Hay una contradicción entre la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) y la Ley general del servicio profesional docente, en niveles técnicos y políticos, señaló Oswaldo Antonio González, investigador en el tema educativo. Advirtió que estas leyes tiene contradicciones a nivel del discurso, pero también de articulados, y como ejemplo citó: “El artículo dice que en caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la evaluación que se aplique se dará por terminado el nombramiento, entonces la Ley es clara, el que no lo pase se va”.
Indicó que la evaluación sirve para mejorar la calidad educativa, y en el caso de la reforma educativa sólo sirve como pretexto para despedir gente. Al participar en el foro Evaluación educativa, convocado por la Universidad Veracruzana, la investigadora Yolanda Jiménez Naranjo y Oswaldo Antonio González advirtieron que la reforma educativa tiene más que ver con el control de parte del gobierno hacia el magisterio que con la calidad en la educación.
En este foro, advirtieron que para alcanzar la calidad educativa o los temas de evaluación no era necesario reformar la constitución, podrían haber buscado otros mecanismos. El primero en tomar la palabra para hablar acerca de este tema fue el investigador Oswaldo Antonio González, quien dijo que hay contradicciones en las leyes que se aprobaron en materia de la reforma educativa, y esto se ve a simple vista incluso entre los artículos que contiene la Ley de Evaluación.
Reiteró que son innecesarias las reformas constitucionales para determinar la manera de operar una evaluación, y agregó: “A la evaluación se le piden cosas que la evaluación no puede dar, antes de la reforma ya teníamos muchos mecanismos de evaluación, ¿cuál es el problema?, es la afectación desde el origen mismo de los que se vinculan con el servicio público, para definir quienes hacen bien y quienes hacen mal su trabajo”.
Agregó que de acuerdo con el panorama generado a partir de esta reforma, se ve un futuro incierto, pues la perspectiva que se mantiene es que a partir de ahora “va a haber despidos masivos y no tiene que ver con el examen, sino con un problema económico”. También pronosticó el surgimiento de polos anónimos de lucha, la polarización de las relaciones entre gobiernos y docentes y el rompimiento del tejido social fundamental que representaba la convivencia en la escuela, a partir de lo cual ya no será posible dar marcha atrás.
Refirió para terminar que ésta “ya no es una lucha empírica, ya se está llevando la vida de compañeros” y citó el caso de la maestra que este martes perdió la vida en un accidente en la zona sur del estado, cuando se dirigía a reforzar las protestas el cierre de la presa Yuribia, en donde además resultaron con lesiones otras siete personas.
Por su parte Yolanda Jiménez Naranjo, investigadora también en materia educativa, insistió en que no era necesario hacer cambios constitucionales para llegar a la calidad educativa, pues desde la legislación existente podían llevarse a cabo cambios que no fueran enfocados precisamente al tema de la evaluación.
Aseguró que es preocupante el hecho de darle un “uso estratégico” al tema de la evaluación, por encima de otros mecanismos, cuando se trata de alcanzar la calidad educativa, de ahí que consideró que “la calidad educativa no importa, sino el control del Estado sobre el magisterio”.
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