 373 millones de dólares, monto superior en 3 mil 165.2 millones de dólares al registro del año pasado.

(lilia_arellano@yahoo.com; www.fuego-cruzado.tv: www.estadodelosestados.com.mx)

Fuente: Indice Político

Difusión: AMLOTV