Transparencia abortada

Transparencia abortada

JOHN M. ACKERMAN

Así como la más reciente reforma electoral se encuentra a la deriva, la histórica reforma al artículo sexto constitucional en materia de transparencia también ha quedado huérfana. En medio de la triple crisis (económica, sanitaria y de seguridad pública) que arrastra al país, el tema del acceso a la información pública ha desaparecido por completo del mapa político. Esta omisión es grave porque sería precisamente a través de un verdadero régimen de transparencia como se podría iniciar el camino hacia la renovación política, económica e institucional que tanto necesita México.

Una de las faltas más preocupantes en la materia ha sido la constante negativa de los actuales diputados federales para cumplir con el artículo transitorio de la reforma constitucional que los obliga, desde hace dos años, a aprobar una nueva ley de acceso a la información pública. El cumplimiento de este mandato constitucional debiera ser una de las prioridades de los diputados que serán elegidos el próximo 5 de julio. Sin embargo, no se menciona el tema en las campañas electorales, pues, como ha ocurrido con la reforma electoral, la clase política parece más bien arrepentida de su propia creación constitucional.

Otra muestra del desinterés respecto a la transparencia ha sido el absoluto silencio de los legisladores federales ante el intento de Felipe Calderón de designar a Ángel Trinidad Zaldívar en el lugar de Alonso Lujambio en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). El nombramiento de Trinidad Zaldívar, antiguo colaborador de Vicente Fox, sólo echaría sal a la herida ya abierta por el salto de Lujambio del IFAI a la Secretaría de Educación Pública. También demostraría una vez más que la supuesta “autonomía” del IFAI es otro “mito genial” y ratificaría la ambición de Calderón por instalar un proyecto transexenal al colocar a sus fieles en las instituciones clave del país.

Antes de entrar como funcionario del IFAI en 2004, Trinidad Zaldívar trabajaba como coordinador de Enlace Interinstitucional de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República con Fox. Además, ya había fungido como responsable de la Unidad de Enlace de Metas Presidenciales, como secretario particular de la Secretaría de Turismo y como director de Administración de Liconsa. Pero ninguna de esas tareas tenía mayor relación con la teoría o la práctica de la transparencia gubernamental ni implicaba responsabilidades institucionales de gran envergadura.

El cargo de secretario ejecutivo del IFAI que actualmente ocupa Trinidad Zaldívar tampoco lo ha preparado para el trabajo de ser comisionado del instituto. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ni siquiera menciona el puesto de “secretario ejecutivo” y mucho menos le asigna alguna función específica. De acuerdo con el reglamento del IFAI, el secretario ejecutivo tiene responsabilidades exclusivamente administrativas y de gestión. No participa de manera sustancial en la tarea central del instituto: resolver los recursos de revisión de los ciudadanos en materia de transparencia.

Así mismo, el desempeño de Trinidad Zaldívar como el máximo administrador del IFAI ha tenido un tono gris, pues él ha sido un destacado cómplice de la injustificada e inmoral dilación en la elaboración de un estatuto de servicio civil para el instituto, y ha contribuido en la gran torpeza con que el IFAI se ha relacionado con los organismos de la sociedad civil y con la comunidad de expertos en materia de transparencia. Si bien no ha habido grandes escándalos de corrupción bajo su mando, tampoco se le han visto esfuerzos notables por convertir al IFAI en una voz ciudadana e independiente que defienda el derecho a saber de los ciudadanos.

De acuerdo con la ley, la Comisión Permanente tiene hasta el próximo 18 de junio para rechazar la propuesta de Calderón. Todavía hay tiempo para que los diputados y senadores le exijan al presidente que presente un nuevo candidato, que no solamente tenga mayor conocimiento en la materia, sino que también ofrezca una perspectiva ciudadana fresca. Solamente hace falta el voto de una mayoría simple, fácilmente alcanzable entre los legisladores del PRI y el PRD. De otra forma, muy pronto el IFAI podría alcanzar los niveles de desprestigio que el IFE ha llegado a merecer hoy en día.

Por otro lado, la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Transparencia que el actual candidato del PAN a delegado en Coyoacán, Obdulio Ávila, presentó hace unos meses, cuando todavía era diputado federal, se revela como una propuesta que refleja también el minimalismo burocrático que ha caracterizado la actuación de Lujambio, Trinidad Zaldívar, Fox y Calderón en la materia.

Por ejemplo, la iniciativa abre la posibilidad de rechazar una solicitud de acceso si ésta implicara “una disrupción sustancial e irracional” en las actividades del sujeto obligado, un concepto suficientemente general que puede ser utilizado para negar el acceso a una gran variedad de documentos políticamente sensibles. La iniciativa disminuye igualmente las facultades de los órganos garantes de subsanar de oficio las deficiencias de los recursos de revisión, así como de suplencia de la queja, a favor de los ciudadanos. Otro problema es que la propuesta abre un gran boquete en la ley al permitir los órganos garantes establecer una “conciliación” entre el ciudadano y el sujeto obligado. Esto abriría la puerta de par en par a la negociación de la aplicación de la ley, donde el ciudadano estaría en franca desventaja frente a las posibles presiones e intimidación de parte de los funcionarios gubernamentales.

Antes de emitir su voto el próximo 5 de julio, los ciudadanos deben evaluar cuidadosamente los antecedentes y las propuestas de los candidatos en materia de transparencia, así como exigir que hagan todo lo posible por reencauzar la lucha por el derecho a saber, que actualmente se encuentra al borde del naufragio. l