viernes, 23 de octubre de 2009

¡Chispas! ¿también en la CFE?





Por Anabel Hernández
23 Oct 2009
El principal argumento del gobierno federal para desaparecer Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y encargar a la Comisión Federal de Electricidad el suministro de energía en la zona centro del país es que la CFE es más eficiente y que, por lo tanto, no habrá más pérdidas económicas por mala administración ni corrupción.

Hasta ahora, ésa es la versión del gobierno federal. Pero la realidad podría ser muy diferente.



Documentos internos inéditos de la CFE en poder de Reporte Índigo, resultados de auditorías y audios de conversaciones de un funcionario, todo esto desde finales de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari hasta ahora, revelan que la corrupción y el gansterismo imperan en algunas áreas de la compañía.

Durante los últimos 10 años ha operado una red formada por documentos internos inéditos de la CFE en poder de Reporte Índigo, resultados de auditorías y audios de conversaciones de un funcionario, todo esto desde finales de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari hasta ahora, revelan que la corrupción y el gansterismo imperan en algunas áreas de la compañía.

Durante los últimos 10 años ha operado una red formada por funcionarios de la CFE y empresas nacionales e internacionales que han sido beneficiadas con contratos multimillonarios.

Algunos se refieren a este grupo como "el cártel de la electricidad". Reporte Índigo tuvo acceso a tarjetas informativas inéditas que Manuel de Jesús Olvera Mazariegos, titular del Órgano de Control Interno de la CFE, envió a Mario López Araiza Orozco, subsecretario de Normatividad y Control de Gestión Pública de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.

Esto fue a finales del gobierno de Ernesto Zedillo.

En ellas, Olvera Mazariegos señala la "multiplicidad de irregularidades que se cometen en la licitación y construcción de obras de la CFE".

"Estas prácticas son del todo conocidas por empresas internacionales que potencialmente pudieran participar en éstas y de esa forma lograr para la entidad obras con mayor calidad y mejor costo de oportunidad", afirma Olvera Mazariegos en la tarjeta dirigida a López Araiza Orozco el 9 de agosto del año 2000.

"Los beneficios que pudieran resultar no se obtienen ya que CFE se encuentra catalogada como una entidad operada por funcionarios corruptos que impiden la participación de empresas en las áreas de generación, transmisión, distribución, empresas que no se involucren en irregularidades en las asignaciones", puntualiza.

Señala que las obras en las que detectaron más irregularidades fueron las centrales termoeléctricas Samalayuca II, Monterrey II y Topolobampo; las turbogeneradoras El Sauz, Huinalá y Hermosillo, así como la terminal de recibo y manejo de carbón para la termoeléctrica Petacalco.

La lista negra de 10 funcionarios presuntamente corruptos está encabezada por Néstor Félix Moreno Díaz, entonces coordinador de Transmisión y Transformación, y Rogelio Gasca Neri, ex director general de la CFE.

Pero Moreno Díaz no fue sancionado, sino premiado.

Actualmente es director de Operaciones de la CFE.

Fue nombrado por el actual director general de la empresa, Alfredo Elías Ayub, el 4 de abril de 2007.

Se pasó por alto el negro historial del funcionario, que incluye una inhabilitación por 10 años ordenada por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam).

Y después de años de estar fuera de la administración pública, Gasca Neri fue contratado por Pemex el 17 de marzo de 2009 como consejero profesional del Consejo de Administración de la paraestatal.

Aunque Olvera Mazariegos recomendó entablar una denuncia penal contra estos funcionarios, lo cual consta en sus tarjetas informativas, ni Alfredo Elías Ayub ni López Araiza Orozco lo secundaron.

El problema es que las prácticas irregulares de la CFE no son cosa del pasado.En entrevista exclusiva con Reporte Índigo, Cuauhtémoc Velasco,director general de la asociación civil Energía y Rendición de Cuentas, quien desde hace más de 10 años investiga y documenta actos ilegales cometidos por la CFE, afirma que la corrupción sigue enquistada en la paraestatal.

De acuerdo a sus cálculos, esa corrupción significa un quebranto al erario que asciende a mil 900 millones de dólares anuales.

Además, Velasco entregó a Reporte Índigo el audio de una conversación que tuvo uno de sus colaboradores con Rogelio Ángel Valencia, actual jefe de Oficina de la Gerencia de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación de la CFE.

En dicha plática se revela el modus operandi de los presuntos funcionarios corruptos de la empresa.

Éste es el lado oscuro de la CFE, paraestatal a la que el gobierno federal pretende encargar la responsabilidad de iluminar a todo México.

Eran los últimos meses del sexenio de Ernesto Zedillo.

Antes de las elecciones presidenciales del 2 de julio, había un clima de incertidumbre en las áreas de control interno de la CFE y en la Secretaría de la Contraloría.

No tenían claro quién ganaría, y existía el temor de que si no triunfaba el PRI, la corrupción de la CFE saldría a la luz pública, lo cual tendría consecuencias administrativas y penales para los involucrados.

El temor no era fortuito.

Era descomunal el cúmulo de irregularidades en los millonarios contratos asignados por la Comisión Federal de Electricidad con cargo a Pidiregas (Proyectos de Inversión Diferida en el Registro del Gasto) para la construcción de centrales termoeléctricas y unidades turbogeneradoras.

Se modificaron bases de licitación para beneficiar a ciertas empresas, se pagaron sobreprecios, los trabajos que entregaron las empresas no cumplían con las especificaciones de los contratos.

Y todo esto tendría un impacto en la deuda pública de los siguientes cinco sexenios, 30 años.

En entrevista exclusiva, Cuauhtémoc Velasco, director general de la asociación civil Energía y Rendición de Cuentas, explica que en aquella época, él era diputado federal de la 57 Legislatura.

Pertenecía a la bancada del PRD y era representante de ese partido ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Desde 1997 comenzó a recibir información sobre actos de corrupción en la asignación de los grandes contratos de termoeléctricas, en particular la de Petacalco, cuyo contrato fue entregado a la empresa Techint en 1993, cuando gobernaba el presidente Carlos Salinas de Gortari.

Desde entonces, y durante los siguientes 12 años, Velasco ha hecho constantes denuncias ante las autoridades y medios de comunicación para señalar la pérdida de millones de dólares que provoca la corrupción de la CFE.

Hoy, cuando el gobierno federal espera que la CFE sea la solución a la corrupción, la ineficiencia y las supuestas pérdidas millonarias generadas por Luz y Fuerza del Centro (LyFC), las denuncias de Velasco y la documentación que presenta adquieren otra relevancia.

---

Irregularidades en los contratos más importantes


Ocultan irregularidades


Ropa Sucia

Reporte Índigo tuvo acceso a cuatro tarjetas informativas que circularon a fines del gobierno zedillista entre los funcionarios responsables de realizar auditorías y señalar las sanciones correspondientes.



El 22 de junio de 2000, Rafael Bustos Hernández, asesor del Órgano Control Interno de la CFE, escribió una tarjeta a Manuel de Jesús Olvera Mazariegos, titular de dicho órgano.

En esa tarjeta, Bustos señaló que en el proceso de transición gubernamental del año 2000 sería necesario prevenir y corregir las irregularidades detectadas por las distintas áreas de fiscalización de la CFE.

Informó a Olvera Mazariegos que se había creado un grupo en la paraestatal para abatir el número de irregularidades que estaban en proceso "y establecer las medidas que eviten que estas irregularidades sean de conocimiento público, ya que se les ha pedido la total confidencialidad debido a la gravedad de ellas".

También afirmó que la posible llegada del candidato del PRD a la Presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas, era un riesgo para "todos".

Bustos señaló que el entonces titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), Arsenio Farell Cubillas, había informado al director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub, de las irregularidades cometidas en las licitaciones de 12 de las obras más importantes realizadas por la paraestatal.

Se trata de las centrales de ciclo combinado y unidades de turbogas Rosarito III, El Sauz, Altamira II, Tuxpan II, Monterrey III, Hermosillo, Río Bravo y Samalayuca; las centrales de diésel Guerrero Negro II y San Carlos, y las centrales geoeléctricas Cerro Prieto IV y Tres Vírgenes.

Bustos puntualizó que se pagaron contratos de subestaciones y líneas de transmisión que no estaban en operación. Reporte Índigo tuvo acceso a las copias de dichos pagos.

Correspondían a subestaciones que no se encontraban en operación comercial y, sin embargo, al mes de abril del año 2000, había pagos trimestrales que sumaban 46.22 millones de dólares.

En la tarjeta, Bustos reconoció abiertamente que se manipularon las bases de licitación para beneficiar a la mancuerna formada por Techint y Grupo Mexicano de Desarrollo para construir la terminal de recibo y manejo de carbón Petacalco.

Cuauhtémoc Velasco afirma que en 1998 habló con Gasca Neri, entonces director general de la CFE, sobre las irregularidades detectadas en la paraestatal, pero el funcionario ignoró su denuncia.

En enero de 1999, Alfredo Elías Ayub fue nombrado nuevo titular de la CFE. Velasco también fue a verlo, pero la respuesta fue la misma.

Las denuncias del legislador ponían en jaque a la paraestatal porque quienes trabajaban ahí sabían que tenían respaldo. Por su insistencia, Cuauhtémoc Velasco comenzó a tener problemas.

Fue hostigado por la CFE, que emprendió una campaña acusándolo de presuntos vínculos con una empresa contratista de la Comisión Federal de Electricidad. El ex diputado perredista afirma que ese señalamiento era falso.

El 24 de julio de 2000, Olvera Mazariegos envió una nota informativa a Jaime Mohedano Cabrera, director general de Auditoría Gubernamental.

El tema era una nota informativa hecha por Rafael Bustos Hernández 10 días antes, el 14 de julio.

"En la que enumera las violaciones a la normatividad mismas que son suficientes para presentar denuncia de hechos ante el Ministerio Público de la Federación situación que es del conocimiento, como Ud. sabe, del Lic. Fernando Bueno Montalvo coordinador de asuntos jurídicos de la CFE, así mismo del director general Ing. Alfredo Elías Ayub (...)".

Mazariegos hizo hincapié en que las denuncias hechas por Velasco ante la Secodam en 1998 tenían sustento.

Señaló que en 1994 sí se incumplieron las bases de la licitación del contrato de servicios para la descarga, almacena-miento, manejo, mezcla y traslado de carbón, que finalmente fue otorgado a Techint.

En febrero de 1993, la CFE publicó la convocatoria para concursar el proyecto de diseño, equipamiento, construcción y puesta en servicio de 12 subestaciones de transformación y 7 líneas de transmisión.

El 3 de febrero de 1994, se llevó a cabo la licitación y se determinó que la ganadora era AEG Mexicana, S.A. de C.V.

Techint se inconformó, la Secretaría de la Contraloría le dio la razón y anuló el proceso de licitación.

Finalmente, la CFE otorgó el contrato a Techint por un monto de 117.6 millones de pesos, más 10.7 millones de dólares y 7.5 millones de marcos alemanes.

En el análisis efectuado por la Contaduría Mayor de Hacienda (CMH), se determinó que el concurso debió haber sido anulado, no reasignado a Techint, compañía que también había incumplido las bases de la licitación.

El coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación, Julio Ruiz Guerrero, intentó justificar ante la CMH la asignación del contrato.

Lo hizo con oficios firmados por el director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub.

En esos documentos se definían las reglas administrativas para realizar adquisiciones.

La CMH no quedó satisfecha. También detectó que Techint se había retrasado 28 días hábiles para hacer el pago de la fianza exigida para la firma del contrato.

Ruiz Guerrero intentó de nueva cuenta justificar. Y, otra vez, la CMH no quedó conforme.

Cuatro años después se amplió ese contrato por un monto de 68.3 millones de pesos adicionales, lo cual viola la normatividad.

Se encontró también que la CFE pagó a Techint 24 millones de pesos, más 2.4 millones de dólares y 226 mil marcos alemanes.

La tarjeta escrita por Rafael Bustos Hernández es clave para entender por qué perdura la corrupción en la CFE.

Mazariegos denuncia que la Dirección General de la empresa no coopera para sancionar las irregularidades.

---

La lista negra

El 9 de agosto de 2000, Bustos Hernández envió una nueva nota informativa a Olvera Mazariegos.

Las elecciones presidenciales habían pasado y la presión interna en la CFE iba en aumento.

El funcionario se refirió a la millonaria adjudicación hecha a Techint y a Grupo Mexicano de Desarrollo.

"Este otorgamiento irregular implica a gran parte de los principales funcionarios de la CFE que han sido mencionados en notas informativas y oficios del órgano de control interno de CFE (...).

"Mi pronunciamiento es para intentar convencer al subsecretario y al director general, ya que se han manifestado contrarios a la formulación de la denuncia mencionada, de manera personal y de acuerdo a los resultados del 2 de julio pasado me inclino por la formulación de esta denuncia para que en el momento en que se deslinden responsabilidades no se tenga un señalamiento por omisión o encubrimiento", señaló Bustos Hernández en el documento.

Olvera Mazariegos, responsable del Órgano de Control Interno de la CFE, decidió enviar una nota a Mario López Araiza Orozco, subsecretario de Normatividad y Control de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría.

En ella explica que son comunes las irregularidades en la licitación y construcción de obras.

También advierte que esto es del conocimiento de empresas internacionales que podrían ofrecer mejores precios y servicios, pero no lo hacen porque saben de las redes de corrupción de la CFE.

Olvera Mazariegos proporcionó al subsecretario los nombres de los presuntos implicados en actos de corrupción: Néstor Moreno Díaz, Oswaldo Gangoiti Ruiz, Arturo Hernández Álvarez, Rogelio Gasca Neri, Eric Butcher, Alberto Ramos Elorduy, José de Jesús Castellanos, Julio Guerrero y Luis Juárez Ibáñez.

"Además, este órgano de control bajo mi responsabilidad se encuentra en condiciones de afirmar que de no sancionar penalmente a funcionarios y contratistas, la entidad enfrentará una severa crisis económica, así como de mayor desprestigio internacional debido a la corrupción imperante en el manejo de CFE", afirma en la tarjeta.

Velasco señala que antes de terminar el sexenio de Ernesto Zedillo, la Secretaría de la Contraloría presentó una denuncia penal a raíz de los señalamientos que él había hecho.

Pero fue sólo para cubrir las formas, porque no pasó nada.

La llegada del PAN a la Presidencia no tuvo impacto alguno. Pese a los informes de las auditorías y de las denuncias presentadas ante la PGR a finales del sexenio de Zedillo, el "gobierno del cambio" no cambió nada.

Ni siquiera al director general de la CFE Alfredo Elías Ayub, quien ha ocupado ese cargo desde enero de 1999.

Velasco afirma que la derrama económica que genera la corrupción de la CFE salpica a muchos, y hay demasiados intereses de por medio.

La corrupción sigue La mayoría de los funcionarios de la CFE que están involucrados en irregularidades plenamente documentadas siguen trabajando en la CFE. Un ejemplo es Néstor Moreno Díaz.

El 19 de marzo de 1998, la Secodam emitió un oficio en el que afirmaba que Moreno Díaz había sido destituido del puesto e inhabilitado durante 10 años.

Entonces era coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación.

Una década es la pena máxima que imponen los órganos de control cuando se comprueba que un funcionario cometió irregularidades durante su gestión.

La sanción nunca surtió efecto.

De acuerdo a la información que existe en la Secretaría de la Función Pública, Néstor Moreno Díaz nunca dejó de trabajar en la CFE.

Y tampoco mejoró su historial.

El 28 de mayo del año 2000, Ismael Macías Barrón, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la CFE, presentó una denuncia de hechos por delitos cometidos contra la Comisión por Moreno Díaz, Isidro Becerril Salinas, Héctor Sierra García y Julio Ruiz Guerrero.

Todos fueron acusados de un presunto quebranto de 16.2 millones de pesos al prestar indebidamente equipos y materiales a la empresa Apycsa para cumplir con un contrato asignado por la CFE.

Equipo y materiales que no fueron devueltos según la denuncia de hechos.

En enero de 2001, Marco Antonio Díaz Tobías, contralor regional Golfo Centro, envió un oficio a Martha Leticia Pinto Palmer, titular del órgano interno de control de la CFE, para informarle de las investigaciones realizadas sobre los contratos de la empresa SEPAC- SENSA Control Digital. Incluso se sospechó que el dueño de esa firma era Néstor Moreno Díaz y que operaba al amparo de prestanombres, pero esto nunca se pudo comprobar.

En vez de ser sancionado, Moreno Díaz fue premiado en 2001 con el nombramiento de subdirector de Transmisión, Transformación y Control de la CFE. Y en 2002 le fue asignada la Subdirección de Generación.

Después, en mayo de 2007, Alfredo Elías Ayub lo ascendió a director de Operaciones, uno de los cargos más importantes.

Las empresas mencionadas en las tarjetas informativas y en las auditorías, como Sensa Control Digital y Techint, siguen obteniendo jugosos contratos.

Reporte Índigo revisó los contratos asignados por la paraestatal en los últimos tres años, y resulta que es el principal cliente gubernamental de ambas compañías.

De 2006 a la fecha, Techint ha obtenido contratos que suman más de 300 millones de dólares, incluyendo adjudicaciones directas, lo que significa que no hay licitación de por medio.

Algunas veces entra en sociedad con otras compañías, como Isolux de México. Uno de los contratos ampara la instalación de cable de guarda con fibra óptica a pesar de que el gobierno federal aún no anuncia la licitación para vender las líneas de fibra óptica instaladas.

En el año 2000, el director de Techint, Roberto Altamura, afirmó que no hubo irregularidades y que ganaron los contratos de manera legal. Según el portal de compras gubernamentales Compranet, de 2008 a 2009,

Sensa Control Digital ha obtenido contratos por más de 100 millones de pesos. Más del 90 por ciento de ellos corresponden a la CFE.

Cuauhtémoc Velasco, quien volvió a ser diputado federal en la 60 Legislatura y miembro de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, afirma que en la CFE persiste la venta de licitaciones, la extorsión en la adjudicación de licitaciones, rescisión de contratos a pequeñas empresas y reparto de las mejores licitaciones entre los funcionarios de la paraestatal.

Señala que de 1998 a la fecha, las tarifas de la CFE han aumentado debido a los costos de los malos manejos.

El 12 de agosto pasado envió al presidente Felipe Calderón una carta en la que denunció la corrupción que prevalece en la paraestatal. Incluso anexó una carpeta con documentos oficiales probatorios de los hechos.

"CFE opera como un 'cártel de la electricidad' en la que cada servidor público de la estructura tiene una función específica para ejecutar, simular, encubrir y proteger a toda la cadena delictiva, pero siempre existe alguien que denuncia lo que pasa al interior de esa cadena delictiva", escribió Velasco en la carpeta que entregó al primer mandatario.

Y en las grabaciones de audio que entregó a Reporte Índigo, Rogelio Ángel Valencia, funcionario de la CFE, afirma que "Eugenio Laris", cuyo nombre completo es Francisco Eugenio Laris Alanís, es uno de los integrantes más activos del presunto grupo de corrupción.

Laris Alanís tiene 76 años, y aunque puede jubilarse, prefiere seguir en la paraestatal, donde ocupa el cargo de director de Proyectos de Inversión Financiada desde 1999.

Velasco señala que recientemente fue denunciado por el contralor por presuntas irregularidades. Al final, el contralor fue despedido, y Laris Alanís siguió firme en su puesto.

También menciona a Azucena Morán Alonso como una pieza fundamental para ocultar las irregularidades. Ella ocupa el cargo de gerente de Atención a las Observaciones de Entes Fiscalizadores de la CFE.

La pregunta es si pese a todas estas ilegalidades, la CFE podrá cumplir con eficiencia y honradez las tareas que llevaba a cabo la desaparecida Luz y Fuerza del Centro.

A los corruptos nunca les pasa nada Melitón Cortés Ayala, de 62 años, ha vivido en carne propia la lucha sindical. Trabajó en Luz y Fuerza del Centro 30 años 3 meses y 11 días.

Empezó como peón rascando las cepas en el centro de la ciudad y llegó a ser agente foráneo, que es el equivalente a un gerente.

Es líder de base de los trabajadores desde hace años.

En 1995 denunció a todas las oficinas de gobierno y empresas que tenían permiso de no pagar la energía eléctrica gracias a un sistema de compensaciones autorizado por la Secretaría de Hacienda.

Entonces se ganó la persecución del gobierno federal. Afirma que fue llamado por Emilio Chuayffet para que se presentara en la Secretaría de Gobernación.

Le dijo que si seguía hablando, lo iban a desaparecer. Señala que quienes siguen teniendo permiso para no pagar la luz contribuyeron a la quiebra de Luz y Fuerza del Centro.

"Reto a Javier Lozano, secretario del Trabajo, a que presente los recibos de luz pagados por la dependencia que encabeza", advierte. Melitón Cortés Ayala ya está jubilado y vive tranquilamente en Veracruz.

Pero decidió ir a la Ciudad de México para luchar junto con sus compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. "Yo tuve dos padres aquí, mi sindicato es mi padre, y mi madre es Luz y Fuerza.

" Y los voy a defender, cueste lo que cueste", dice.

En entrevista con Reporte Índigo, reveló datos sobre la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad, información que fue confirmada por Cuauhtémoc Velasco, director general de Energía y Rendición de Cuentas, A.C.

Ésta es su lucha y éstas sus palabras.

Los secretos de la CFE Las prácticas de corrupción de la CFE son un secreto a voces dentro de la paraestatal.

Al grado de que los propios funcionarios de la compañía hablan en corto sobre el tema. Rogelio Ángel Valencia actualmente es jefe de Oficina de la Gerencia de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación de la empresa.

Es ingeniero industrial eléctrico y, según su currículum oficial, trabaja en la CFE desde hace 19 años.

En una conversación que tuvo con un asesor de Cuauhtémoc Velasco, director general de Energía y Rendición de Cuentas, A.C., Valencia revela el modus operandi de la red de corrupción presuntamente integrada por altos funcionarios de la paraestatal.

Habla del esquema de auditorías simuladas, ya que las observaciones de irregularidades se mandan a un Sistema de Control y Apoyo, donde son acumuladas durante años hasta que caen en el olvido.

Revela que cuando los contralores en turno informan al director general sobre las presuntas irregularidades, negocian o son relevados de sus cargos.

Ángel Valencia señala que la funcionaria Azucena Morán Alonso es la pieza clave para ocultar los malos manejos. Presuntamente es la que "lava la ropa sucia".

Reporte Índigo verificó que Morán Alonso trabaja en la CFE.

Tiene 49 años y es soltera. Ingresó a la Comisión Federal de Electricidad en 1988 y actualmente ocupa el cargo de gerente de Atención a las Observaciones de Entes Fiscalizadores.

Las declaraciones de Ángel Valencia echan por tierra el argumento oficial de que la CFE es más eficiente, menos corrupta y genera menos pérdidas que Luz y Fuerza del Centro.

Ésta es la voz de la garganta profunda de la Comisión Federal de Electricidad.

Fuente: Reporte Indigo
Difusión AMLOTV

No hay comentarios: