Activistas y analistas de los movimientos sociales prevén que ante un eventual fracaso de las elecciones federales de 2009 se vislumbra el incremento de la militarización del país y la criminalización de la protesta; pero también, la irrupción de movimientos sociales radicales organizados
La falta de legitimidad necesariamente conduce a la violación de las leyes por parte de las autoridades; a mayor ilegitimidad, mayores medidas ilegales que garanticen el sostenimiento del régimen, señala el politólogo, historiador y urbanista Pablo Moctezuma Barragán.
Ese proceso inició desde el “fraude” de 2006: con la supuesta lucha contra los cárteles de la droga, el gobierno federal frecuentemente viola la Constitución, las constituciones estatales y no respeta las garantías individuales, sostiene el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sin duda alguna, sentencia: “Se avanza en la fascistización del país”.
Para Carlos Montemayor, en México la legitimidad nunca se ha alcanzado. El exintegrante de la Comisión de Mediación EPR-gobierno federal asegura que “tenemos 100 años sin ser capaces de legitimar los comicios electorales. El fraude más notable ocurrió en 2006; no creo que en esta ocasión haya un fraude que lo supere”.
Ahora, la legitimidad es sustituida por la fuerza y la coacción, señala Edgar González Ruiz. También considera que Felipe Calderón llegó a la Presidencia de la República por “un fraude” y se mantiene mediante los cuatro pilares tradicionales de los regímenes fascistas: el Ejército, la propaganda masiva en los medios de comunicación, el clero y las cúpulas empresariales.
El maestro en filosofía y especialista en la derecha política mexicana dice que los gobernantes “consideran que lo que cuenta es la realidad mediática creada por ellos mismos; y esperan que la gente actúe según lo que le dice la televisión; de lo contrario, ahí está la iglesia; y si no, los patrones; y si no, el Ejército”.
Movimientos sociales, la respuesta
El fascismo no sería la única expresión que podría seguir a las elecciones intermedias. El teórico e investigador Carlos Antonio Aguirre Rojas considera que, paralelamente a la criminalización de la protesta social, “hay un proceso de reacción evidente a la ilegitimidad del régimen”.
De acuerdo con el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y posdoctorado en historia por la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París, se vislumbra en el panorama mexicano una serie de movimientos sociales que ni siquiera la militarización podría contener.
“El Estado mexicano le apuesta a la fuerza de los militares y a la criminalización de la protesta; pero es una apuesta fallida: el movimiento social ha seguido avanzando de manera silenciosa y sin que le presten atención los grandes medios de comunicación; y de no haber cambios, podría gestarse un movimiento de cientos de miles e incluso millones de mexicanos que no pueda ser detenido por militares ni policía alguna.”
Aguirre Rojas señala que los movimientos en proceso de gestación estarían desvinculados de los partidos políticos y se agruparían en organizaciones como La Otra Campaña, el Congreso Nacional Indígena, El Campo No Aguanta Más y otras que aún no salen a la luz pública.
“Como historiador, puedo decir que la debacle del Estado no es nueva, inició hace varios años y lo único que está ocurriendo es un aceleramiento del proceso donde la gente va a buscar alternativas no políticas de cambio social: estamos en la víspera del (año) 2010 histórico”.
Desde 2006, luego de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que dio inicio a La Otra Campaña, centenas de organizaciones políticas, sociales e indígenas y más de 1 mil colectivos y organizaciones no gubernamentales “echaron el trato” de derrocar el régimen mediante una “revuelta civil y pacífica”.
Luego de las dos fases que incluyeron recorridos del subcomandante Marcos y de comandantes del EZLN por todo el país, el movimiento trabaja en el Plan Nacional de Lucha, en el que supuestamente quedarán plasmadas las demandas del movimiento y las acciones a seguir hasta la “deposición” del presidente de la República, los gobernadores, los legisladores y todo el Poder Judicial.
Aguirre Rojas señala que no sólo las organizaciones integrantes de La Otra Campaña iniciarán movilizaciones, sino también nuevas centrales obreras en gestación e incluso organizaciones guerrilleras diferentes al EZLN.
Manifestar el descontento
Las organizaciones político militares hacen sus propios cálculos. El Ejército Popular Revolucionario (EPR) –a través de su órgano de análisis y difusión, El Insurgente– advierte que si el Partido Acción Nacional “hipotéticamente obtiene la mayoría absoluta, estaríamos no en la antesala, sino en la sala de un Estado fascista”.
El EPR dice que junto con el abstencionismo se integra una forma de resistencia y lucha contra el actual régimen, la cual “debe rebasar el ámbito electoral sin abandonarlo”, porque como consecuencia de esta crisis, también se manifiesta la “crisis del sistema electoral”.
En la edición 118 –difundida en el preámbulo de las elecciones–, el órgano popular expresa que la mayoría de los votantes son “ultrajados” en su dignidad y que sus demandas son “burladas” intencionalmente.
Las “condiciones de fragilidad” en la convivencia son evidentes también para analistas políticos. En entrevista, Miguel Ángel Granados Chapa dice que “hay riesgo de violencia no sólo en algunos puntos de las elecciones, sino en el país: por la delincuencia organizada y por conflictos sociales focalizados”. El periodista, autor de Plaza Pública, evalúa que la legalidad electoral aún consta, pero lo que está en cuestión es la legitimidad.
“El riesgo del fascismo está presente en una sociedad donde la democracia no se ha podido asentar plenamente. Se otorga una importancia creciente a las fuerzas armadas, pero no me parece que exista un riesgo cercano a un régimen autoritario de ultraderecha”, dice.
En este mismo contexto electoral, Enrique González Ruiz, miembro del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) e integrante de la Comisión de Mediación entre el gobierno federal y el EPR, expone que la gente desconfía de los políticos, los partidos y todas las instancias electorales.
Sostiene que las fuerzas armadas y el gobierno buscan “pretextos para reprimir” e imponer su autoridad: el Ejército “debe ser imparcial ante los procesos electorales y ciudadanos. Lo peor es que también se deja corromper por los partidos del gobierno”.
Para el investigador, “hay visos, y es muy claro, que el gobierno está interesado en retar a la sociedad mexicana”, por ejemplo, indica, las penas de más de 100 años para Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco.
Las modificaciones a la Constitución respecto de los derechos y las garantías civiles; la creación de leyes secundarias también relacionadas con éstas; así como el “monstruo” de la criminalización, que da mayores atribuciones al Ejército en materia de seguridad pública, actividad delictuosa y delincuencia organizada, hacen que un gobierno se acerque más a un régimen fascista que a uno democrático, puntualiza Enrique González Ruiz.
A esa lista también se suman la desaparición forzada y los presos políticos, “que son el claro ejemplo de imposición”, cita Fermín Lara, miembro del FNCR.
Sistema neoliberal, entre las causas
Además de las medidas represivas, el abogado Juan de Dios Hernández Monge destaca que el gobierno usa las instituciones del Estado como si fueran negocios y beneficia a sus aliados, no a la ciudadanía. “El Estado, cuando menos en el elemento del poder, está en un grado de putrefacción. Es una decadencia irreversible, no sólo de las instituciones electorales, sino también de los partidos políticos: mafias de este país”.
El miembro del Colectivo de Abogados Zapatistas y exintegrante de la Comisión de Mediación entre el EPR y el gobierno federal critica la posición del Ejército: “No puede ser parte de la política porque sus funciones son de seguridad nacional, no de seguridad pública”.
Con ello, explica, el gobierno suplanta funciones y criminaliza y reprime de manera brutal a los movimientos sociales que reclaman el ejercicio de sus derechos. Agrega que las propuestas de los ciudadanos y las modalidades de su participación son legítimas, pero el gobierno cierra los canales de participación, por ello contribuye al abstencionismo.
El defensor de los presos y procesados políticos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra indica que, ante este panorama, los movimientos sociales se radicalizan: las demandas son legítimas, pero los derechos les son arrebatados a los pueblos.
Respecto de los procesos electorales, Hernández Monge opina que tienen “el papel de controlar y someter”. Subraya que a través de los comicios “el gobierno pretende inducir por la vía institucional las luchas sociales. Son una mascarada y una forma de ocultar los actos ilegales que realiza el Estado”.
En el país se están creando los ambientes de corporativización, al tiempo que el Estado camina al fascismo, basado en la propaganda y la militarización, dice. El abogado zapatista advierte que, “cuando se cierran las puertas de la democracia, se abren las puertas a la revolución”.
Vía civil o armada
Mientras algunos académicos y analistas llaman a mejorar el sistema por medio de los causes institucionales, organizaciones civiles y político militares observan que es tiempo de cambiar el rumbo del país por vías posibles.
La ciudadanía debe “ejercer presión constante en la toma de decisiones y de las autoridades”, considera Carlos Montemayor. El investigador de movimientos armados en México dice que en el país no hay ninguna economía dirigida desde hace más de 20 años, “sólo lo que equivale a eliminar la estructuración del Estado”.
Advierte que la política económica es inexistente, tiende al desmantelamiento del Estado, que aún se llama “benefactor”. Este repliegue, esta “desaparición”, considera, se debe a que no hay compromiso con el bienestar social por parte del Estado; uno de los rasgos típicos del neoliberalismo: la privatización.
No sólo eso. Los partidos políticos y el gobierno tienen “las manos manchadas de sangre”, por toda la represión ejercida desde 1968 hasta la fecha contra la sociedad civil, dicen Juan y Jesús, miembros del Movimiento Popular Revolucionario (MPR). Agregan que los procesos electorales legitiman la represión.
Para ellos no existe más opción que la “dictadura del proletariado”: “La sociedad que toma el poder en sus manos como una nueva manera de ejercer el gobierno. El socialismo como transición al comunismo”.
Juan y Jesús fijan la posición del MPR ante las elecciones intermedias: ningún partido actual ni futuro representará una alternativa real para el cambio profundo de la sociedad. “Siempre tienen un carácter de clase y no se representan más que a sí mismos. El voto nulo y el abstencionismo sólo perfeccionan ese sistema democrático”.
Al tiempo, el EPR dice en El Insurgente que “se vislumbran nuevos escenarios de lucha de clases que reivindiquen el derecho a la autodefensa armada de las masas; quizá nuevas expresiones de la lucha armada revolucionaria que se desarrollan por el país entero”. (Con información de Zosísmo Camacho y Alba Martínez)
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