AL PUEBLO DE OAXACA
A LOS RESPONSABLES DE LA PROCURACION Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA.
La violencia que se vive en el Estado de Oaxaca desde hace ya bastante tiempo es signo evidente de la descomposición política y la falta de conducción gubernamental en la resolución de los conflictos sociales. La ausencia del Estado de Derecho y la noticia de enriquecimiento inexplicable por parte de funcionarios que manejan recursos públicos, genera altos grados de desconfianza en la ciudadanía con relación a la administración pública.
La criminalización de la protesta social es otro signo del autoritarismo que el actual gobierno ha tenido como distintivo y que está ampliamente documentado incluso en reportes internacionales de derechos humanos. Todo se agrava cuando los conflictos en las comunidades permanentemente dan noticia de asesinatos en contra de sus habitantes y de los líderes de grupos representativos de las mismas.
El problema sostenido entre los grupos: MULT, MULTI y UBISORT ha causado la muerte por asesinato de muchas personas, incluidos defensores de derechos humanos y mantenido en un clima de terror a los habitantes de la región triqui que han sido objeto de confinamiento, robos y violaciones en contra de las mujeres.
Por otra parte, los homicidios recientes cometidos en contra de Catarino Torres Pereda dirigente del Comité de Defensa Ciudadana (CODECI) y Heriberto Pazos Ortiz, dirigente del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) encienden todavía más los ánimos de los grupos en conflicto y complican la solución de los problemas.
Como grupo ciudadano, proclamamos firmemente que el Estado a través de la Procuraduría General de Justicia tiene la obligación ineludible de investigar por todos los medios legales la existencia de los delitos y sus responsables y en su caso, la autoridad judicial imponer el castigo que corresponda. Así como instrumentar la resolución pacífica de los conflictos sin distingos de tinte político y asumiendo de manera eficaz su responsabilidad legal. Sostenemos también que ninguna persona o grupo, puede disponer de la vida de otro; pues la vida es un derecho fundamental y punto de partida para la convivencia armónica en la sociedad. Una sociedad basada en el terror venga de donde venga, es una sociedad de futuro incierto y germen de odios interminables que imposibilitan cada vez más una convivencia sana.
Ante estos acontecimientos DEMANDAMOS:
1. El esclarecimiento inmediato de los asesinatos políticos de este sexenio y el castigo a los responsables intelectuales y materiales.
2. Un alto a las declaraciones irresponsables y dolosas de la Procuradora General de Justicia del Estado Lic. María Candelaria Chiñas en contra de actores que de buena fe coadyuvan en los procesos de pacificación en las comunidades, pues como conocedora del derecho que debe de ser, bien sabe que es obligación del ministerio público recabar todas las pruebas para la comprobación de los delitos y que las víctimas sólo son coadyuvantes de éste. Y que, por lo demás, nadie está obligado a suplir la negligencia, incapacidad, deficiencia o ineficiencia del Ministerio Público.
3. Esperamos que el nuevo gobierno obedezca el mandato popular que demanda un alto a la corrupción y a la impunidad; de tal manera que los funcionarios que lleguen a ocupar los cargos más relevantes, ni sean reciclaje político de quienes están acostumbrados a vivir del erario público sin trabajar; ni sean personas que han propiciado la represión o la corrupción en el servicio público; ni personas entrenados en los vicios de gobiernos anteriores, para que en verdad se interesen por la solución pacífica de la problemática.
4. Hacemos un llamado a las organizaciones ciudadanas locales, nacionales e internacionales y al pueblo en general para que se mantengan vigilantes y exijan activamente un alto a la violencia y a la impunidad.
OAXACA, OCTUBRE 25 DE 2010.
INICIATIVA CIUDADANA PARA LA ALTERNANCIA, TRANSICIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
¡Por un Oaxaca libre de violencia!
Difusión: Soberanía Popular
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