La familias Mariscal Servitje y Mariscal Torroella, quienes aportaron más de 2 millones de pesos al PAN en 2005 –la cuarta parte del total de aportaciones de particulares al partido en ese año–, se ven beneficiadas con un contrato de financiamiento multianual superior a los 4 mil millones de pesos. Son los primeros favorecidos del nuevo esquema de privatización del sistema de salud pública conocido como Proyectos de Prestación de Servicios. El otro grupo empresarial privilegiado es Acciona, trasnacional española vinculada al Partido Popular .
Integrantes de la familia Mariscal Servitje obtienen del gobierno federal un contrato de financiamiento multianual por más de 4 mil millones de pesos. El compromiso se llevó a cabo a través de los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), instrumentados por la Secretaría de Salud para la construcción e instalación de uno de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ésta es la segunda unidad hospitalaria de un esquema que privatizará los servicios sanitarios en el país, dice Asa Cristina Laurell, titular de la “Secretaría de Salud” del llamado “gobierno legítimo de México”. El “financiamiento” de dos HRAE compromete más de 7 mil millones de pesos en contratos multianuales.
El objetivo de las autoridades es edificar 10 unidades médicas más antes de que concluya el actual sexenio. Se estima que entonces el monto total de los contratos superará los 40 mil millones de pesos. Además, existe una diferencia entre los montos destinados a los HRAE del Bajío (León, Guanajuato) y de Ciudad Victoria, Tamaulipas, por 977 millones 748 mil 104 pesos. El que se lleva la partida más grande tendrá una capacidad de atención menor, indica una investigación que se lleva a cabo en el “gobierno legítimo de México”, que encabeza Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con los contratos –de los cuales Contralínea posee copia–, el HRAE Bajío significará un gasto de 3 mil 130 millones 874 mil 400 pesos, con un espacio para 184 camas y el servicio médico de 27 especialidades. En tanto, el HRAE de Ciudad Victoria implicará un desembolso de 4 mil 108 millones 622 mil 504 pesos, con 100 camas y 14 especialidades. Los documentos también indican que la infraestructura no es propiedad del Estado mientras no se concluyan los pagos programados a 25 años. Asa Cristina Laurell y Joel Herrera Ronquillo, titular y asesor del área de salud, también documentan que los proyectos han sido entregados a “dos compañías relacionadas con los partidos políticos de derecha en México y España”, Infraestructura Hospitalaria del Noreste y Acciona, respectivamente. Asimismo, que estos modelos de negocios han fracasado económica, social y laboralmente en el sistema sanitario de España e Inglaterra. La exsecretaria de Salud del gobierno del Distrito Federal, durante la administración de López Obrador, asegura en entrevista que la entrega de los proyectos a la iniciativa privada representa un gasto “excesivo”, pues un hospital del mismo tipo en realidad significaría el pago de 500 millones de pesos y quedaría bajo el control total de la administración pública.
Los contratos
Resultado de la licitación pública internacional 0001200-001-05, el primer esquema PPS en el sector se firmó justo un año antes de que concluyera el mandato de Vicente Fox. La trasnacional española Acciona –denunciada en aquel país, por organizaciones sociales, por “contribuir al desmantelamiento del sistema sanitario”– fue la ganadora de un contrato por 3 mil 130 millones 874 mil 400 pesos, vigente hasta el 24 de noviembre de 2030. Los directores generales de Desarrollo de la Infraestructura Física, Arturo Pérez Estrada; de Planeación y Desarrollo en Salud, Eduardo Pesqueira Villegas; de Coordinación de los Hospitales Federales y de Referencia, Bernardo Bodart Ramos; de Programación y Organización Presupuestal, Fernando Chacón Sosa; y el director general adjunto de Evaluación de Proyectos, Carlos Eduardo Mar Pérez, por parte de la Secretaría de Salud (Ssa), y del representante en México de Acciona, José Mariano Cano Capdevila, asentaron sus firmas en el contrato 00012004- 005 el 7 de noviembre de 2005.
El último día en el poder, Vicente Fox Quesada inauguró las instalaciones de este HRAE y pasó la estafeta a Calderón Hinojosa para que continuara con el compromiso adquirido. En las instalaciones de la unidad médica –donde se promueven los logotipos de la Ssa y Acciona a la entrada de la construcción–, el exmandatario explicó ante sus paisanos: “No hemos tenido que hacer uso e invertir recursos fiscales, hasta este momento, en esta obra. En este majestuoso edificio, equipado con lo mejor de la tecnología, no se ha invertido un solo centavo fiscal, del que a ustedes tanto trabajo les cuesta ganar y cubrir con sus impuestos. Son fórmulas que van a llevar a nuestro país muy lejos”. Un año más tarde, Calderón Hinojosa puso en operación la obra y en su mensaje explicó que los PPS significan “celebrar un contrato con una empresa o grupo de médicos. En ese contrato, la empresa se encarga de construir el hospital, contratar a los médicos, el equipo y de prestar los servicios durante 20, 15, 30 años o lo que se estipule. Lo que hace el gobierno es pagarle a esa empresa por los servicios que presta por cada consulta, operación, parto… a través de una cuota mensual, pago por evento o una mezcla de los dos”.
Subutilización
La línea de investigación sobre infraestructura en salud, de Asa Cristina Laurell y Herrera Ronquillo, revela en sus primeros apuntes que –de acuerdo con el Informe anual de actividades 2007-2008 del HRAE Bajío– la unidad “está trabajando por debajo de su capacidad (184 camas)”.
Los indicadores señalan que según las metas programadas por la Ssa, de 184 camas censables para la atención de los pacientes, a mediados de 2008 sólo se registraron 45 en uso. Los parámetros para brindar consulta externa se fijaron en 280 mil anuales, que llegaron a 14 mil 87. Los egresos hospitalarios tuvieron una meta de 11 mil 400, sin que a finales del año pasado se hayan precisado los resultados. En tanto que las metas correspondientes a los estudios de laboratorio se fijaron en 135 mil, de las cuales se atendieron 67 mil 484. “Por otra parte, sólo se cuentan con 120 médicos en contacto con el paciente y 37 cirujanos.
Cordova Villalobos, secretario de Salud
Estos datos son algunos ejemplos de los resultados de dos años de operación de un HRAE, el cual a pesar de contar con todo el apoyo gubernamental de los guanajuatenses Fox y Córdova Villalobos, al mes de mayo de 2008 aún registraba un total de 679 vacantes de una plantilla autorizada de 1 mil 207”, señala la investigación. Otro de los aspectos que resaltan de los contratos obtenidos es la permanencia de la empresa en las instalaciones que son pagadas mensualmente con fondos gubernamentales. La cláusula 6.5, referente al permiso de ocupación de las instalaciones, indica que el inversionista (Acciona) “otorga irrevocablemente a la secretaría el derecho de usar y ocupar las instalaciones y el terreno para la prestación de los servicios médicos y la gestión médica de las instalaciones”. El inversionista proveedor también tiene la facultad “irrevocable de permitir el uso y ocupación de las instalaciones y el terreno a ‘cualquier’ persona para cualquier actividad que no esté relacionada con los servicios médicos o la gestión médica de las instalaciones u otras actividades de la secretaría con el contrato o el proyecto”.
Acciona, rechazada en España
La trasnacional Acciona, contratada para edificar el primer HRAE en México, pertenece a José Manuel Entrecanales Domecq, quien llegó a la presidencia de esta compañía en 2004.
El empresario integró su equipo de trabajo con exfuncionarios emanados del Partido Popular (PP), como Carmen Becerril, exdirectora general de Política Energética y Minas, y Pío Cabanillas, exministro portavoz del gobierno del Partido Popular. Acciona fue una de las empresas que provocaron reacciones de condena de la sociedad española. De acuerdo con la página de internet de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid (Casmadrid), los proyectos de Iniciativa de Financiamiento Privado (PFI), o PPS, han “puesto en marcha, sin planificación alguna, un modelo de infraestructuras que, lejos de mejorar la prestación sanitaria de la población, conlleva a un grave deterioro del sistema público, lo que tendrá importantes repercusiones en la población más desfavorecida”.
Casmadrid –constituida por médicos, personal sanitario, colectivos de usuarios, organizaciones de obreros, ecologistas y otros sindicatos en 2004– explica que el movimiento inició luego de que el PP echara a andar reformas legislativas que permitieran la entrada de la iniciativa privada al sector.
La organización civil indica que con la “aprobación de la Ley 15/97, Nuevas Formas de Gestión en la Sanidad, con los votos del Partido Socialista Obrero Español y del PP, abrió el camino legal que permitía transformar el sector público sanitario en un mercado y en una oportunidad de negocio más. A partir de 2005, el gobierno de Madrid aceleró el proceso de privatización. Traspasó por décadas a empresas privadas, con ánimo de lucro, la gestión y explotación de ocho nuevos hospitales mediante el modelo de concesión”.
En 2007, el PP aprobó los mecanismos legales “que permiten la conversión de los actuales centros sanitarios públicos en entidades de derecho privado. Se trata de un sistema diseñado para derivar ingentes cantidades económicas de los presupuestos públicos hacia las empresas privadas que, ante los síntomas de hundimiento de los sectores más especulativos (banca/inmobiliario), han tomado posiciones en la sanidad pública. No es casual, por tanto, que los nuevos hospitales hayan sido entregados a empresas como Acciona, Sacyr-Vallehermoso, Hispánica, Begar-Ploder, ACS, FCC, entre otras…”, dice la asociación.
HRAE en el norte
Bajo el mismo modelo de negocio, la Ssa entregó a Infraestructura Hospitalaria del Noreste un segundo proyecto de HRAE. Con el contrato 00012003-009-06, la empresa de Nicolás Mariscal Servitje (también integrante del Consejo de Administración de Grupo Bimbo) obtendrá 4 mil 108 millones 622 mil 504 pesos para el financiamiento de la unidad médica de Ciudad Victoria. El proyecto que costó casi 1 mil millones de pesos más que el del Bajío fue resultado de la licitación pública internacional 00012003-009-06. La Secretaría de Salud, encabezada por José Ángel Córdova Villalobos, decidió que la propuesta de Mariscal Servitje “cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria, las condiciones legales, económicas y técnicas requeridas en las bases de licitación, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones y ofrece la mejor proposición técnica”. En este concurso se presentaron otras tres compañías: Concesionaria Hospital Ciudad Victoria, Tamaulipas, con una propuesta económica de 3 mil 51 millones 481 mil pesos (la más baja, por 1 mil 57 millones 141 mil 504 pesos); Constructoras de la Garza, por 4 mil 440 millones 136 mil 175 pesos, y Abengoa México, con un presupuesto de 4 mil 468 millones 127 mil 74 pesos. El dictamen del fallo indica que la propuesta más baja “no considera en su proposición áreas específicas para brindar atención en control de embarazo de alto riesgo, atención del parto de alto riesgo, atención del “neonato pretérmino” y diagnóstico y atención de deficiencias de fertilidad, entre otras más.
La financiadora Marhnos
El 5 de octubre de 2007, el presidente Felipe Calderón colocó la primera piedra del HRAE de Ciudad Victoria. Nicolás Mariscal Servitje, también miembro del Consejo de Administración de Grupo Marhnos, estuvo entre sus invitados. Infraestructura Hospitalaria del Noreste, la empresa ganadora del contrato de más de 4 mil millones de pesos, está conformada por tres compañías: Grupo IGSA, Grupo Dalkia y Grupo Marhnos, conformado en 1954 por los hermanos Nicolás y Mariano Mariscal Barroso. De herencia familiar, después de 20 años llega la segunda generación de los Mariscal. Los apuntes de la investigación que lleva la “Secretaría de Salud” del “gobierno legítimo de México”, indican que en 1974 se incorpora a la conducción de la empresa José Ignacio Mariscal Torroella, quien dirige la empresa asociado a Antonio Creixell y actualmente está en manos de Íñigo Mariscal Servitje, responsable de vivienda, y Nicolás Mariscal Servitje, titular del área financiera. El apellido de los Mariscal ha figurado en las listas de afiliación y contribución económica del Partido Acción Nacional (PAN). Ejemplo de ello es la contribución de casi una cuarta parte de los fondos obtenidos por esa institución política, en 2005, durante las precampañas electorales. De acuerdo con la relación de depósitos en efectivo del Comité Ejecutivo Nacional del PAN 2005 –del que Contralínea tiene copia–, tres integrantes de la familia Mariscal depositaron 2 millones 50 mil pesos. Íñigo Mariscal Servitje, gerente de ingeniería de Marhnos, con 900 mil pesos; María del Pilar Mariscal Servitje depositó la misma cantidad, en tanto que Ignacio Mariscal Torroella donó 250 mil pesos. Asa Cristina Laurell dice que la entrega de los contratos a estas empresas “significa favorecer a la gente que ha sido políticamente alineada con el gobierno en turno. Esto es muy grave porque es la continuidad de la política como negocio, y eso no podemos aceptarlo, mucho menos en el sector salud, donde estamos hablando de la sobrevivencia de las personas”. La exsecretaria capitalina critica que los argumentos para entregar los servicios de salud a las empresas se sustenten en un problema de liquidez, pues el Seguro Popular tiene un fideicomiso para gastos catastróficos e infraestructura, que a final de 2008 contaba con 14 mil millones de pesos de superávit. Con ese presupuesto, dice, “se pudieron edificar 28 hospitales de la misma magnitud en todo el país”. Sin embargo, arguye, son consecuentes con la misión del proyecto mismo: “La implementación de estas unidades será básica en la consolidación del proceso descentralizador y de uso universal de los servicios de salud en el país”, según indican los contratos. “Hay valores que van más allá del gobierno, y uno de los que hay en México es que la gente considere inaceptable que alguien pueda hacer un negocio a costa de la salud de la gente”, espeta la doctora en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Planes gubernamentales
De acuerdo con el documento Desarrollo de infraestructura en salud 2007- 2012, presentado en agosto de 2008 por el secretario José Ángel Córdova Villalobos, la dependencia tiene proyectada una inversión público-privada para la construcción de 10 HRAE en el país, mediante el esquema de los PPS. Presentado durante el Foro de Infraestructura Hospitalaria, el plan de la Ssa indica que mientras los PPS del Bajío (León Guanajuato) y Ciudad Victoria (Tamaulipas) están en operación y desarrollo, los de Querétaro (Querétaro), Torreón (Coahuila), Culiacán (Sinaloa), Acapulco (Guerrero) y Chihuahua (Chihuahua) se encuentran en vías de autorización; el de Ixtapaluca (Estado de México) en proceso de licitación y los de Cancún (Quintana Roo) y Mexicali (Baja California) se encuentran en estudio. Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dice que los PPS corresponden al modelo de Iniciativa de Financiamiento Privado, “un esquema de inversión en el cual se asocian el sector público y privado”, que se comenzó a desarrollar en el Reino Unido a partir de 1992. “En los proyectos PFI, el sector público firma un contrato a largo plazo para la prestación de servicios de apoyo proporcionados por el sector privado, quien diseña, financia, construye y opera los activos necesarios para prestar dichos servicios”, indica en su página de internet. A cambio de éstos, explica la SHCP, el inversionista recibe un pago registrado como “gasto corriente” por el gobierno federal, y tiene “prioridad” en el proceso de presupuestación. Asa Cristina Laurell, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de 1988 a 2001, asegura que éste es el inicio de un proyecto de privatización de los servicios de salud, que responde a las recomendaciones del Banco Mundial para incluir al sector privado en la prestación de servicios sanitarios, e incluso en la administración de los recursos. Contralínea solicitó entrevista con el ingeniero Nicolás Mariscal Servitje, representante de Infraestructura Hospitalaria del Noroeste, sin que hasta el cierre de edición se obtuviera respuesta. Se habló con su secretaria, Claudia Bárcenas, a quien incluso se le envió por escrito el tema a tratar en la entrevista y un cuestionario. También se solicitó entrevista con José Mariano Cano Capdevila, representante en México de Acciona. A su secretaria, Lourdes Chimal, se le hizo llegar por escrito el motivo de la entrevista y un cuestionario. Carlos Olmos Tomassini, director general de Comunicación de la Ssa, tampoco accedió a las peticiones de entrevista de Contralínea. Ángeles Salazar, secretaria de la Dirección de Información de la Ssa recibió las solicitudes de este medio.
Hospitales Eegionales de Alta Especialidad
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