La empresa Arcelor Mittal en ese municipio cumple 23 días en huelga
Patrones se cierran a las negociaciones, afirman mineros de Lázaro Cárdenas
P. Muñoz y L. Ramos
Reportera y corresponsal
La sección 271 del sindicato minero en Lázaro Cárdenas informó ayer que a 23 días de haber iniciado la huelga en la empresa Arcelor Mittal, los directivos no han dado ninguna muestra de querer sentarse a negociar para alcanzar un acuerdo.
Señalaron que los sindicalizados están abiertos al diálogo, si es que la empresa quita la condición de despedir a 20 por ciento del personal para revisar su contrato colectivo de trabajo, ya que ello significaría dejar sin sustento a más de 700 familias.
El delegado del comité ejecutivo nacional del gremio, Mario García Ortiz, informó que en caso de que la huelga se prolongue por más tiempo, las secciones hermanas de todo el país emprenderán movimientos de apoyo, y llegará una comisión internacional de mineros a Lázaro Cárdenas para exigir al gobierno y a la empresa Arcelor Mittal que se solucione el conflicto.
Por otra parte, en Saltillo, Coahuila, una investigación realizada por la Pastoral Laboral de la diócesis estatal reveló que la mina de carbón Lulú, localizada en Escobedo, donde hace tres semanas murieron dos trabajadores a consecuencia de un derrumbe, operaba de manera clandestina, pues la concesionaria Minera Siderúrgica de Coahuila carece de los permisos federales correspondientes.
La carbonera, localizada a unos 300 kilómetros al norte de Saltillo, únicamente tenía permiso para desarrollar actividades de exploración, pero no para explotar el mineral, dijo Cristina Abuerbach, representante del organismo diocesano.
En conferencia de prensa, en la que también participó el obispo Raúl Vera López, señaló que por medio del Sistema de Información Integral de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, a la empresa propiedad de Salvador Kamar Apud le fue expedido el título 213,152, pero sólo para trabajos de exploración en un predio de 550 hectáreas.
Además, la diócesis de Saltillo ha documentado que la mina Lulú, donde perdieron la vida los trabajadores Alfredo Ríos Martínez y Rogelio Soto Torres, operaba aun cuando incumplía una serie de requisitos de seguridad.
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