La ASF presume un posible daño patrimonial en Bancomext por casi 20 millones de pesos e irregularidades por 415.5 millones de pesos en la cuenta pública 2006. Además, determina que el banco evita iniciar gestiones de cobro por la vía legal, carece de normativa para la supervisión de los deudores del sector gubernamental, no cuenta con procedimientos para la venta de cartera e incurre en direccionamiento inoportuno de cuentas por cobrar. El órgano fiscalizador señala a exfuncionarios involucrados en “hechos delictivos”; uno de ellos, preso desde 2007.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela irregularidades por 415 millones 534 mil pesos, además de un posible daño patrimonial por 19 millones 862 mil pesos, en las finanzas del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Las anomalías, que fueron detectadas en la revisión de la cuenta pública 2006, incluyen la omisión en gestiones de cobro, la carencia de garantías para recuperación de créditos, y el no ejercicio de acciones legales para reintegrar adeudos. El Bancomext –creado en 1937 durante la administración del presidente Lázaro Cárdenas– tiene formalmente la misión de fomentar la participación de las empresas mexicanas, principalmente pequeñas y medianas, en los mercados globales, proporcionando financiamiento, capacitación y asistencia técnica, a fin de impulsar el comercio exterior y promover el crecimiento regional y la creación de empleos en el país. La ASF detectó que los acreditados 2109324 y 2109656, con un adeudo por 19 millones 862 mil pesos, incumplieron el pago con el Bancomext. La Subgerencia de Promoción de Crédito los transfirió a la Dirección de Recuperaciones, quien los mantuvo en cobro extrajudicial desde julio de 2006, realizando el trámite de autorización para su traspaso a jurídico, cinco meses después de que debía haberse iniciado su cobro por la vía legal. En su informe, la Auditoría Superior señala que la dependencia tenía antecedentes de las situaciones que complicarían la recuperación de los adeudos, ya que la aseguradora informó que el pago de la póliza correspondiente era improcedente porque los acreditados tenían contratada otra póliza de seguro por el mismo concepto con el Banco del Bajío. Dicha situación no fue informada por los deudores, con lo que quedó sin efecto la póliza contratada con la aseguradora de Bancomext. El 6 agosto de 2004, Vicente Fox hizo pública su intención de desaparecer el Bancomext. Justificó la acción con una posible fusión del primero con Nacional Financiera (Nafin), ya que desde 30 años atrás el banco se manejaba en número rojos. El 24 de agosto de aquel mismo año, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo donde consideraba inviable la fusión. Con la llegada de Felipe Calderón al gobierno federal se siguió con la fusión de facto de ambas instituciones, dice Alfredo Castro Escudero, secretario general del Sindicato Nacional Único y Democrático de los Trabajadores del Bancomext. Mario Laborín, director de Nafin en aquel momento, fue nombrado también director del banco, convirtiéndose en el único funcionario con un doble nombramiento.
Venta bajo sospecha
La Auditoría Superior determinó que, el 31 de mayo de 2005, el Bancomext vendió y cedió los derechos de los fi- nanciamientos otorgados al acreditado 235202 a Argent Group Limited, empresa distinta a la autorizada originalmente por el Consejo Directivo del banco. En la operación, la entidad fiscalizada no constató la recepción del precio pactado y la ficha en la cual se realizó el depósito resultó falsa. Tampoco exhibió la autorización de cambio del comprador, que en un principio era Argent Investment Corp. Agrega que el Bancomext no acreditó haber realizado la investigación de la existencia legal de la empresa interesada por la compra, ni se cercioró de que las citadas sociedades utilizaran prácticas de cobranza razonables y ajustadas a derecho. Asimismo, no contó con el precio de referencia de la cartera, ya que en el análisis financiero que se realizó para evaluar la factibilidad de la venta de los derechos de los financiamientos otorgados a la acreditada, consideraron como base la oferta realizada por 1 millón 56 mil dólares. La ASF observó que, el 14 de julio de 2005, el Bancomext otorgó poderes para ceder a Argent Group Limited la totalidad de los derechos crediticios de que era titular, así como los accesorios, con la hipoteca sobre la unidad industrial ubicada en Brasil que garantizaba el crédito, cuyo valor era de 4 millones 311 mil dólares, sin haber constatado el pago de la operación por 1 millón 56 mil dólares. El 5 de agosto de 2005, la entidad fiscalizada se percató de la falta de aplicación del pago por 1 millón 56 mil dólares. La Auditoría Superior determinó que la falta de mecanismos de supervisión del área de Contabilidad del Bancomext, la “manipulación” de la información realizada por el entonces director de Recuperación de Crédito, Guillermo Vázquez Ochoa, y las afectaciones contables de las operaciones realizadas por la áreas operativas derivaron en la falta de recuperación de 1 millón 56 mil dólares, equivalentes a 11 millones 417 mil pesos. El 20 de octubre de 2005, el Bancomext, por medio del Despacho Jurídico Mateos, Montero, Martos & Cortés, presentó denuncia en contra del representante de la empresa Argent Group Limited y quienes resulten responsables. Ello derivó en la averiguación previa UEIDFF/FINM03/257/2005. La ASF señaló que, con el análisis de las declaraciones realizadas por funcionarios, se precisó que el entonces director de Recuperación de Crédito en Bancomext –quien actualmente se encuentra preso e inhabilitado por este caso desde 2007– se considera como probable responsable de la participación dolosa en la comisión de hechos delictivos junto con el representante de la empresa Argent Group Limited. La Auditoría Superior subrayó que el área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Bancomext sancionó al director de Recuperación de Crédito y a la directora Jurídica de Operaciones Bancarias –Miriam Ramírez Toledo, quien aún enfrenta el proceso penal en su contra–, quienes formalizaron con Argent Group Limited el convenio de cesión de derechos de los financiamientos otorgados al acreditado, sin considerar responsabilidades para quienes otorgaron la cesión de derechos sobre la hipoteca de la unidad industrial del acreditado y por el inoportuno registro contable de la operación. La ASF agrega que, con el análisis efectuado sobre la averiguación previa del caso, se constató que en la búsqueda realizada por el área contable del Bancomext respecto del depósito de 1 millón 56 mil dólares de la empresa Argent Group Limited, la directora de Contabilidad y Desarrollo Fiscal informó sobre la existencia de una operación por 1 millón de dólares en el Sistema Integral de Captura y Validación, (contabilidad) del Bancomext. Agrega que, con lo anterior, se comprobó el registro contable de las pólizas 90153, 90103, 90139 del 29 de junio, 21 y 29 de julio de 2005 respectivamente, en la que se registró como provisión de fondo para el establecimiento de una carta de crédito “stand by” irrevocable a favor del acreditado 235202 (empresa brasileña) y transferencias a la empresa Argent Investment Corporation. La Auditoría Superior determinó que la cantidad estaba integrada por tres depósitos que de inicio se identificaban con la operación del acreditado 514517 y como depositante una persona física; sin embargo, el director de Recuperación de Crédito precisó al gerente de Operación de Cartas de Crédito que el monto coincidía con el importe de la garantía a favor del acreditado 235202, dando por hecho que los depósitos por 1 millón de dólares que se recibieron correspondían al Fondo de Inversión realizado por Argent Investment Corporation. El 5 de julio de 2005, el represente legal de la empresa Argent Investment Corporation, a través de una carta, identificó como propios los tres depósitos antes señalados; sin embargo, el 20 de julio de 2005, éste mismo solicitó a la Gerencia de Operación de Cartera de Crédito y Sector Financiero le fueran devueltos los recursos por 1 millón de dólares dado que ya no le interesaba realizar operación alguna, lo cual realizó la entidad fiscalizada en septiembre de 2005. Fortuna solicitó entrevista con el Bancomext. Alejandro Rodríguez, director de Comunicación Social, la negó por “innecesaria”, pues, dijo, “las observaciones ya fueron solventadas”.
Inversión turística
No obstante, uno de los casos permanece abierto. La Auditoría Superior determinó que en el caso del acreditado 503023, constituido en julio de 1997, en agosto de 1998 se le otorgó un financiamiento por 3 millones de dólares para financiar hasta el 50 por ciento de la primera etapa del proyecto de inversión para la construcción de 41 villas en Puerto Vallarta. En 1999 se le otorgó otro crédito por 479 mil dólares para financiar hasta el 50 por ciento del presupuesto de obras complementarias para concluir la primera etapa del proyecto de inversión. Para ello, dice la Auditoría Superior, se estableció como garantía la hipoteca sobre la unidad completa y la cesión de los derechos de cobro que se deriven de los contratos que celebrara con sus clientes por concepto de la venta de tiempos compartidos; el acreditado cayó en cartera vencida a partir de octubre de 2000. La ASF observó que debido a la problemática del acreditado, el 3 de octubre de 2006, el Comité Interno de Crédito (CIC) del Bancomext autorizó la propuesta de vender los derechos de crédito litigiosos y cualquier otro gasto suscitado en relación con los financiamientos otorgados a la acreditada, por un pago en efectivo de 3 millones 150 mil dólares, el cual representó el 84.8 por ciento del remanente del capital original por 3 millones 712 mil dólares, para lo cual se condonaron intereses ordinarios vencidos y moratorios por 4 millones 867 mil dólares equivalentes a 52 millones 624 mil pesos. Además de la aplicación contra resultados o la cancelación de los gastos legales que se devenguen como resultado del cierre de esta operación por aproximadamente 1 millón 727 mil dólares, equivalentes a 18 millones 682 mil pesos.
No presenta demandas
La Auditoría Superior reporta que la entidad fiscalizada no acreditó haber presentado la demanda correspondiente ante el incumplimiento del acreditado 2100672, con adeudos por 9 millones 646 mil pesos, por la reestructura formalizada del adeudo en marzo de 2006. El área de Recuperaciones, aun cuando no contaba con autorización de la instancia facultada, mantuvo al acreditado en cobro extrajudicial desde la fecha de incumplimiento de la reestructura a diciembre de 2006 a pesar de exceder de los 30 días naturales que como máximo le autoriza su normativa. Además, en el caso de ocho acreditados, cuyas gestiones de cobro fueron realizadas por despachos externos, la Dirección de Jurídico Contencioso y Corporativo presentó denuncia de hechos ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República; sin embargo, al analizar los informes mensuales presentados por el abogado externo, se observó que en reiteradas ocasiones la entidad fiscalizada se demoró en la aportación de pruebas solicitadas o bien en el complemento de las ya presentadas por no ajustarse a los requerimientos que le fueron realizados, por lo que los expedientes fueron enviados a reserva. La entidad fiscalizada no aportó los requerimientos de pago de facturas del acreditado 2109207, con adeudo por 3 millones 697 mil pesos, con vencimiento en enero de 2005. Los documentos requeridos por el agente del Ministerio Público de la Federación no fueron presentados para la integración de la denuncia de hechos, con fecha 22 de septiembre de 2005. Respecto del acreditado 200710, con adeudos por 50 millones 64 mil pesos, la entidad fiscalizada evidenció el inicio de gestiones legales de cobro a través de la contratación del despacho Ojeda & Asali, quien supuestamente presentó el escrito inicial de juicio ejecutivo mercantil ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con fecha 16 de octubre de 2003. Sin embargo, no presentó evidencia documental de la aceptación del citado escrito por el Tribunal, estado procesal e informe bimestral presentado al CIC respecto de los avances del proceso. En el caso del acreditado 205128, con adeudos por 21 millones 568 mil pesos, reportado en cartera vencida al 31 de diciembre de 2006, que desde el 24 de febrero de 2004 incumplió el convenio judicial celebrado el 24 de noviembre de 2003, mediante el cual el CIC le autorizó un esquema de salida, no obstante que ya se tenía sentencia judicial a favor de Bancomext de fecha 20 de marzo de 2002. La ASF determinó que respecto al acreditado 2102082, con adeudos por 13 millones 81 mil pesos, que a diciembre de 2006 fue reportado en reestructura, se comprobó que ingresó a cartera vencida el 1 de diciembre de 2004, y al 31 de diciembre de 2006, dos años después de pasar a ese estado, no se había recuperado el crédito ni iniciado el proceso de cobro por la vía legal. Durante el lapso de referencia, se observaron diversos incumplimientos por el acreditado, que por sí mismos ameritaban su envío a la recuperación por la vía judicial, sin que el área de recuperaciones y la Dirección de Jurídico, Contencioso y Corporativo realizaran las gestiones que les correspondían. Además, del análisis de las afectaciones realizadas a la Estimación Preventiva para Riesgos, se desprende que, mediante la aplicación de condonaciones de capital, intereses ordinarios y moratorios sobre cuatro acreditados por 13 millones 31 mil pesos, una vez que realizó las acciones de negociación correspondientes, la entidad fiscalizada recuperó el 47.5 por ciento (6 millones 187 mil pesos); y condonó y castigó el 52.5 por ciento restante (6 millones 844 mil pesos), debido a que las garantías que sustentaban los créditos no cubrían el importe total del adeudo, no eran de fácil realización o, bien, en opinión del área jurídica, su proceso de adjudicación por la vía legal demoraría mucho tiempo.
Créditos sin relación
La ASF determinó que en el caso de cinco acreditados con adeudos al 31 de diciembre de 2006 por 23 mil 979 millones 59 mil pesos, fueron considerados en la meta denominada “Otorgar apoyos financieros a las empresas exportadoras y a sus proveedores” de acuerdo con el reporte número G13AP320; sin embargo, son recursos que no guardan relación con la procuración de la eficiencia y competitividad del comercio exterior que comprende la preexportación, exportación, importación y sustitución de importación de bienes y servicios. El crédito 2109859, por 15 mil 45 millones 71 mil pesos, se aplicó para el refinanciamiento de las obligaciones de pago del deudor, otorgar liquidez a sus títulos y mejorar los términos y condiciones de sus empréstitos financieros. El acreditado 31809, con línea de crédito vigente por 8 mil 411 millones 541 mil pesos, sirvió para el refinanciamiento de Pidiregas (Proyectos de infraestructura con impacto diferido en el registro del gasto), en el que se contemplan trabajos de obra pública para redes eléctricas. El adeudo 518086, por un adeudo de 84 millones 501 mil pesos, fue para financiar parcialmente la adquisición de las empresas subsidiarias dedicadas a la compra, venta, distribución y operación en cualquier forma con productos y materias primas de la industria manufacturera del papel para la edición de periódicos, libros y revistas. Los adeudos por 437 millones 944 mil pesos, con número 2101617 y 517625, se utilizaron para financiar parcialmente la construcción y el ciento por ciento del equipamiento del Hotel Sheraton Centro Histórico de la ciudad de México, así como el 70 por ciento de la venta de intervalos de tiempo compartido del desarrollo Fiesta Americana Vacation Club, ubicado en Los Cabos, Baja California Sur. Luego de conocer las observaciones, el Bancomext informó al ASF que considera que las empresas apoyadas sí guardan relación con la procuración de la eficiencia y competitividad del comercio exterior.
Préstamos del gobierno
La Auditoría Superior observó que en tres acreditados correspondientes a cartera vigente por 28 mil 809 millones 533 mil pesos, referidos a entidades gubernamentales, se carece de los informes de supervisión de crédito, debido a que no existe normativa para vigilar la situación que guardan los adeudos otorgados a dependencias, lo que impide llevar a cabo su seguimiento permanente y que Bancomext cuente con la evidencia de que los recursos se utilizaron en los fines por los que fueron contratados. Con el análisis de los informes de supervisión de octubre de 2006 y marzo de 2007, la ASF observó que la acreditada 20069, ubicada en cartera vigente, registró un nivel de endeudamiento a junio de 2006 del 72.7 por ciento y a diciembre del mismo año del 66 por ciento. Además, en los informes de supervisión se señala la situación negativa y el riesgo que genera para Bancomext la acreditada, debido a la volatilidad en el precio del algodón, originada por una mayor competencia asiática, ya que a partir del segundo semestre de 2006, dejó de operar el subsidio otorgado a los productores norteamericanos de algodón, factores que afectaron su operación.
Incumplimientos
La Auditoría Superior observó que el acreditado 210182, con saldo de 24 millones 732 mil pesos, celebró convenio de recalendarización de pagos al contrato de crédito en cuenta corriente el 13 de enero de 2006. La entidad fiscalizada no exhibió las pólizas de seguro actualizadas; los pagos y endosos a favor de Bancomext correspondientes al ejercicio de 2006 ni la actualización de avalúos, ya que su fecha de vencimiento fue a diciembre de 2005. Asimismo, los acreditados 2109611 y 2109160 fueron reportados con esquema de salida por 1 millón 618 mil pesos. El Bancomext formalizó reestructuras que operaron en el ejercicio de 2006. En lo que respecta al adeudo 2109611, no se envió el pago de póliza de seguro del último trimestre de 2006 y los avalúos que sustentaron la solicitud de autorización del esquema de salida tenían una antigüedad mayor a dos años. El Bancomext pidió a la ASF la no procedencia de la observación respecto al contrato del acreditado 2109160, ya que de acuerdo con lo señalado en el Manual de Crédito, la obligación solo aplica para los contratos de crédito y en este caso en particular se celebró un convenio judicial para darle más plazo al cliente para pagar su adeudo. La ASF determinó que el Bancomext incumplió en el seguimiento de las obligaciones de un acreditado en la reestructura de un crédito por 204 millones 339 mil pesos respecto de la obtención de pólizas de seguro, pagos y endosos en favor de la entidad fiscalizada. Además, no inició acciones legales con tres acreditados por 102 millones 446 mil pesos que permanecieron en cartera vencida en promedio por un año y seis meses, superando el plazo límite previsto por su normativa de seis meses. La Auditoría revela que en el caso de dos créditos, por 63 millones 374 mil pesos, se reportaron en cobranza extrajudicial, en promedio, por ocho meses, debiendo estar en cobranza judicial. Asimismo incumplió con tres acreditados con adeudos por 26 millones 350 mil pesos en la presentación de pólizas de seguro.
Más auditorías
El diputado Antonio Ortega, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, dice que, a causa de una denuncia ciudadana de Gabriel Reyes Orona, de la agrupación Transparencia Nacional, la Auditoría Superior le informó la inclusión de nuevas revisiones al Bancomext, incluidas en el Pavvi 2007 (Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones para la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública). El legislador, emanado del Partido de la Revolución Democrática, explica que se realizará una auditoría al desempeño de las acciones de financiamiento y promoción de las pequeñas y medianas empresas de comercio exterior; cuatro fiscalizaciones financieras y de cumplimiento, una sobre la administración de bienes en dación de pago, otra sobre la aplicación a la estimación de riesgos crediticios, cartera de crédito vencida, y deudores diversos, préstamos al personal y otros. (YT)
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