Plaza pública Reina de la telefonía celular

Miguel Angel Granados Chapa

Plaza pública Reina de la telefonía celular

24 enero 2011

ma@granadoschapa.com

Si no puedes vencer a tu enemigo, recomienda un refrán, únetele. Y si puedes, mejor cómpralo. Esa fórmula se aplicó la semana pasada, cuando Televisa adquirió la totalidad de acciones de Iusacel, la empresa que en busca de su propio provecho presentó más de cuarenta recursos legales contra la licitación 21, confeccionada a favor del consorcio Azcárraga. Esa operación jurídica, y política, de la que se da cuenta en esta columna antes que en ninguno otro lugar, permitirá a Televisa además de desembarazarse de su principal adversario en tribunales contar de golpe y porrazo con cincuenta y tres megahercios del espectro radioeléctrico, los que posee Iusacel.

Podrá tener el doble de esa cantidad cuando se aclare el extraño caso de su separación de Nextel, en compañía de la cual puede operar otros 52.9. De ser así, como es de suponerse, Televisa reinará en la telefonía móvil, como lo hace en la televisión abierta y de paga, pues superaría en amplia medida los 77.1 Mhz de Telcel, hasta ahora empresa dominante en ese sector.

Con ese vuelco trascendental en el mercado de las telecomunicaciones, la que terminó ayer y la que corre son y pueden ser magníficas semanas para el gigantesco negocio de la familia Azcárraga. Sus cuatro ejecutivos principales (Bernardo Gómez, José Bastón y Alonso de Angoitia, junto con la cabeza del consorcio) recibieron el martes, en Punta Mita, el elegante balneario de Nayarit, al presidente Felipe Calderón. La oficina presidencial de comunicación dio cuenta de la reunión pero no reveló sus motivos y mucho menos su contenido.

Se presume que por la mañana de esa fecha el invitado había sido Carlos Salinas de Gortari, que ya en una ocasión, en 2005, esa vez en Cozumel, fue recibido por los líderes de Televisa. Tal vez en las reuniones se anunció o se supo de la colosal adquisición hecha por Televisa, que restaura la relación de los componentes del duopolio televisivo, dañado por la oposición del Grupo Salinas (al que hasta ahora pertenecía Iusacel) a la licitación 21. Fue una operación mucho más cara, pero en cierto modo semejante a la que hoy permite a Televisa estar de nuevo presente de modo central en los Estados Unidos, por su alianza con Univisión.

Un alud de desistimientos llenará los juzgados federales de todo el país en que las filiales de Iusacel demandaron amparo. En algunos de los procesos respectivos obtuvieron medidas cautelares o suspensiones definitivas que hubieran podido frenar la operación de Nextel, ganadora de la licitación 21 cuando estaba asociada con Televisa. Con la compra de Iusacel desaparece por completo ese riesgo, pues la empresa recién vendida se retirará en las próximas horas de los campos de batalla judiciales, pues no tiene por qué combatir contra su ahora propietaria.

En ese mismo ámbito tribunalicio Televisa puede recibir, de refilón, una buena noticia. La Suprema Corte de Justicia resolverá, quizá mañana martes, el amparo solicitado en 2007 por un grupo de intelectuales que confunden la magnesia con la gimnasia. Impugnaron a través del juicio de garantías un párrafo del artículo 41 constitucional, reformado en aquel año, que conforme a su criterio atenta contra la libertad de expresión, cuando lo más que hace es regular la libertad mercantil. Sea ese su propósito o no, el resultado de su promoción jurídica puede poner en jaque a la reforma constitucional que sacó del comercio en radio y televisión a la propaganda electoral, sea la que se presenta como tal o la que no osa decir su nombre.

El texto impugnado establece que "Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular". La pretensión de la reforma es impedir que el dinero se convierta en factor decisivo en la contienda electoral, objetivo de necesaria realización en épocas en que puede circular crecientes volúmenes de recursos de procedencia ilícita. La prohibición de comprar espacio en los medios electrónicos tiene que ser universal; si se limitara a los partidos, éstos podrían burlarla mediante personeros que la contraten en su provecho aunque no en su nombre.

Los quejosos arguyen que esa limitación afecta a la libertad de expresión. Ellos mismos son la muestra viva de que no es así. Los quince firmantes, o casi todos, participan regular o frecuentemente en el debate político en radio y televisión. La prohibición del artículo 41 no ha significado traba alguna para el ejercicio de su oficio o vocación, a pesar de lo cual la Corte podría resolver en su favor, lo que no supondría diferencia alguna respecto de su situación jurídica, que les permite moverse a su aire en los medios. Sólo respecto de ellos quedaría sin efecto la cláusula prohibitiva, lo que les daría una patente para contratar tiempos que nadie más podría conseguir.

Pero una decisión de la Corte en torno a ese punto fortalecería la corriente contrarreformista, encabezada por las televisoras que dejaron de ganar miles de millones de pesos (y ya se sabe que no hay mayor ofensa para esos consorcios que la que pega en la caja), urgida de volver las cosas a su estado previo a la enmienda constitucional de 2007 (y su consecuencia en el Código electoral del año siguiente). Los intelectuales en busca de amparo revelaron su propósito coincidente con ese objetivo al cuestionar no sólo la presunta afectación a la libertad de expresión, sino la reforma entera por vicios en el procedimiento, que estará en manos de la Corte decidir si los hubo y, en su caso, si fueron determinantes del sentido de la reforma.- México, Distrito Federal