JORGE ROCHA
El condenable ataque al Casino Royale en la capital del estado de Nuevo León, donde murieron 52 personas la semana pasada, generó un debate crucial para la vida del país. Este acontecimiento marcó un paso más en la escalada de violencia que vive México. Por primera vez en muchos años, se perpetró un ataque en contra de personas que no tenían ningún tipo de implicación con la guerra que empezó Felipe Calderón en contra de la delincuencia organizada, es decir: 52 personas inocentes fueron víctimas de este acto delicuencial. Por un lado está la versión oficial a la que se están sumando los poderes fácticos (grandes empresarios y el oligopolio televisivo) y los simpatizantes del partido en el poder, que ante los hechos piden aumentar la militarización, aprobar la Ley de Seguridad Nacional en los términos en los que está, junto con otras reglamentaciones en la materia y conceder un apoyo irrestricto a la estrategia emprendida por el Presidente de la República y su gabinete de seguridad. Las personas y grupos que comulgan con esta idea están dispuestos a acotar libertades y ceder derechos en aras de mantener una paz a costa de las armas y que no toca las raíces profundas del problema.
La otra vertiente, donde se aglutinan buena parte de las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, defensores de derechos humanos, amplios sectores académicos, medios de comunicación críticos y prensa escrita, plantean que la estrategia de Calderón está errada, que los hechos violentos del pasado jueves es la evidencia empírica más contundente de que esa forma de combatir a la delincuencia organizada no está funcionando y que es necesario hacer un abordaje que abarque múltiples soluciones, de corto, mediano y largo plazo, que ataque a la par las causas profundas del problema, sin dejar de lado la necesidad de controlar la creciente violencia.
El debate por sí mismo resulta de mucha trascendencia, pero si a esto le agregamos que está inmerso en un contexto preelectoral, su nivel de beligerancia puede empañar la discusión y provocar que no se realice un auténtico espacio de discusión y discernimiento social. No nos podemos permitir que en un asunto tan álgido y complejo, se sobrepongan los intereses político-electorales, ni las visiones de corta mira y estrechez de entendimiento.
Por eso es necesario, desde mi particular punto de vista, plantear una serie de reflexiones que ayuden a regular el debate en un marco que no deje que los presupuestos electorales marquen el rumbo de la discusión.
Uno de las acciones primordiales que tendrían que realizarse para desde allí generar la discusión es tener un diagnóstico completo del problema. De hecho este es uno de los planteamientos que proponen los académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), algunos dirán que no hay tiempo, pero si se recogen la multitud de estudios, diagnósticos locales, investigaciones, relatorías de foros, informes de organismos públicos y de organizaciones de la sociedad civil, se puede tener en un tiempo relativamente corto un documento integrador, que ponga cada una de las partes del problema en su justa dimensión. No hacerlo implicaría discutir haciendo castillos en el aire y condenando cualquier estrategia que se adopte a la inviabilidad y al error al no partir de la realidad concreta.
Un segundo elemento fundamental que se debería tener como punto de partida, es una evaluación concienzuda y desinteresada de la estrategia implementada por Felipe Calderón. Esta acción implica la determinación de indicadores para evaluar si efectivamente se ha avanzando en alguno de los puntos que se pretendía resolver. Algunos de estos factores que se tendrían que poner a consideración son: disminución y debilitamiento de los grupos delincuenciales, disminución de los hechos de violencia, disminución del consumo de drogas ilegales, abatimiento de la corrupción en instituciones de gobierno, decrecimiento de los niveles de impunidad, fortalecimiento institucional de los cuerpos policiales, grado de coordinación entre instancias de seguridad pública, transformación de espacios y territorios que antes se dedicaban a actividades ilegales a formas de trabajo legal, ruptura de redes de lavado de dinero, son algunos de los aspectos que tendrían que ser evaluados. Si se sigue creyendo que los indicadores para resolver este problema son aumentar el número de grandes capos detenidos o abatidos, o el número de detenciones o el número de efectivos y armamentos en un lugar, representa sin duda un grave error y una tremenda falsedad, ya que estos indicadores no dan muestra de efectividad y eficacia. Estos indicadores son para medir las acciones del gobierno, pero no dan cuenta del impacto y la eficacia. Si se entra en el terreno de la transformación y resolución del problema, seguramente los resultados serían muy poco halagadores.
El gobierno de Calderón al saber que no tiene la razón en su estrategia y que los efectos nocivos son más grandes que los aciertos, intenta sustentar en el miedo de la población, en la publicidad a través de los grandes medios de comunicación y en promesas a los poderes fácticos, continuar con esta forma de proceder, que puede poner al país en el borde de la constitución de un Estado represor, militarizado y donde las libertades se restrijan y los derechos queden soslayados. El segundo presidente del “cambio” puede poner nuevamente a México como en los tiempos más autoritarios del priísmo.
Por eso, antes de darle rienda suelta a sus pretensiones, necesitamos contar con un diagnóstico amplio y consensado y una evaluación exhausitiva de la estrategia, de no hacerlo así, estaríamos corriendo el riesgo de transitar a un país represivo y autoritario.
Postdata: El discurso precario y barato de “todos somos culpables” para lo único que sirve es para generar inmovilidad, pensar ingenuamente que en la esfera de lo individual se resuelven este tipo de problemas y para eximir a los verdaderos responsables de su culpa.
Correo electrónico: jerqmex@hotmail.com
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