jueves, 7 de julio de 2011

Impacta a enviada de la ONU violencia en México; es culpa del crimen organizado: Calderón


Navi Pillay y Felipe Calderón durante la reunión. Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F. (apro).- La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Navy Pillay, manifestó su preocupación por las crecientes denuncias de violaciones a los derechos humanos en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada.
Durante su participación en el evento “Derechos Humanos. México y la ONU: Construyendo hacia el Futuro”, Pillay exhortó al presidente Felipe Calderón a “asegurarse de que haya una investigación plena de todos estos sucesos que deberían ser tratados y manejados en los tribunales civiles, independientemente de quién haya sido el perpetrador”.
Luego de mencionar diferentes aspectos de la lucha anticrimen y la situación de los derechos humanos en México, la funcionaria de la ONU dijo sentirse preocupada e impactada, pues de manera constante –añadió– recibe informes sobre los atroces atropellos hacia los mexicanos y los migrantes extranjeros por parte de “las pandillas del crimen organizado”, y ha escuchado los relatos de víctimas, familiares y defensores de derechos humanos.
La seguridad, agregó, es un derecho bajo el cual “las personas pueden vivir libremente, sin amenazas causadas por la violencia y el crimen, y donde el Estado tiene los medios necesarios para garantizar y proteger los derechos humanos directamente amenazados”.
Luego espetó: “La persona se ubica al centro de este enfoque, y la protección a los derechos humanos es la razón de ser. Brindar la seguridad significa asegurar la protección de los derechos de todas las personas. Los derechos humanos es el camino, no el obstáculo, para fortalecer el Estado y asegurar que el estado de derecho prevalezca”.
No obstante, avaló el uso de las Fuerzas Armadas, al declarar que, bajo circunstancias especiales, se deben tomar medidas especiales, mientras el Estado construye la capacidad necesaria para proteger a sus ciudadanos de acuerdo con los términos del derecho.
“Pero dichas medidas excepcionales deben permanecer como lo que son: excepcionales y acotadas en el tiempo, y deben quedarse dentro de los límites definidos por las normas y los principios de los derechos humanos”, advirtió.
Esta declaración llamó especialmente la atención del presidente de México, quien en su intervención insistió en que su gobierno combate al crimen organizado sin necesidad declarar estado de excepción, además de que, subrayó, los derechos humanos se respetan.
“Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario, pero, debo aclararlo, sobre las normas ordinarias. No hay un régimen excepcional en nuestro país, por el contrario, estamos enfrentando este insólito desafío con un esfuerzo extraordinario, pero sin normas extraordinarias, así sea que estén previstas, y desde hace mucho tiempo, en la Constitución Mexicana. Esta diferencia es fundamental compartirla”, puntualizó.
Según el Ejecutivo, la delincuencia organizada trasnacional es la principal amenaza a los derechos humanos, las libertades y los regímenes de derecho en América Latina.
“Son precisamente los criminales, más que el Estado, los que están permanentemente atentando contra periodistas, contra activistas, contra migrantes y contra ciudadanos honestos e inocentes en nuestras naciones”, justificó.
Asimismo, expuso que en México la sociedad resiente el embate violento de los grupos criminales, y por ello, dijo, se están utilizando todas las herramientas del Estado, para impedir que los delincuentes atenten contra las libertades.
“Lo estamos haciendo con firmeza, sí, porque no hay otra manera de hacerlo eficazmente, hay que hacerlo con firmeza, pero siempre, siempre, con la plena conciencia de que nuestra primera obligación es observar la ley. Que nuestra primera obligación es proteger y respetar los derechos fundamentales de las personas en los cuales creemos”, expresó.
Durante el encuentro, la funcionaria de la ONU y el presidente Felipe calderón firmaron un acuerdo en el que se establecen las bases de un mecanismo de protección para activistas de derechos humanos, que aún está pendiente.
Además, Pillay entregó a Calderón el “Balance del Aporte e Incidencia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la Protección y Promoción de los Derechos Humanos 2002-2012”, ya que están por cumplirse 10 años de actividades de ACNUDH en el país.
La Alta Comisionada dijo que mantiene altas expectativas en lo que respecta al trabajo con las fuerzas de seguridad pública de México, así como con las Fuerzas Armadas, a fin de construir métodos de trabajo que renueven la confianza de las personas y el respeto a los derechos humanos.



Fuente: Proceso
Difusión AMLOTV

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