La ruta nicaragüense de "El Chapo"

La ruta nicaragüense de "El Chapo"

ROBERTO FONSECA

No hay mercado pequeño para el narcotráfico. En la última década, los cárteles mexicanos incrementaron sus actividades en Centroamérica, con lo que desplazan a grupos locales. En Nicaragua, las autoridades reconocen la actividad “masiva” de los cárteles de Sinaloa y del Golfo, y cunde la alarma ante el poder de los narcos para presionar y amenazar. En ese país ya se perpetran, también, secuestros y ejecuciones...

MANAGUA.- El 17 de septiembre pasado, después del periodo feriado nacional, estalló una crisis política en el seno de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, la peor desde el año 2000, cuando la instancia máxima del Poder Judicial se dividió en cuatro salas, entre ellas la Penal.

Ese día, frente a una numerosa batería de periodistas, tres magistrados de la Sala Penal y de tendencia sandinista tacharon de “cobarde” –entre otros epítetos– a su colega disidente el magistrado liberal Sergio Cuarezma, por rehusarse a aprobar o rechazar oficialmente un borrador de sentencia sobre el expediente número 0034-0530-07, contra los integrantes de una célula del cártel de Sinaloa.

Las fuerzas armadas lograron desmantelar dicha célula delictiva en abril de 2007, mediante la Operación Fénix. En esa ocasión fueron capturadas 22 personas, entre ellas seis ciudadanos mexicanos y dos guatemaltecos.

El proyecto de sentencia, en primer lugar, ratificaba una condena de 22 años de prisión a los integrantes de la célula de apoyo del cártel de Sinaloa y, en segundo lugar, ordenaba al Ministerio de Gobernación que coordinara la extradición de los detenidos extranjeros a sus países de origen, con base en el Tratado sobre Ejecución de Sentencias Penales firmado entre Nicaragua y México. En el caso de los guatemaltecos, se pidió aplicar la Convención Interamericana para el cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero.

Ese proyecto de sentencia fue suscrito por los tres magistrados sandinistas frente a cámaras y reporteros, asegurando que lo hacían con “los pantalones bien puestos”, sin tener que usar pañales, como según ellos era el caso del magistrado Cuarezma. Sin embargo, éste fundamentó su oposición al proyecto en un razonamiento jurídico, como lo expresó en un documento interno, fechado el 28 de agosto, que hizo llegar a sus colegas.

En su texto, Cuarezma afirma que para proceder a la extradición deben cumplirse tres condiciones básicas: primera, que exista una sentencia definitiva y firme; segunda, que los reos afectados la acepten expresamente, de acuerdo con el artículo 6 del mencionado tratado entre Nicaragua y México, y tercera, la petición oficial por parte del Estado receptor.

Sin embargo, en opinión del magistrado, no se cumple ninguna de esas tres condiciones jurídicas. Dice que lo mismo se aplica a los prisioneros guatemaltecos.

“No dude que suscribiré el proyecto en mención, pero una vez superada esa irregularidad y vulneración al tratado y convención citados anteriormente, y analizado el expediente en aquellos aspectos del recurso propio de casación”, aseguró Cuarezma.

Pero los magistrados optaron por no seguir esperando y suscribieron la sentencia definitiva frente a las cámaras, en un verdadero show mediático.

“La sentencia está firme, efectivamente la emitió la Sala Penal. Y quiero ser claro en un punto: no hubo rebaja de pena, se mantuvo la sentencia de 22 años”, dijo el magistrado sandinista Rafael Solís, vicepresidente de la CSJ.

Paradójicamente una semana después, el presidente de la corte, el magistrado de tendencia liberal Manuel Martínez, le agregó una nueva escena a la tragicomedia jurídica al asegurar que la sentencia era “ilegal” porque no se cumplieron varios requisitos de ley, entre ellos la firma de al menos cuatro magistrados de la Sala Penal, que constituyen la mitad más uno. Sin embargo, después señaló que la sentencia ya se había emitido y que su cumplimiento quedaba en manos de Gobernación.

El arribo de los cárteles

Entre mayo de 2006 y junio de 2007, la Policía Nacional realizó 16 operativos contra células ligadas a los cárteles mexicanos del narcotráfico que operan en Nicaragua.

Consultada por Proceso, la comisionada mayor Vilma Reyes, directora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, asegura que en esos operativos se han decomisado 12 mil 795 kilogramos de cocaína, dos aeronaves, 16 lanchas, 25 fusiles –especialmente AK-47, y hasta lanzagranadas–, 24 vehículos y cerca de 1 millón de dólares.

“Se han detectado únicamente dos agrupaciones: (los cárteles de) Sinaloa y el Golfo. Ambas tienen el rol de transportar cargas de drogas que vienen de Costa Rica, país donde coexisten, para luego cruzar por el lago Cocibolca, zona que comparten de alguna manera”, explica la comisionada mayor.

El tráfico de alcaloides, principalmente cocaína, se lleva a cabo por múltiples rutas, aunque las preferidas son la carretera Panamericana y las costas del océano Pacífico. Recientemente los narcos también han transportado drogas por el lago de Nicaragua o Cocibolca, el segundo más grande de América Latina, con una extensión de 8 mil 624 kilómetros cuadrados y más de 400 isletas.

La presencia de los cárteles mexicanos se evidenció casualmente en agosto de 2004, cuando la policía y el ejército nicaragüenses hallaron una avioneta quemada y enterrada en la comarca de Samaria, municipio de Villa El Carmen, aproximadamente a 50 kilómetros de Managua.

A raíz de ese hallazgo, las autoridades iniciaron una amplia labor de investigación y de inteligencia que los llevó a descubrir el interés de la gente del cártel de Sinaloa en instalar bases logísticas, de apoyo y de trasiego de drogas en el país, para lo cual compraron muchas propiedades en lugares recónditos.

“En 2007, inició una masiva presencia de mexicanos, sustituyendo a los tradicionales guatemaltecos en (las costas de) el Pacífico del país. Ellos se hicieron cargo personalmente de la operación, con sus propios líderes, operarios, transportistas y sicarios que presuntamente venían a garantizar las cargas de drogas”, dice la comisionada mayor Vilma Reyes.

El 14 de abril de 2007, se realizó la mayor operación antidrogas, llamada Fénix, para desmantelar la principal base logística del cártel de Sinaloa en territorio nicaragüense, ubicada en la finca La Ceiba, de la comunidad de San Agustín, 67 kilómetros al norte de Managua. Allí los narcotraficantes habían construido una pista aérea de mil 500 por 200 metros. En los siguientes 13 meses se desplegaron las otras 15 operaciones.

Poderes vulnerables

El Instituto de Estudios Estratégicos y de Políticas Públicas (IEEPP), organismo no gubernamental especializado en temas de seguridad pública y de la relación entre civiles y militares, elabora un análisis del crimen organizado trasnacional en Costa Rica, Panamá y Nicaragua, cuyo informe final presentará en los próximos meses.

Roberto Orozco, investigador del IEEPP y coautor del estudio, adelanta que los “puntos ciegos” utilizados para traficar drogas, armas y personas entre Nicaragua y Costa Rica han aumentado de 27 a 72 tan sólo entre 2007 y 2009.

Para vigilar los 80 kilómetros de frontera de Nicaragua con Costa Rica, añade Orozco, sólo existe en el municipio de Cárdenas un puesto policial con sólo cinco efectivos, sin capacidad alguna de patrullaje. En los hechos, “para el Estado las fronteras no son puntos estratégicos de su seguridad; esto es cada vez más explotado por el crimen organizado”.

De acuerdo con la Policía Nacional, en Nicaragua se incautaron 72 mil 514 kilos de cocaína entre 1990-2008, y la tendencia de los decomisos, igual que la actividad de los traficantes, es ascendente: en 2004 se decomisaron cerca de 6 mil kilos del alcaloide, mientras que en 2008 fueron 15 mil kilos.

Asimismo, entre 2000 y 2007 fueron detenidas 8 mil 101 personas vinculadas al tráfico de estupefacientes, 10% de ellas de origen extranjero. Al respecto, el investigador comenta que en Nicaragua ya empezaron a registrarse asesinatos al estilo de los sicarios, fenómeno reciente en el país.

Señala el caso de dos sujetos –de apellidos Garay y Herrera– que fueron “ejecutados” de esa forma. Extraoficialmente se afirma que pertenecían a grupos de “tumbadores”, es decir, de equipos delictivos que se dedican a robar embarques de drogas para luego comercializarlas directamente en el mercado interno o revenderlas a algún otro cártel.

De igual forma, el 18 de septiembre de 2008 la Policía Nacional capturó en el departamento de Rivas, fronterizo con Costa Rica, a un grupo de sicarios que portaba una lista de personas a las que debía matar, presuntamente tumbadores.

“Los crímenes que se han suscitado en su mayoría obedecen a venganzas por robos de drogas, por cargamentos que entre ellos mismos se han sustraído y también por la acción de otros grupos de tumbadores, principalmente en la frontera sur y la región del Atlántico sur, específicamente las Islas del Maíz”, reconoce por su parte la comisionada mayor Vilma Reyes.

Agrega que también se han detectado amenazas y conspiraciones de los cárteles mexicanos de Sinaloa y del Golfo contra mandos de la Policía Nacional y algunos jueces que han dictado sentencias condenatorias para sus secuaces, pero hasta el momento la policía ha conseguido neutralizarlas.

Para el investigador Ricardo Orozco, sin embargo, estos golpes contundentes de las fuerzas policiales no han frenado el incremento del crimen organizado ligado a las organizaciones delictivas mexicanas en Nicaragua.

Según las investigaciones del IEEPP, señala, aquí operan otros cárteles mexicanos, entre ellos Los Zetas y el del Milenio. “Hay un manejo discreto de la información por parte de las autoridades nicaragüenses, bajo el argumento de que no quieren alarmar a la población, pero hay que preguntarse qué tan vulnerables son las instituciones, los poderes del país, frente al crimen organizado”.

Precisamente a raíz de la sentencia del caso que implicó a miembros del cártel de Sinaloa, Ricardo Orozco se pregunta cuán vulnerable es el Poder Judicial. Y recuerda que días antes de que los tres magistrados sandinistas firmaran la sentencia, el diario opositor La Prensa difundió que entre los magistrados de la Sala Penal de la CSJ circulaban varios borradores de sentencia, uno de los cuales proponía disminuir la condena de 22 años, mediante la tipificación de delitos menores.

De ser cierta, “esa intención evidencia que algo está fallando en el último eslabón de la cadena de justicia en Nicaragua”, comenta el investigador, quien está de acuerdo con que se extradite a los seis mexicanos y a los dos guatemaltecos porque los considera “un riesgo para el país”.

Por su parte, el magistrado Rafael Solís, vicepresidente de la CSJ, rechazó tajantemente la versión del periódico:

“Fue una canallada, una barbaridad, intentar hacer creer a la opinión pública que nosotros queríamos rebajar las penas (a los miembros del cártel de Sinaloa); por el contrario, estamos apoyando el combate contra el narcotráfico. Así que es una canallada. Eso creó un clima de tensión en la Sala Penal, porque se creía que el magistrado Cuarezma filtró esa información a La Prensa”, indicó Solís.

De allí que llamara “cobarde” al magistrado disidente Sergio Cuarezma.

Fuente: Proceso

Difusión AMLOTV