Defensores sin defensa

JAIME HERNÁNDEZ ORTIZ

En memoria de Víctor Manuel Caamaño Cano

Hace más de un año la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó a nivel nacional el informe Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo, con el objeto de impulsar la implementación de las recomendaciones que han formulado numerosos organismos internacionales al Estado mexicano para visibilizar y reconocer la labor que desempeñan las y los defensores de derechos humanos; identificar los obstáculos, riesgos y retos que enfrentan; y fortalecer al Estado mexicano en su deber de crear las condiciones necesarias para que en México se pueda ejercer plenamente el derecho a defender los derechos humanos.

El informe se propuso visibilizar el valioso trabajo que realizan las y los defensores en el país en la construcción de un Estado de derecho, e intentar trazar una ruta para que el Estado avanzara en la creación de las condiciones de diálogo y un mecanismo para defender a los defensores de derechos humanos.

Crecientes agresiones

Pero de un año a la fecha las circunstancias se han agudizado y con mayor frecuencia vemos defensores asesinados, sus casas quemadas, sus teléfonos intervenidos o huyendo al extranjero como asilados y en plena persecución política o judicial. El informe se sustentó en denuncias específicas de agresión y obstaculización, en información recabada in situ durante las visitas que la Oficina realizó a diez entidades federativas, incluido Jalisco, y del análisis de información generada por organismos altamente confiables. Sin embargo, poco ha hecho el gobierno federal al respecto. Casi nada han hecho las entidades de los estados (con la honrosa excepción del Gobierno del DF que ha desarrollado un destacado Programa de Derechos Humanos); pero nada, nada, las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, como la de Jalisco (CEDHJ), cuyo caso es patético, que en lugar de crear programas se dedica a crear plazas de trabajo para recomendados.

El informe de la Oficina demostró que en Jalisco existe un soterrado y sostenido mecanismo de represión que se ha agudizado y ha sido solapado desde el arribo de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián a la CEDHJ; quien justamente se ha dedicado a dificultar el trabajo de activistas y organismos civiles de derechos humanos que han sido críticos a su mediocre gestión. Recordemos que el presunto ombudsman para demostrar el talante autoritario que posee, llamó enemigos de los derechos humanos a varias organizaciones, entre ellas al Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo, y a la Red Jalisciense de Derechos Humanos, organismos que han denunciado la debilidad y el sometimiento que ha tenido el titular de la CEDHJ al Poder Ejecutivo.

Organismo rebasado

Rebasada una vez más la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH) presentó a principios de este mes de julio El derecho a defender: informe especial sobre la Situación de las y los defensores de los derechos humanos en México, donde invita a monitorear, dar seguimiento y realizar investigaciones “serias y contundentes” respecto de la situación particular de las y los defensores, así como implementar un mecanismo que permita denunciar los abusos en perjuicio de los integrantes de este grupo. En este informe se destaca que Jalisco está a la cabeza del país con más quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de activistas con 97 denuncias. (A tono con ello recordemos que Jalisco, en un informe también de la CNDH elaborado a finales del 2009, reveló que la entidad se encontraba a la cabeza a nivel nacional donde se cometían el mayor número de atropellos contra todos los derechos humanos).

Estos datos no son aislados. Por el contrario, han crecido gracias a que las autoridades del estado saben que tienen un presidente muy a modo en la CEDHJ. Que se ha dedicado a dar estridentes ruedas de prensa en cada recomendación que hace y alharaca por las que le aceptan, pero que guarda nulo silencio sobre la efectividad de su cumplimiento.

Ejemplos de incongruencia

La CEDHJ ha dedicado a jugar vencidas contra las organizaciones civiles de derechos humanos y a ponerse del lado de las autoridades como en los casos de feminicidios, el limosnazo, la contaminación del río Santiago y la represión de altermundistas en el 2004, por mencionar algunos. Desde la llegada de Álvarez Cibrián a la CEDHJ, este organismo ha abandonado a su suerte a cuanto activista realiza alguna manifestación, al grado de decir que no apoya porque “violan derechos de terceros”, que no enviará visitadores “porque primero está la seguridad del personal”, y porque no hará nada “sólo hasta cuando violen sus derechos humanos”.

Esta conducta va a tono con una falta de valor cívico. Recordemos que el mismo Álvarez Cibrián temeroso ante Filiberto Ortiz El Pinto, por la golpiza que recibió de éste, nunca acudió a ratificar una denuncia a la Procuraduría, y en cambio retiró una queja presentada en la CEDHJ para “mostrar buena voluntad” ante el gobierno del estado para ser nombrado presidente en este organismo. La llegada misma de Álvarez Cibrián dio en el contexto de violaciones a los derechos humanos de activistas como el consejero Misael Hernández Barrón, quien por cierto también declinó denunciar policías que lo vejaron el día que eligieron al presidente de la CEDHJ, no obstante que la CNDH emitió una recomendación en el caso; todo ello a cambio de no obstaculizar la llegada del hermano Alfonso Hernández Barrón, entonces secretario técnico del ramo en el Congreso, como vicepresidente de la CEDHJ en la tercera visitaduría. ¿Éste es el ejemplo que dan?

Necesario cambio

La represión contra maestros, activistas, periodistas y mujeres por los derechos humanos se ha acentuado en Jalisco y continuarán mientras no se esté valorando la necesidad de elegir a un auténtico ombudsman, plenamente convencido de que no basta que digan que le aceptan una recomendación, sino que demuestre la cantidad de funcionarios que han sido cesados y castigados por violar derechos humanos. Mientras tanto, los defensores seguirán sin defensa.

Fuente: La Jornada de Jalisco