12 de Febrero de 2009. En el Círculo de Estudios Central de las Redes Universitarias, estuvieron como invitados la periodista Ana Lilia Pérez, de la Revista Contralínea, y el director del Sendero del Peje, Víctor Hernández.
En el caso de Ana Lilia, su presencia se debió al reciente cateo ilegal de que fueron objeto las oficinas de la Revista Contralinea, debido al pleito legal que mantienen con la empresa Grupo Zeta Gas, derivado de haber denunciado los contratos ilegales que obtuvieron a través del finado Juan Camilo Mouriño, hasta entonces mano derecha del espurio Calderón.
Es preocupante la persecución legal de que han sido objeto Contralínea y su personal, principalmente los periodistas Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo, debido a que esta andanada de ataques a la libertad de prensa han provenido de instituciones pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de México, que se supone tiene un gobierno progresista y de izquierda. Lo cual demuestra una vez más que la clase política sea del color que sea siempre actúa en función de los intereses de la oligarquía empresarial.
Ahora bien dicen que una golondrina no hace verano, pero en la misma tarde, Víctor Hernández, también denuncio un caso de abuso de autoridad por parte de un connotado perredista, tan connotado que es el Presidente Nacional de dicho partido, Jesús Ortega Martínez quien junto con sus hermanos se ha consolidado como terrateniente en el Ejido de Ixcatlán, Jalisco, siendo que el y su apreciable familia son oriundos del Estado de Aguascalientes y menos aún son ejidatarios o avecindados de Ixcatlán.
Pero la cosa no termina ahí, los propios ejidatarios de Ixcatlán comentaron que la denuncia de estos hechos la hicieron en primer lugar en el periódico La Jornada de Jalisco, la cual iba a ser publicada en dos partes, pero resulta que solamente salió la primera, de ahí que acudieron a El Sendero del Peje para dar continuidad a la difusión periodística de este asunto.
Sólo resta recordarles que a estos dos botones se suman otros actos de abuso de autoridad cometidos por gobiernos perredistas como la venta de una isla a extranjeros en el Estado de Michoacán, el proyecto La Parota y la Militarización en el Estado de Guerrero, y la continua agresión a las comunidades indígenas, la mayoría de ellas zapatistas, por parte del Gobierno de Chiapas.
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