En entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario general de la Organización, José Miguel Insulza, reveló que el presidente hondureño le pidió enviar una misión a su país
Carlos Benavides
El Universal
Ciudad de México Viernes 26 de junio de 2009
El secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, sostiene que Honduras vive el riesgo de un golpe militar y asegura que está dispuesto a encabezar una misión para tratar promover un diálogo entre las instituciones.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Insulza dijo que sostuvo una conversación con el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien solicitó el respaldo de la OEA y pidió que se enviara una misión del organismo regional a su país.
Honduras afronta una grave crisis política, luego que el presidente Manuel Zelaya se negó a acatar una decisión de la Suprema Corte para restituir en su cargo a un alto jefe militar al que despidió por negarse a apoyarlo en una consulta popular para reformar la Constitución del país.
Tras la destitución del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez Velásquez, y de la renuncia del ministro de Defensa, Ángel Edmundo Orellana, las Fuerzas Armadas de Honduras movilizaron a centenares de militares para evitar eventuales disturbios de parte de grupos que respaldan la iniciativa del presidente Zelaya para reformar la Constitución.
"Anoche hablé con el presidente Celaya por teléfono y tengo la impresión de que todavía estamos en una situación mas bien tensa y que yo espero que se vaya aclarando con los días", dijo Insulza, un político y diplomático chileno de 66 años.
"Aquí el tema de la disposición a introducir reformas a la Constitución de Honduras está claro que es compartida y creo que los poderes públicos tienen que ponerse de acuerdo en la mejor forma de hacerlo. En lo fundamental toda institucionalidad democrática supone la posibilidad del presidente de remover a los altos mandos de las fuerzas armadas cuando él lo estime conveniente pero ciertamente el asunto está ahí pendiente", añadió.
Insulza se encuentra en México realizando una visita de trabajo, que inició el pasado jueves y finaliza este sábado.
"Lo que nosotros podemos hacer es enviar una misión a Honduras para promover un diálogo institucional y primero que las fuerzas armadas sean excluidas completamente de este asunto, además al parecer no quieren intervenir. Se da el riesgo de un golpe militar, entre otras cosas porque los militares no parecen dispuestos a ninguna actividad de este tipo, pero de lo que se trata es de fomentar un acuerdo entre las partes para llevar a cabo una reforma que se estime conveniente de manera mucho más consensual", aseguró el secretario general de la OEA.
Aunque el detonante de la crisis misma es la destitución del jefe del estado mayor de las Fuerzas Armadas, en el fondo de la trama está la decisión de Zelaya de impulsar un proyecto político de carácter izquierdista, lo que es resistido por el Congreso Nacional (parlamento unicameral), la Corte Suprema de Justicia, cuatro de los cinco partidos políticos, cámaras empresariales, las iglesias católica y evangélica, así como otros gremios.
Al referirse a su conversación con el mandatario hondureño el secretario general dijo que "el presidente estaba muy tranquilo y me pidió, en virtud de la Carta Interamericana, el respaldo de la OEA en cuanto a sus atribuciones como presidente de la República".
Esta petición que ha hecho es la Consejo Permanente de la OEA, que es quien toma estas decisiones y esta tarde se verá el tema, desgraciadamente a mi se será imposible llegar, pero he manifestado al presidente del Consejo mi disposición a encabezar una misión a Honduras si es necesario".
Insulza añadió que el inicio de los trabajos de esta misión deberá ser inmediato. "Sería de manera inmediata, mañana o pasado", apuntó.
La consulta del domingo tiene como fin que los hondureños se pronuncien sobre el establecimiento de una urna adicional en las elecciones generales del 29 de noviembre, para decir si quieren una Asamblea Constituyente y la reforma de la Carta Magna a partir de 2010.
La Corte Suprema de Justicia, el Parlamento, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, entre otros organismos, han declarado "ilegal" la consulta impulsada por Zelaya.
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