Queremos los nombres

Ramón Alfonso Sallard

Queremos los nombres

La tragedia de la guardería ABC de Hermosillo pudo evitarse, como ha quedado suficientemente documentado. Bastaba con cumplir puntualmente las reglas de seguridad para que la muerte de 48 niños no hubiese ocurrido jamás. Pero aquí imperó la negligencia criminal, la codicia y los negocios al amparo del poder público. Y después, las complicidades mutuas y la impunidad.

No hay peor combinación posible que esa. Vamos: ni siquiera el fallecimiento de tantos niños conmovió a los gobiernos federal (panista) y estatal (priista), enfrascados como estaban en una lucha mediática para evadir responsabilidades y culpar al otro de la devastación. Era más importante ganar las elecciones que lograr justicia. ¿Cómo evadirla si ambos son culpables?

Fue patético observar cómo el gobernador sonorense, Eduardo Bours, se enfrascaba en un duelo verbal con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Que las formas, que el tono, que el respeto entre poderes, reclamaba éste al otro y viceversa. Muy bien, pero ¿y los niños?, ¿y los familiares de los niños?, ¿y los culpables?

Un abogado truculento como Gómez Mont, defensor de casi todos los criminales de cuello blanco del país antes de su llegada a Bucareli, y un empresario-político de dudosa ética en el mundo de los negocios, como Eduardo Bours, levantaron una cortina de humo para ocultar las responsabilidades de ambas instancias de gobierno en la tragedia, pero sobre todo a las personas de carne y hueso relacionadas con hombres y mujeres del poder.

El estado de derecho del que tanto hablan los conservadores de toda laya es una falacia. Una verdadera tomadura de pelo. Lo que importa es la justicia, no la ley. La legalidad es cambiante. Los autócratas apelan siempre a la legalidad y dejan de lado la justicia. Hasta Victoriano Huerta fue cuidadoso de hacer las cosas conforme a la ley, pero ello no eliminó su traición ni lo hizo menos dictador. No le demos muchas vueltas al asunto: si los ciudadanos fuésemos siempre respetuosos de la ley, simplemente no habría existido la Independencia y aún tendríamos instituciones legales como la inquisición.

En el caso de la guardería ABC, hoy es un día clave. El director general del IMSS, Daniel Káram, se comprometió a responder todas las dudas que le planteen los legisladores. No hay que abrigar ninguna expectativa, a juzgar por las evasivas que dio ayer a esos mismos representantes populares.

La exigencia ha sido, es y será, la misma desde el primer día: la lista completa de los dueños de guarderías subrogadas del IMSS en todo el país. El funcionario se ha negado una y otra vez a proporcionarla. ¿Por qué será? ¿Qué nombres quiere ocultar y con quiénes están relacionados?

Ese es el quid del asunto.