Calderón y la política de la fuerza

Calderón y la política de la fuerza

RICARDO RAVELO

El golpe contra los trabajadores electricistas confirma que la militarización de la policía y el poder conferido a las fuerzas de seguridad pública, no tienen sólo el propósito de debilitar al crimen organizado o garantizar la convivencia pacífica de los mexicanos. Es patente que, acusado de ilegitimidad, el presidente Calderón ha decidido fortalecer y usar a las fuerzas armadas –civiles o militares– también para reprimir las protestas y conflictos sociales y laborales…

La Policía Federal (PF) y su jefe supremo, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ya mostraron los verdaderos fines del proyecto policiaco "faccioso" de Felipe Calderón ante la inminente manifestación del "Estado fallido": disuadir, disolver y reprimir las protestas y conflictos sociales detonados por las propias incapacidades de la presente administración.

En entrevista con Proceso luego de que la Policía Federal sacó por la fuerza de sus centros de trabajo a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas –con motivo de que, minutos más tarde, el jefe del Ejecutivo declararía extinguida a la paraestatal Luz y Fuerza del Centro–, el investigador Erubiel Tirado formula dicho diagnóstico y explica que "el presidente Felipe Calderón precipita al país en una crisis de ingobernabilidad y, por lo tanto, requiere echar mano cada vez con mayor frecuencia de la fuerza del Ejército y de las policías".

Experto en seguridad nacional que actualmente coordina un diplomado sobre el tema en la Universidad Iberoamericana, Erubiel Tirado sustenta inclusive su diagnóstico en síntomas que aparecieron desde principios de sexenio:

"El pacto político-militar, y una estrategia de fortalecimiento del aparato policiaco iniciada con el eje PGR-SSP, fueron puntales no sólo de una legitimación desde el poder –con un componente de fuerza una vez asegurado el monopolio estatal de la violencia–, sino que tuvieron como coartada el problema de la inseguridad que el propio Vicente Fox no supo resolver y que empañó el escenario nacional."

En un principio –redondea el especialista que obtuvo su maestría en derecho en la London School of Economics–, "la alerta era la inconformidad política. Ahora, con la crisis económica y ciertos esquemas de beneficios facciosos para algunos grupos de poder, el enfoque del manejo de la seguridad del gobierno tiende a ser represivo en contra de la inconformidad social y política, pese a que la oposición al régimen muestre debilidad estructural y visos de ser corrupta y acomodaticia."

En este escenario de descomposición, prosigue el investigador, donde la ingobernabilidad se acrecienta cada día, un personaje como Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, emerge como "una figura peligrosa a la que el propio presidente de la República alimenta con mayor poder y dinero".

Con una fuerza policiaca de 40 mil hombres –similar a la que emplea el Ejército Mexicano en su lucha contra la delincuencia organizada desde diciembre de 2006–, afirma el académico, el gobierno de Felipe Calderón consolida "un proyecto faccioso de gobierno".

Y es que, señala, "el actual régimen atraviesa por la fase de la incapacidad y se encamina aceleradamente hacia lo que se conoce como el Estado fallido".

–¿Esto quiere decir que el país ya enfrenta una crisis de ingobernabilidad y que el sostén del régimen será el uso de la fuerza policiaca y militar? –se le pregunta.

–Se trata de una tendencia particular de gobernabilidad calderonista que empezó con la justificación y coartada de enfrentar la crisis de inseguridad del país. El apego a la legalidad y al uso de la fuerza en términos de seguridad ciudadana son aspectos que le tienen sin cuidado al régimen.

"Hay que recordar que durante casi tres años la policía federal estuvo operando de manera inconstitucional y al margen de la ley. Sus actuaciones estuvieron viciadas por la inexistencia legal. Hay que destacar aquí la complicidad del Congreso y del Poder Judicial, que no hicieron gran cosa para que esto no ocurriera.

"En ese sentido, el gobierno de Calderón tomó nota de que el miedo generado por la inseguridad creciente y la violencia proveniente del crimen organizado favorecían la adopción de medidas ilegales y autoritarias a cambio de una supuesta solución del problema."