martes, 17 de marzo de 2009

Programa para la Defensa de la Economía Popular

Lic. Andrés Manuel López Obrador

Presidente Legítimo

Programa para la Defensa de la Economía Popular

Acciones en Materia Presupuestaria

I.- Antecedentes:

Desde hace 15 meses advertimos sobre los efectos que tendría la crisis

económica de Estados Unidos en nuestro país. Hoy, desgraciadamente, se han

cumplido esas predicciones.

Desde la campaña presidencial de 2006, mi equipo de asesores económicos,

me señalo la fragilidad económica de Estados Unidos y los impactos que podría

tener sobre nuestra economía.

Para nosotros estaba claro que debíamos trabajar desde el primer día para

protegernos de adversidades externas. Por desgracia esta situación se

manifiesta ya con toda su crudeza y el gobierno espurio, en forma totalmente

irresponsable, no ha tomado las medidas para hacerle frente.

Debe decirse que la implantación de la política neoliberal dejó a nuestra

economía muy expuesta a factores externos. Esta era y sigue siendo una de las

razones para proponer un cambio del modelo económico que fortaleciera las

actividades productivas, el mercado interno y la creación de empleos.

Sin embargo, al continuar la misma política e incluso profundizarse, nuestro país

es ahora más vulnerable. Debido a ello, al reventar la crisis hipotecaria en

Estados Unidos y contagiar los mercados internacionales de crédito, nuestra

economía se encuentra ya en un estancamiento de graves consecuencias para

la mayoría de los mexicanos.

Además de explicar puntualmente cómo se estaba gestando la crisis en Estados

Unidos, hicimos recomendaciones y exhortamos a los encargados del manejo de

la política económica a que cambiaran de actitud y actuaran con responsabilidad

y urgencia por el bien del interés nacional.

No obstante, se desatendieron nuestras advertencias. Al grado que apenas hace

algunas semanas, tanto Calderón como Carstens, llegaron a decir que si en

Estados Unidos les daba pulmonía, aquí solo nos provocaría una gripe.

Así, guiados por la inercia de la política neoliberal, fueron incapaces de impulsar

un programa para reactivar la economía, crear empleos, fortalecer el campo,

construir refinerías. Por el contrario, decidieron aumentar los precios de las

gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica; mantuvieron los privilegios

fiscales para los grandes contribuyentes y crearon el Impuesto Empresarial de

Tasa Única (IETU) que golpea a pequeñas y medianas empresas y limita la

generación de empleos.

No hicieron nada para lograr la autosuficiencia alimentaria y continuaron con el

criterio de comprar lo que consumimos en el extranjero. Impidieron la libre

competencia con la protección a los monopolios que cobran por bienes y

servicios precios exagerados y afectan a consumidores y empresas.

Y en vez de llevar a cabo un plan de austeridad para liberar fondos al desarrollo,

en dos años, el gobierno usurpador ha incrementado el gasto corriente en 400

mil millones de pesos, despilfarrando para ello los excedentes petroleros,

también ha sub ejercido los recursos aprobados por la Cámara de Diputados.

En fin, se ha perdido el tiempo, se ha dejado de aprovechar la oportunidad de

precios altos del petróleo que difícilmente se volverá a presentar. Y lo más

lamentable, es que ahora nos impacta la crisis de Estados Unidos con una

economía muy debilitada y con la devaluación de nuestra moneda.

El domingo 28 de septiembre, en el zócalo de la Ciudad de México, volví a

señalar la gravedad de este problema. Argumenté que este año el crecimiento

económico de México será el más bajo de todos los países de América Latina y

el Caribe.

Hay pérdida de empleos. El salario y los ingresos están resultando insuficientes

ante la carestía. Está creciendo la cartera vencida. Los bancos han reducido sus

créditos. Las tiendas departamentales están bajando sus ventas y la industria de

la construcción no está creciendo.

La recesión en Estados Unidos, ha reducido el monto de las remesas de los

trabajadores mexicanos en el extranjero y muchos de ellos empiezan a regresar

ante la falta de empleo en ese país. Está cayendo la producción, son menores

las exportaciones, y han bajando los niveles de ocupación en los destinos

turísticos, se ha reducido considerablemente el crédito internacional para

proyectos de inversión.

La caída en la producción de Pemex, ocasionada por su mal manejo y la baja en

los precios del petróleo, ha incrementado el déficit de la balanza de pagos.

De esta manera, sin considerar las exportaciones del petróleo, el déficit

comercial que en el 2000 fue de 14 mil 149 millones de dólares; pasó en 2007 a

53 mil 92 millones de dólares y, en 2008, según proyecciones, será de 68 mil

374 millones de dólares; es decir, crecerá alrededor de 15 mil millones de

dólares en un año.

Es importante señalar que el 86 por ciento de este incremento, se debe a la

creciente compra en el extranjero de alimentos y petrolíferos, principalmente

gasolinas. Y todavía así, el gobierno usurpador se ha negado a construir nuevas

refinerías y no ha apoyado a los productores del campo mexicano para lograr la

autosuficiencia alimentaria.

Cada vez más nos acercamos a una gran crisis de balanza de pagos; el tipo de

cambio se ha devaluado en 30% y lo único que hasta ahora ha hecho el

gobierno espurio, es utilizar 15 mil millones de dólares de nuestras reservas

internacionales para apoyar a las grandes empresas.

No obstante que debido a la inestabilidad financiera de los mercados, a los

malos manejos de las Afores y a las altas comisiones que cobran las operadoras

privadas de estos fondos, durante lo que va de este año se han esfumado 53 mil

millones de pesos en ahorros de los trabajadores.

Ante este adverso panorama, resulta claro que el gobierno espurio ha

reaccionado de manera tardía para atemperar los efectos de la crisis económica

de Estados Unidos, y su propuesta no va a resolver los graves y grandes

problemas del país, por lo que resulta altamente insuficiente.

Por todo lo anterior, vengo a proponer al Congreso y en especial a los diputados

y diputadas del Frente Amplio Progresista (FAP), la aplicación de un plan anti

crisis destinado a fortalecer nuestra producción interna para evitar un mayor

desempleo y reducir el déficit comercial.

II.- Objetivos del Programa:

1. Frenar la pérdida del poder adquisitivo del salario y de los ingresos de la

población en general, mediante el congelamiento de precios de precios en

alimentos, impuestos y servicios; y con la reducción de los precios de las

gasolinas, diesel, gas y la electricidad, para mejorar la competitividad de

la industria, dar alivio a los consumidores y reducir la presión inflacionaria.

2. Aumentar el presupuesto destinado al campo; se establezcan precios de

garantía y subsidios al fertilizante y a otros insumos, con el propósito de

reducir las importaciones de alimentos; evitar más aumentos en los

precios; mejorar la economía de campesinos y productores y atemperar el

fenómeno migratorio.

3. Construir tres refinerías para dejar de comprar las gasolinas en el

extranjero. y reducir las importaciones de este hidrocarburo, que ya se

acerca al 50 por ciento de lo que consumimos. Esto permitiría dar valor

agregado al petróleo crudo, generando empleos y se ahorrando divisas.

4. Llevar a cabo un programa de construcción de obras públicas, para

reactivar la economía y generar empleos; de manera particular, que se

atienda la falta de servicios públicos y de vivienda, en beneficio de la

gente pobre de los centros urbanos, las zonas rurales y de las ciudades

fronterizas.

5. Considerar el gasto destinado a la juventud como una inversión social;

que se otorguen becas a todos los estudiantes del país como se hace en

el Distrito Federal; que se aumente el presupuesto para las universidades

públicas a fin de aumentar la matricula para resolver el problema de miles

de jóvenes que son rechazados, con el pretexto de que no pasan el

examen de admisión y fortalecer la educación pública gratuita en todos

sus niveles.

6. Establecer el Estado de Bienestar con la puesta en marcha de programas

de apoyo directo a personas con discapacidad, becas para madres

solteras, atención médica y medicamentos gratuitos para aquellos que no

cuentan con seguridad social y que se aplique de manera universal en

todo el país, la pensión alimentaria a todos los adultos mayores del país,

equivalente a medio salario mínimo, como se lleva a cabo en el Distrito

Federal. Este apoyo debe otorgarse desde los 65 años, cuando menos,

en regiones indígenas y en las zonas de mayor pobreza del campo y la

ciudad.

7. Que se entreguen de inmediato los ahorros de los exbraceros y que se

establezca un programa de emergencia para atender a los municipios y

trabajadores migrantes que regresarán a México por los efectos de la

recesión en los Estados Unidos.

8. Que se atienda de manera urgente la pérdida del ahorro de los

trabajadores en las Afores.

9. Que los créditos que se otorguen con bajas tasas de interés a pequeñas y

medianas empresas y comercios, deben estar condicionados a que no

despidan trabajadores.

10.Que se cancele la llamada Alianza Educativa, y en particular, que no se

permita el cierre de las escuelas normales y se otorguen plazas a todos

sus egresados.

Para lograr lo anterior es necesario coordinar una serie de acciones que

necesariamente exigen la orientación del Presupuesto de Egresos de la

Federación para 2009, y que nos permitan financiar estos objetivos.

De esta manera y como parte del Plan Anti Crisis que se propone, es necesario

generar una bolsa de recursos a fin de canalizarlos a programas y acciones

urgentes para promover el desarrollo, la actividad económica, el empleo y el

bienestar de la gente.

En este contexto se propone un ambicioso programa de reasignaciones

presupuestarias para; la reactivación de la producción agrícola, la construcción

de 2 refinerías, el incremento de la matricula de las universidades públicas, el

desarrollo de infraestructura; mediante la construcción de caminos de concreto

en para comunicar a 100 cabeceras municipales, así como el establecimiento de

servicios públicos (agua potable, drenaje, pavimentación de calles, etc) en zonas

pobres del campo y la ciudad, y la aplicación diversos programas sociales; como

la pensión universal para adultos mayores, los apoyos a madres solteras, la

atención médica y medicamentos gratuitos a población que carece de seguridad

social, esta bolsa de reasignaciones involucra recursos por 369 mil millones de

pesos.

Recursos Adicionales

(Millones de Pesos)

Total

369,000.0

150,000.0

1

Precios de Garantia a Productores Rurales y Subsidios al Fertilizante para la

Autosuficiencia Alimentaria 55,000.0

2

Construccion de 2 Refinerias 28,000.0

3

Construcciòn de Caminos de Concreto para crear empleos y comunicar a

cabezeras municipales de zonas marginadas 20,000.0

4

Servicios Pùblicos para municipios pobres y colonias marginadas de las

ciudades (agua potable, drenaje, pavimiento, construccion de escuelas,

centros de salud, espacios recreativos y deportivos)

35,000.0

5

Construccion de Vivienda para familias pobres del campo y la ciudad 12,000.0

80,000.0

6

Apoyo a Adultos Mayores 25,000.0

7

Becas a Discapacitados 6,000.0

8

Apoyos a Madres Solteras 5,000.0

9

Entrega Gratuita de Utiles Escolares 5,000.0

10

Becas a todos los Estudiantes de Preparatorias Pùblicas del Paìs. 10,000.0

11

Mayor Presupuesto a Universidades Pùblicas 19,000.0

12

Atencion Medica y medicamentos gratuitos 5,000.0

13

Entrega de Ahorros a Exbraceros 1,500.0

14

Subsidio a Leche Liconsa 2,000.0

15

Comedores o Cocinas Populares en las Zonas de Mayor Pobreza del Campo y

la Ciudad 1,500.0

139,000.0

16

Subsidio a las Gasolinas, el diesel, el gas y la Energìa Elèctrica 70,000.0

17

Congelamiento de precios de la canasta bàsica y de servicios 16,000.0

18

Protecciòn Contra Pèrdidas de los Fondos de Pensiones de los trabajadores 53,000.0

Reactivaciòn Econòmica, Producciòn y Empleo

Estado de Bienestar

Protecciòn a los Ingresos y el Ahorro de los Trabajadores

Programa de Defensa de la Producciòn, Empleo y la Economia Popular

III) Cómo obtener los fondos para lograrlo:

Los fondos para este plan anti crisis pueden obtenerse si se aplica un estricto

Programa de Austeridad que permita reducir en 230 mil millones de pesos el

gasto superfluo del gobierno y se utiliza el superávit del sector público que al

mes de septiembre del presente año asciende a 139 mil millones de pesos, y

que se producto en gran medida de la mala administración y a la incapacidad de

operación del gobierno que provoca que los recursos no sean ejercidos.

Con esta bolsa que asciende a 369 mil millones de pesos, se deben financiar

proyectos de alto impacto económico para mejorar el nivel de empleo, la

competitividad y atemperar la crisis social y el clima de inseguridad,

De igual forma se deben garantizar recursos a la producción agrícola, mediante

financiamiento, subsidios y precios de garantía así como subsidios el

congelamiento de precios mencionado dentro en los objetivos del Programa de

Defensa de la Economía Popular.

En materia del Presupuesto de Egresos para 2009, nuestra propuesta, en

esencia, consiste en reducir el costo del gobierno a la sociedad y utilizar los

recursos no ejercidos durante el presente año para destinarlos a la construcción

de infraestructura y a programas sociales.

Siempre he sostenido que en ninguna circunstancia, menos en una situación de

estancamiento económico, desempleo y empobrecimiento, los servidores

públicos pueden disponer del presupuesto para obtener altos salarios,

prestaciones, beneficios y comodidades.

Por el contrario, ese recurso debe canalizarse a las necesidades apremiantes de

la gente.

III.1) Medidas de Austeridad Presupuestaria:

De manera específica, la reducción de 230 mil millones de pesos que

proponemos se puede lograr de la siguiente manera:

Que se ajuste a la baja la partida 1509 para reducir a la mitad los sueldos

desde el presidente espurio hasta los directores generales adjuntos del

Poder Ejecutivo Federal; que se reduzcan también a la mitad las

percepciones de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de

Justicia del Poder Judicial de la Federación; de los consejeros del IFE y

magistrados del Tribunal Electoral.

De la misma forma, disminuir a la mitad las percepciones de diputados

federales y senadores. Con este ajuste se obtendría un ahorro de 12 mil

millones de pesos.

Que se suprima la partida 1407 del Seguro de Separación Individualizada,

que consiste en un fondo de ahorro especial para la alta burocracia y que

se estima para 2009 en 6 mil millones de pesos.

Que se cancele la partida 1406 de Gastos Médicos Mayores para la

atención en hospitales privados de la alta burocracia, que equivale a 5 mil

050 millones de pesos.

Que se cancelen las pensiones a ex presidentes por 310 millones de

pesos al año.

Que se elimine la entrega de bonos discrecionales de fin de año para los

altos funcionarios públicos incluidos en la partida 1 500, que representa

una erogación de 11 mil 207 millones de pesos.

Que las partidas de “otros gastos corrientes” del presupuesto federal

diferentes a las que representan subsidios a la población en general y en

especial a aquellas dirigidas a la población en pobreza extrema, se

mantengan en el mismo nivel de 2007, más la inflación, con lo cual se

obtendría un ahorro en el presupuesto de 2009 de 230 mil millones de

pesos. Esto es una condición obligada debido a que el precio actual del

petróleo en los mercados internacionales, se ubica en niveles similares a

los registrados en ese entonces.

Para ello debe eliminarse la compra de vehículos para altos funcionarios,

los gastos de representación, viáticos de altos funcionarios, la

remodelación de oficinas, la renta de oficinas alternas de los servidores

públicos superiores, boletos de primera clase y gastos de vestuario.

También proponemos la reducción drástica de las partidas de publicidad,

servicios telefónicos, celulares, fotocopiado y papelería, alimentación de

funcionarios, servicios de asesoría, donativos, combustibles,

arrendamiento de inmuebles y fideicomisos, entre otras.

Adicional a lo anterior, y como parte de las medidas de austeridad la

Administración Pública Federal, el Poder Legislativo y el Poder Judicial deberán

cumplir las siguientes medidas de racionalidad y eficiencia:

Establecer un programa especial de reducción de costos y compactación

de estructuras administrativas, conforme a lo siguientes criterios:

No se crearán nuevas plazas en nivel alguno, con excepción de las plazas

para, maestros, médicos, enfermeras y policías, y se reducirán en un 50%

las percepciones salariales de funcionarios públicos de mandos

superiores y sus niveles homólogos;

Las dependencias ajustarán su estructura a tres subsecretarías o plazas

con niveles salariales equivalentes, como máximo, y las plazas sobrantes

se congelarán o se cancelarán.

Se mantendrá una relación de dos directores generales adjuntos por

Unidad, Coordinación y Dirección General o plazas con niveles salariales

equivalentes, y las plazas sobrantes se congelarán o se cancelarán;

Se deberán reducir las estructuras y gastos de administración de las

delegaciones, oficinas y representaciones en los Estados, que tengan

establecidas las dependencias, órganos administrativos desconcentrados

y entidades. Dicha reducción deberá igualar el gasto de operación no

prioritario, con el aprobado para el ejercicio fiscal de 2007.

Reducir estructuras y gastos de administración de las representaciones y

oficinas en el extranjero que tengan establecidas el sector central del

Gobierno Federal, y las demás dependencias, órganos administrativos

desconcentrados y entidades. Dicha reducción deberá igualar el gasto de

operación no prioritario, con el aprobado para el ejercicio fiscal de 2007.

Compactación de estructuras y reducción al mínimo indispensable de los

gastos de administración en oficialías mayores o unidades administrativas

que realicen la función equivalente, y coordinaciones administrativas,

oficinas que lleven a cabo funciones de comunicación social y oficinas de

enlace. Dicha reducción deberá igualar el gasto de operación no

prioritario, con el aprobado para el ejercicio fiscal de 2007.

Cancelar la adquisición de vehículos nuevos, salvo en el caso de las

unidades destinadas a las funciones de seguridad pública, protección civil

y ambulancias.

Las entidades paraestatales de control directo e indirecto, propondrán un

programa de compactación de estructuras y reducción de costos

equivalente a los establecidos para las dependencias en los incisos

anteriores, sin que se afecte su operación sustantiva;

Cancelar los gastos por concepto de telefonía celular.

Cancelar los gastos de alimentación para funcionarios dentro o fuera de

las instalaciones de las dependencias y entidades, así como de viáticos y

pasajes, que sean estrictamente necesarios por el desempeño de las

funciones de los servidores públicos.

Centralizar la operación de compras y almacenes.

Las contrataciones de asesorías, estudios e investigaciones deberán

cancelarse o en su caso reducirse al mínimo indispensable.

Las dependencias y entidades no podrán efectuar adquisiciones o nuevos

arrendamientos de bienes inmuebles para oficinas públicas, y cancelar los

que actualmente se tengan salvo en los casos estrictamente

indispensables para el cumplimiento de sus objetivos

En consecuencia, se deberá optimizar la utilización de los espacios físicos

disponibles en la Administración Pública Federal, dando estricto

cumplimiento a las disposiciones aplicables en la materia. En caso de que

se encuentren bienes inmuebles subutilizados u ociosos, deberán de

utilizarse a su máxima capacidad.

Las dependencias y entidades deberán procurar la sustitución de

arrendamientos por la utilización de bienes inmuebles ociosos o

subutilizados, a efecto de promover la eficiencia en la utilización de dichos

bienes, respetando los términos de los respectivos contratos de

arrendamiento y evitando costos adicionales.

Las Cámaras del Congreso de la Unión, a través de su correspondiente

Secretaría General, deberán de adoptar, en lo conducente, todas las

medidas de austeridad anteriormente señaladas.

El Poder Judicial de la Federación sin detrimento de la mejoría en el

cumplimiento de sus funciones, sobre todo por lo que se refiere a la

impartición de justicia pronta y expedita, deberá de adoptar, en lo

conducente, todas las medidas de austeridad señaladas en el plan de

austeridad. Al igual que los organismos autónomos

IV) Reactivación Económica, Producción y Empleo:

IV.1) Precios de Garantía a Productores Rurales y Subsidios al Fertilizante para

la Autosuficiencia Alimentaria

:

La solución de fondo es aumentar la producción de maíz y de granos básicos

con base en mayor productividad, programas de apoyo a productores,

inversiones públicas y la adopción de una estrategia moderna de mediano y

largo plazo, cuyo objetivo sea recuperar la autosuficiencia en la producción de

alimentos para estar razonablemente protegidos de los aumentos de los precios

internacionales del, cuyas causas escapan a nuestro control.

Los principales instrumentos de esta estrategia son:

1. La recuperación de tierras que se han dejado de sembrar en la última

década;

2. La fijación de un precio de garantía para los productores, suficientemente

realista, que cubra los aumentos pasados de costos de producción y que

les permita un margen razonable de utilidad. De igual manera se deben

de incluir subsidios a la producción de productos agrícolas.

3. Asegurar la concurrencia sistémica de los centros de investigación

agrícola mexicanos. Cuyas contribuciones en el pasado han sido

trascendentales en el desarrollo de nuevas variedades y tecnologías.

4. Cambiar los calendarios de desembolso de los apoyos de Procampo. Hoy

se pagan los apoyos 2 meses después de la siembra por la burocracia.

Está medida permitirá disponer a 2 millones de productores agrícolas de

temporal de 10 mil millones de pesos de manera oportuna para apoyar la

adquisición de insumos y la preparación de las tierras de cultivo y des

está forma contribuir al impulso a la producción de alimentos y a la

conservación y aumento de empleos rurales.

5. Establecimiento de un mandato en el Decreto de Presupuesto de Egresos

de la Federación para 2009 para que el gobierno federal a través de

Sagarpa entregue los apoyos a la producción con un monto aproximado

de 10 mil millones de pesos con al menos dos meses de anticipación a

las fechas de siembra del ciclo primavera-verano. Esta medida

beneficiará a 500 mil productores de temporal con la entrega oportuna por

primera vez de los apoyos a la producción (activos productivos, compras

consolidadas de insumos, subsidios a diesel, asistencia técnica, etc.) y de

esta forma impulsar la producción de alimentos, abaratar los costos de

producción y mantener empleos en el campo.

6. Impulsar la organización de los pequeños y medianos productores para la

comercialización del maíz, a fin de que logren participar en condiciones

de equidad en el mercado frente a productores e intermediarios más

grandes. Esto es un requisito indispensable para ordenar el mercado.

7. El Estado debe operar un marco regulatorio suficientemente sólido que

garantice que la comercialización de los productos sea justa y eficiente y

sin sesgos contra del productor.

8. Ampliar las operaciones de Financiera Rural, organismo que sustituyó a

Banrural y cuyo quebranto tuvo un costo para los contribuyentes poco

más de 60 mil millones de pesos.

9. Se deben alinear todos los programas de apoyo existentes bajo una sola

estrategia de incremento de la producción a base de eficiencia y con un

modelo sustentable.

10.Valorar a la agricultura de autoconsumo por ser el sector que conserva

sus propias variedades. Mantener al sistema de autoconsumo es una alta

prioridad, porque en ausencia de esta producción lo que tendremos es

una mayor demanda de subsidios, incluyendo para la tortilla y un

deterioro acelerado del medioambiente.

11.También debemos aumentar las obras de infraestructura que apoyan al

campo, y que se han descuidado en los tres últimos decenios, una de las

razones por las que los rendimientos por hectárea son tan bajos. La

infraestructura de agua debe recibir máxima atención, pues faltan canales

de riego, lo que causa un alto desperdicio de agua en los distritos de

riego.

12.México no puede aplicar reglas de libre comercio con países que

subsidian su producción o sus exportaciones, ya que eso representa una

competencia desleal y no nos permitiría cumplir con nuestro objetivo de

aumentar la producción. Los altos subsidios que otorga Norteamérica a su

agricultura no son compatibles con el principio de libre comercio.

13.Por lo tanto, debemos de exigir, que con base en los compromisos

adquiridos por el Gobierno en el Acuerdo Nacional para el Campo, se

retire al maíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN).

14.Por ello, y de manera adicional, se propone un Decreto Legislativo que

ordene al Ejecutivo cumplir con este compromiso.

15.El Decreto se basaría en el Artículo 131 Constitucional Fracción II que

permite por causas de emergencia nacional y seguridad, la restricción de

importaciones y la imposición de aranceles.

Por ello, proponemos una asignación adicional de 55 mil millones de pesos, a lo

establecido en el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2009,

entregado a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre.

IV.2) Construcción de 2 Nuevas Refinerías:

Resulta prioritario, que el país reduzca sus importaciones de gasolinas y

petroquímicos, para ello, es urgente propiciar una mayor inversión de PEMEX;

en materia de exploración y producción.

En este contexto, resulta claro, que las modificaciones a la Ley de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria, que cancelan el costoso mecanismo de

financiamiento utilizado por la paraestatal denominado “Pidiregas”, así como las

modificaciones a la Ley de Ingresos y a la Ley Federal de Derechos aprobadas

recientemente por el Poder Legislativo, representan un avance importante para

el futuro en materia de disponibilidad de recursos para Petróleos Mexicanos.

Sin embargo, dicha reforma aunque detuvo el mecanismo de financiamiento a

través de Pidiregas incrementó la deuda de la paraestatal ya que se estableció

que será Petróleos Mexicanos y no, el gobierno federal, quien de aquí en

adelante se encargará de pagar la deuda derivada de los Pidiregas, con sus

propios recursos.

Por ello, y a pesar de que dentro de dichas reformas se le permitió a la

paraestatal la utilización de 12 mil millones de pesos provenientes del Fondo

para Inversiones de Pemex para la construcción de una refinería, es claro que

ante su nueva realidad financiera resulta necesario asegurar que cuente con

recursos suficientes para iniciar la construcción de 2 refinerías adicionales.

Por ello se propone una asignación adicional de 24 mil millones de pesos, a lo

establecido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación,

entregado a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre.

IV.3) Construcción de Caminos de Concreto para crear empleo y comunicar a

las cabeceras municipales de zonas marginadas:

Existen más de 100 cabeceras municipales de los 2036 municipios del régimen

de partido que sólo cuentan con caminos de terracería en mal estado y de los

475 municipios de usos y costumbres del estado de Oaxaca, el 80% tampoco

cuenta con acceso a sus cabeceras municipales por caminos pavimentados.

De modo que proponemos la aplicación de un programa de construcción de

caminos rurales de concreto y con mano de obra de la misma comunidad. Esto

permitiría combatir no sólo el aislamiento físico, sino generar empleos en estas

regiones pobres y deprimidas del país.

IV.4) Servicios Públicos para municipios pobres y colonias marginadas de las

ciudades:

Existen un gran número de colonias populares donde vive la gente muy pobre

del país que no cuentan con los servicios públicos más indispensables como;

agua potable, drenaje, pavimento, centros de salud, escuelas, espacios públicos

para la recreación, y el deporte.

En esta situación y tan sólo por citar algunos ejemplos se encuentran los

municipios de Chalco, Valle de Chalco, Neza, Ecatepec, Chimalhuacán, Los

Reyes, La Paz y otros municipios en el Estado de México; las colonias populares

en las ciudades fronterizas, y en casi todos los centros urbanos del país, hay

familias viviendo en colonias marginadas sin los servicios básicos.

Con este programa, además de reactivar la industria de la construcción, se

crearían empleos y se reactivaría la economía en estos tiempos de crisis.

IV.5) Construcción de Vivienda:

Con el objeto de promover el acceso a la vivienda para la gente de escasos

recursos deberán otorgarse créditos con tasas de interés equivalentes al

incremento anual del salario mínimo. Para ello se deberán modificar las reglas

de operación de FONHAPO y dotarlo con recursos adicionales por 12 mil

millones de pesos para construir 350 mil acciones de vivienda.

V) Establecer el Estado de Bienestar:

Como parte de la Estrategia Anti Crisis; se propone destinar una bolsa de 80 mil

millones de pesos para poner en marcha 10 programas cuyo objetivo es restituir

el bienestar a la población más desprotegida.

V.1) Apoyos a Adultos Mayores, Discapacitados y Madres Solteras

:

Para proteger y mejorar la calidad de vida de la población más desprotegida

proponemos incluir una previsión presupuestaria por 25 mil millones de pesos

para la pensión alimenticia universal para los Adultos Mayores de 65 años en

todo el país.

Así como 6 mil millones de pesos para apoyos económicos personas con

discapacidad y 5 mil millones de pesos para la atención de madres solteras,

V.2) Útiles Escolares, Becas a Estudiantes de Preparatoria e Incremento de la

Matricula en las Universidades Públicas:

En este Plan, se propone también la previsión de 5,000 millones de pesos para

el Programa de Útiles Escolares en todo el país así como una bolsa de 10,000

millones de pesos para establecer un programa de becas mensuales de 600

pesos, para estudiantes de nivel medio (bachillerato) en todo el país, tal y como

el que se aplica por el Gobierno del Distrito Federal.

Es pertinente señalar que la generación de una sociedad con mayor igualdad de

oportunidades requiere que ningún alumno de nivel universitario se quede sin

la posibilidad de acceder a los estudios superiores, para falta de capacidad en

las universidades y centros de estudios superiores.

Por ello, nuestra propuesta busca dotar de 19 mil millones de pesos adicionales

a los centros de educación superior de todo el país para incrementar la matricula

de estudiantes de nivel universitario.

Esto en el entendido de que como En materia de salud, proponemos que se

destinen 5,000 millones de pesos para otorgar atención médica y medicamentos

gratuitos a personas que no gozan de seguridad social.

V.3) Entrega de sus Ahorros a los Ex Braceros, Subsidio a la leche Liconsa y

establecimiento de Comedores Populares:

El incremento en el costo de la vida, ha provocado que las familias y con ello

muchos niños, en especial en las comunidades rurales, se queden sin acceso a

productos escenciales para su desarrollo, por ello, nuestra propuesta busca la

asignación de un mil millones de pesos a Liconsa para duplicar la cobertura de

beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, manteniendo los precios

vigentes al nivel de julio de 2008.

De igual manera se propone una asignación de 1,500 millones de pesos para el

establecimiento de comedores populares en las zonas de mayor pobreza del

campo y la ciudad.

Finalmente es preciso devolver los ahorros que por muchos años los ex

braceros lograron acumular y que les fueron arrebatados, por ello propones que

se destine una bolsa de 1,500 millones de pesos, para que el gobierno cumpla

con esta obligación.

VI) Protección a los Ingresos y al Ahorro de los Trabajadores:

Es preciso frenar la pérdida del poder adquisitivo del salario y de los ingresos de

la población en general, ya en los 23 meses que lleva Calderón usurpando el

gobierno, mientras el desempleo es el más alto de los últimos ocho años y el

salario mínimo sólo se ha incrementado en 8 por ciento, el precio de la tortilla ha

aumentado en 42 por ciento; el pan 60 por ciento; la leche 35 por ciento; el

huevo 80 por ciento; el frijol 100 por ciento; la lenteja 130 por ciento; el arroz 130

por ciento; el aceite 113 por ciento; la carne de res 60 por ciento; la carne de

cerdo 50 por ciento; el pollo 50 por ciento; el café 65 por ciento; el azúcar 40 por

ciento; las pastas para sopa 62 por ciento; la gasolina 10 por ciento; el diesel 18

por ciento; el gas 20 por ciento; y la luz, sólo en lo que va del año, 100 por

ciento.

Lo anterior exige que se convoque y persuada a los representantes de los

sectores productivos y sociales, y se apliquen todos los instrumentos con que

dispone el Estado (presupuesto, leyes, decretos, subsidios, controles,

regulación, entre otros) para suscribir y llevar a cabo un Pacto que garantice que

no sigan aumentando.

Por ello, en el marco del plan anti crisis que estamos presentando al Congreso

de la Unión, y como parte de las acciones a incluir en el presupuesto del año

próximo, proponemos lo siguiente:

VI.1) Subsidio a las Gasolinas, el Diesel, el gas, y la energía eléctrica:

Desde mediados del presente año, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,

ha venido incrementando los precios de las gasolinas y el diesel, de la energía

eléctrica y del gas natural, para compensar los ingresos públicos que dejan de

recaudar debido a los regímenes especiales que permiten a los grandes

contribuyentes eludir el pago de impuestos, argumentando para ello, el

incremento en el precio internacional del petróleo y de otros energéticos.

Lo anterior ha restado competitividad a las empresas y ha dañado el poder

adquisitivo de las personas, contribuyendo no sólo al desempleo, sino también al

deterioro del poder adquisitivo del salario.

Es un hecho innegable, que la disminución del precio del petróleo en los

mercados internacionales afecta nuestras finanzas públicas, pero también

reduce el precio internacional de las gasolinas y con ello su costo de

importación, de tal manera que ante la disminución en el precio del petróleo, no

existe razón alguna para continuar aplicando los incrementos al precio de estos

energéticos, más aún, como parte de este Plan Anti crisis es necesario reducir el

precio de estos.

Más aún, en este contexto se debe reducir el costo de dichos energéticos, para

lo que se propone que se incrementen para el próximo año en 70 mil millones de

pesos los subsidios a las gasolinas, y a la energía eléctrica.

V.2) Congelamiento de Precios de la Canasta Básica y de Servicios:

En este punto, hemos definido una “canasta básica de consumo generalizado”

que se constituye por productos y servicios, cuyo precio debe mantenerse hasta

que haya crecimiento económico, se generen empleos y se recupere el poder

adquisitivo del salario cuando menos, en lo perdido en los últimos dos años.

Para ello, además de es necesario que el Estado utilice todas las herramientas

de las que dispone, se propone que se integre en el Presupuesto de Egresos de

la Federación para 2009, una bolsa de hasta 16,000 millones de pesos para

incentivar a los sectores productivos, comerciantes y proveedores de servicios a

formar parte de este acuerdo. En este sentido la canasta que proponemos

deberá incluir lo siguiente:

Tortilla, Pan, Agua, Leche, Huevo, Frijol, Lenteja, Arroz, Aceite,

Carne de res y de cerdo, Pollo, Café, Azúcar, Pastas, Teléfono,

Transporte público, Medicamentos, Renta de vivienda,

Colegiaturas, Predial y Peajes de carreteras

V.3) Protección contra pérdidas de los Fondos de Pensiones de los

Trabajadores:

De acuerdo con datos de la Comisión del Ahorro para el Retiro (CONSAR),

durante los últimos meses se han perdido 53 mil millones de pesos, por ello se

propone restituir los fondos de ahorro de sus cuentas individuales para que

estas recuperen al menos el saldo que registraron durante el mes de junio del

presente año, para lo cual se propone una asignación presupuestaria especial

de 53 mil millones de pesos.

No obstante lo anterior, se propone que paralelamente se lleven a cabo

modificaciones al marco regulatorio de estos fondos, para que se establezca un

“seguro del ahorro” que funcionaria de manera semejante al que ya existe para

las personas que tienen su dinero en las instituciones bancarias, y que está a

cargo del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

En este mismo sentido, el nuevo marco regulatorio deberá asegurar la

disminución de las comisiones que los operadores privados de estos fondos

cobran y determinar que éstas comisiones estén en determinadas por el

rendimiento real de cada fondo, cuidando que en todo momento se mantenga un

rendimiento real positivo en los ahorros de los trabajadores.

VII) Conclusión

:

Hoy más que nunca, se deben de utilizar todos los instrumentos de los que

dispone el Estado para apoyar al pueblo, y no seguir utilizando el presupuesto

para el sacrificio de los mismos de siempre.


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Hasta la victoria siempre. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! 

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