Espía a Peña Nieto
Del abuso al cinismo
Una vez documentado el espionaje estadunidense sobre territorio mexicano y su población, incluido el presidente Enrique Peña Nieto –lo cual era del dominio público pero ahora ha sido comprobado con documentos extraídos de órganos de inteligencia de aquel país–, qué argumentos puede utilizar el gobierno federal para reclamar enérgicamente a su homólogo de Estados Unidos, cuando han sido las mismas administraciones priístas y panistas que durante décadas consintieron el intervencionismo extranjero en las decisiones políticas, económicas y de seguridad del país.
Para guardar las formas, las autoridades mexicanas han hecho tibios pronunciamientos por las intervenciones telefónicas de que fue objeto el ahora presidente de la República (antes de asumir la jefatura del Estado Mexicano) y los miembros de su gabinete, todos víctimas de la intercepción de sus comunicaciones por parte de corporaciones de inteligencia del vecino país.
De inmediato surgen dudas de si las empresas telefónicas mexicanas, especialmente la poderosa Teléfonos de México del magnate Carlos Slim Helú, han colaboraron con las agencias estadunidenses para grabar las conversaciones de Peña Nieto y su equipo de trabajo. Siempre han habido sospechas de que las telefónicas han colaborado con los órganos de inteligencia para espiar a los distintos actores sociales del país.
Con estas revelaciones de la intervención de llamadas telefónicas al jefe del Ejecutivo, a los secretarios de Estado y a los responsables de la seguridad nacional del país, las corporaciones policiales de Estados Unidos, bajo las órdenes de Barack Obama, violaron no sólo los derechos humanos de los políticos mexicanos sino, lo más grave, vulneraron la soberanía del país, pisotearon la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y violentaron leyes y acuerdos internacionales.
Por lo anterior, México debe hacer un reclamo enérgico, y sus órganos de inteligencia y de defensa del Estado iniciarían una investigación para determinar hasta dónde llegó el espionaje y si sólo fue la intercepción de llamadas telefónicas o atrás de ellas hay motivos de secretos industriales, productivos, de seguridad y de control político y social.
Ese escenario descubierto por el contratista estadunidense Edward Snowden, quien se refugia bajo el régimen de Rusia, no deja lugar a dudas del espionaje que practican las corporaciones estadunidenses: Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Agencia Central de Inteligencia (CIA), Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y Agencia Antidrogas (DEA) en contra de políticos, empresarios, líderes sociales y periodistas.
El gobierno de Estados Unidos ha respondido con cinismo que este sistema de vigilancia y espionaje lo realizan las agencias en todo el mundo, lo cual es cierto, pero lejos de quitarle responsabilidad a ese abuso intervencionista del país que quiere erigirse como un imperio, se agrava aún más por la vulnerabilidad de los derechos fundamentales de los ciudadanos de todos los países en donde las agencias de inteligencia de Estados Unidos operan y violan las leyes.
Contrario a lo que ha sucedido en Brasil, en donde también Estados Unidos espió a la presidenta Dilma Rousseff y ésta ordenó de inmediato una investigación a fondo para aplicar sanciones a Estados Unidos, en el caso mexicano la respuesta de las autoridades ha sido tan tibia que sólo refleja una humillante sumisión y temor que el gobierno tiene ante su vecino del Norte. “Más vale morir de pie que vivir arrodillado”: Zapata.
Y cómo reclamarle a Estados Unidos cuando fueron los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón los que le abrieron las puertas a la CIA, a la DEA, al FBI y a la NSA para que actuaran con impunidad en México y hasta permitieron que los agentes portaran armas y participaran abiertamente en espionaje e investigaciones policiales y políticas. Ahora toca a Peña Nieto responder enérgicamente ante la flagrante intervención, de la cual él mismo ha sido víctima, o continuar en la sumisión y soportar que ese país siga pisando la Constitución y la dignidad de los mexicanos.
Historias de espías
Permanentemente Contralínea ha dado cuenta de cómo el gobierno de Estados Unidos ha instalado su estructura de espionaje político, social y comercial en contra de México a través de las propias instituciones de seguridad, defensa e inteligencia mexicanas: Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina, Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Policía Federal, Procuraduría General de la República y Servicio de Administración Tributaria, entre otras.
Destacadamente, durante los 12 años de panismo (con más énfasis en el calderonismo) se firmaron decenas de contratos con empresas estadunidenses que, bajo el señuelo de la innovación y la excelencia tecnológica, obligaban a las instituciones mexicanas a “compartir” la información recabada. Por ello, incluso Estados Unidos financiaba el ciento por ciento de algunas compras y, en un caso, la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, autorizó directamente la venta de un equipo que se instalaría en México.
Es decir, con autorización del gobierno corrupto de Felipe Calderón, Estados Unidos instaló su estructura de espionaje en México a través de las propias instituciones mexicanas de seguridad nacional e inteligencia. Se valió de la política de puertas abiertas que le ofrecieron las administraciones federales panistas entre 2000 y 2012.
La supuesta guerra contra el narcotráfico con la que Felipe Calderón militarizó el territorio nacional a partir de 2006, sirvió para introducir poderosos aparatos de espionaje que operarían los mexicanos, pero a los que también tendrían acceso los estadunidenses. Entonces, cómo reclamarles ahora, cuando fueron todos los órganos de seguridad del país, con órdenes desde la Presidencia de la República, los que autorizaron dichos convenios y contratos para que las corporaciones policiales gringas espiaran en México.
El Cisen, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, a cargo de los servicios de inteligencia civil del Estado mexicano; la Secretaría de la Defensa Nacional; la Secretaría de Marina; la Procuraduría General de la República; la Policía Federal; el Servicio de Administración Tributaria, todas instituciones federales de seguridad nacional, adjudicaron de manera directa decenas de contratos por miles de millones de pesos a empresas como Verint Systems Inc, Security Tracking Devices y Broadlink, entre otras.
Con ellas erigieron estructuras capaces de intervenir masivamente todo tipo de comunicaciones electrónicas: desde llamadas telefónicas hasta computadoras, teléfonos inteligentes y sistemas encriptados. Con estas empresas, el gobierno federal del sexenio pasado construyó el Sistema de Intervención de Comunicaciones del Cisen, la Plataforma México (en la Policía Federal) e instaló el sistema más importante de espionaje masivo jamás instalado en el país: la Plataforma Pegasus (en la Sedena).
En este último caso, Hillary Clinton –entonces secretaria de Estado de Estados Unidos– autorizó personalmente la salida del equipo de ese país para instalarse en la Sedena.
De todo ello hemos dado cuenta a lo largo de los dos sexenios anteriores. Se ha documentado que en 2008 se firmaron 14 contratos entre el Cisen y Verint Systems Inc, a través de su filial Sogams, SA de CV. En un reportaje escrito por Zósimo Camacho se señalaba que con la adquisición de los equipos, México se obligaba a “compartir” la información con las agencias de inteligencia estadunidenses.
Para el 1 de julio de 2012, en esta columna se reveló la existencia de 12 contratos firmados entre la Sedena, Security Tracking Devices y otras empresas. Reportajes posteriores también darían cuenta de un total de 18 contratos para la construcción de la Plataforma Pegasus.
A la profunda descomposición social que vive el país en medio de la violencia, la corrupción gubernamental, los asesinatos, los secuestros y la pobreza extrema, lo que nos faltaba es la humillación y amenaza del gobierno de Barack Obama y la sumisión del gobierno de Peña Nieto.
Equipo militar de entrenamiento
México adquirió un sistema virtual de entrenamiento para las Fuerzas Especiales del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos. La elite de las tropas combatientes se entrenan en un espacio cerrado que reproduce virtualmente calles, carreteras y parajes de cualquier parte del país y América central. Sin embargo, la empresa contratada, Broadlink, entregó un sistema incompleto, con fallas y distinto al esperado por la Sedena. Con esta compra, las Fuerzas Armadas mexicanas estarían consolidando la conformación de cuerpos de elite para “operaciones quirúrgicas”, pero también estarían profundizando su dependencia tecnológica y operativa hacia los militares estadunidenses
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adquirió en 2011 un Sistema Virtual Interactivo de Ambiente de Confrontación para el entrenamiento de los efectivos adscritos al Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, la elite de combatientes del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos.
La empresa Broadlink, SA de CV, entregó los bienes muebles e inmuebles que integran el Sistema Virtual el 9 de marzo pasado. Doce días después, la Sedena debió solicitar a la compañía que “regularice la situación”: ingenieros y técnicos militares realizaron 77 observaciones por errores, omisiones y abiertas discrepancias entre lo que contrató la Secretaría y lo que le fue entregado.
El Sistema Virtual Interactivo de Ambiente de Confrontación es capaz de crear situaciones virtuales de enfrentamientos entre integrantes de las Fuerzas Especiales y supuestos grupos armados. Cuenta con la tecnología para crear ambientes hostiles que simulan escenarios y oponentes reales. Recrea virtual y puntualmente cualquier zona de las ciudades de México y de las naciones de América Central; así como cualquier región rural o campestre de todos los ecosistemas de estos países. Más aún, los rostros y la complexión de los oponentes virtuales pueden tener como modelos personas reales. Las armas y pertrechos que utilizan quienes reciben el adiestramiento son réplicas muy similares en dimensiones, peso y funciones a las reales.
Se trata de una obra de ingeniería civil, electrónica e informática que fue construida e instaurada en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales. Fue adquirida en 2011 mediante el contrato SAEYS-116/I/F/2011 celebrado mediante adjudicación directa con la empresa Broadlink, SA de CV, cuyo domicilio fiscal es Segunda Privada de Compostela, 10, Fraccionamiento Villas de la Hacienda, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, código postal 45640.
El domicilio es casi idéntico al de Security Tracking Devices, empresa de capital estadunidense a la que la Sedena adjudicó de manera directa ocho contratos por más de 5 mil 600 millones de pesos para adquirir equipo de intervención de comunicaciones y sistematización de información, entre el que se encuentra la Plataforma Pegasus, el proyecto de espionaje más ambicioso de las Fuerzas Armadas de los últimos lustros. Uno de los dos domicilios fiscales ofrecidos por Security a la Sedena es el de Primera Privada de Compostela, 1, Villas de la Hacienda, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, CP45640.
El Sistema Virtual Interactivo de Ambiente de Confrontación fue formalmente entregado a la Sedena el 9 de marzo pasado. A pesar de las fallas y omisiones, se encuentra funcionando. Es utilizado para entrenar a los efectivos militares que se forman en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, ubicado en el Campo Militar 37-B, en Temamatla, Estado de México.
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