SERGIO FERRER (Corresponsal)
Tlapa, 1º de julio. La entrada de empresas mineras a La Montaña “representaría un signo de esclavitud del país, una subyugación que no se debe permitir”, aseguró Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan. Por su parte, comuneros de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, ratificaron su negativa contra la instalación de mineras en su territorio.
Durante el primer día de actividades del foro En Defensa del Territorio, organizado por Tlachinollan con motivo de su 17 aniversario, comuneros expusieron su postura ante la entrada de empresas mineras. Representantes del núcleo agrario de Totomixtlahuaca relataron que se dieron cuenta que unas personas se llevaba sacos con piedras, por lo que se reunieron para saber qué ocurría, y al enterarse que se realizaban labores de exploración decidieron reunirse en asamblea comunal para evitar “que se acabe el agua porque ahí nace… ¿dónde sembraremos si ponen las minas?”, cuestionaron, y advirtieron que si personas de las empresas mineras vuelven a entrar serán sacadas con piedras y palos.
Rosales Sierra indicó que el rechazo a la entrada de mineras por parte de comuneros de Totomixtlahuaca, “es un parteaguas, la etapa legal”, ya que dicho núcleo agrario registró su asamblea ante el Registro Agrario Nacional (RAN), en conformidad con la ley agraria para efectos jurídicos, otras asambleas registradas ante el RAN que se oponen a la minería en su territorio son las de Tierra Colorada, Iliatenco y San Miguel el Progreso.
Roberto Gamboa, del área educativa de Tlachinollan, informó que el gobierno federal otorgó concesiones a empresas mineras que abarcan 200 mil hectáreas, sin preguntar a los pueblos. Aseveró que existen 42 vetas en La Montaña, y precisó que hay lugares donde comuneros desconocen que existan vetas, como el caso de Temalacalzingo.
En el municipio de Acatepec, cuyo núcleo agrario recientemente recibió certificados de Área Natural Protegida por la Conanp, existen concesiones para seis vetas ubicadas en esa zona. Gamboa precisó que “con la reformas hechas al artículo 27 constitucional, el gobierno quitó derechos a campesinos; ahora las tierras puedan ser rentadas”.
En caso de que mineras entren a La Montaña, se originarían hasta 50 mil toneladas de basura de roca, se ocuparían cuatro toneladas de cianuro, material altamente tóxico y se gastarían 36 millones de litros de agua. Gamboa explicó que el negocio de la minería es redituable sólo para las empresas. En Carrizalillo, de la mina Los Filos, las mineras obtuvieron una ganancia de 250 millones de dólares.
En otro tema, campesinos de Paso de la Reina, Oaxaca, hablaron sobre la lucha que mantienen contra la instalación de una presa hidroeléctrica que afectaría su comunidad.
Fuente: La Jornada de Guerrero
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