La Política de Terror de Estado en Colombia y México

La Política de Terror de Estado en Colombia y México

Por Larisa Hernández

Para entender el proceso de militarización que viven México y Colombia, hay que hablar de la intervención de Estados Unidos y su interés por el territorio e implantar modelos económicos para la extracción de recursos en América Latina; tiene que ver con la construcción de carreteras, oleoductos y gaseoductos, líneas telefónicas y electricidad. La única manera de hacerlo es a través de la militarización, comenta en entrevista para Machetearte la profesora e investigadora Clemencia Correa, del programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Cumplir con estos objetivos —afirma en su explicación— lleva a hablar del Tratado de Libre Comercio (TLC) que contiene la parte económica y el Acuerdo de Seguridad para América del Norte (ASPAN) la parte de seguridad o de militarización que entra a reforzar esta política. El otro eje estratégico es el Plan Colombia que se lleva a cabo en ese país desde 1998 y ahora entra a México con la misma estrategia pero llamado plan Mérida o México.

La investigadora Correa dice que revisemos el Plan Colombia para entender lo que pasa en México. Este plan tiene como propósito la lucha contra el narcotráfico por eso se tiene que militarizar al país porque es la forma de manejar la seguridad. Pero la línea real es la lucha contrainsurgente. Hablamos de acabar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Lo que se dice en el Plan, es que se va a negociar con los actores armados en Colombia, entra una ley llamada Justicia y Paz y los que están bajo esa ley son los paramilitares (grupos armados ilegales de extrema derecha). Entonces es una política para el afianzamiento o legalización del paramilitarismo, comenta la profesora Correa, quien brinda asesorías a organizaciones y movimientos sociales.

La maestra Clemencia Correa da datos: a l inicio del Plan Colombia, “había 140,000 hectáreas de siembra de cocaína. Después de 10 años hay 139.000. El beneficio del tráfico de drogas, se estima en 3,500 a 4,000 millones de dólares anuales. La industria de la cocaína ha permitido el crecimiento de los grupos paramilitares: con el proceso de negociación y la ley de Justicia y Paz han surgido 22 grupos y 29,000 hombres gozan de plenos derechos y libertades”.

Subraya la especialista que en Colombia ha habido represión dirigida a movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y congresistas. Millones de personas han sido asesinadas o desaparecidas. El gobierno de Colombia hace lo que llama los falsos positivos, que es crear acciones no reales como cortina de justificación de su actuación contra las FARC.

”En esta lógica la detención en la UNAM del profesor colombiano Miguel Ángel Beltrán –quien fue acusado de tener relación con las FARC— es un símbolo de la forma como trabajan México-Colombia en materia de seguridad y militarización porque lo que está en juego es la presencia de las FARC en México”, acota la investigadora en Derechos Humanos.

Agrega: “los efectos en términos psicosociales de esta política de terror que viene del Estado, es crear miedo indiscriminado en la población, confusión, falta de confianza; y después una parálisis. Si el miedo no se sabe abordar se genera inmovilidad pues la gente duda, desconfía y finalmente se va silenciando”.

Al finalizar la entrevista comentó “que el panorama es muy complejo. Y no se ven muchas salidas. Cuando hablamos de seguridad asociamos criminalización, narcotráfico y militarización, sin embargo, como han dicho algunos defensores de derechos humanos, esa es la seguridad que nos vende el Estado. Tenemos que ir construyendo otro concepto de seguridad.

“Necesitamos estar seguros, tranquilos y libres para ver ese imaginario que nos están interiorizando y que caemos en la trampa. Un reto de los movimientos sociales es ir crear una noción diferente de seguridad e ir confrontando al Estado en términos de lo que él quiere y nosotros queremos. Es algo que yo dejaría como tarea”.