Exime dictamen de la Corte a Vicente Fox y Ulises Ruiz de represión en Oaxaca

Exime dictamen de la Corte a Vicente Fox y Ulises Ruiz de represión en Oaxaca

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

MÉXICO, D.F., 5 de octubre (apro).- En Oaxaca sí hubo violaciones graves a los derechos humanos durante el conflicto de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), en 2006 y 2007, pero ni el expresidente Vicente Fox ni el gobernador Ulises Ruiz son responsables.

Esa fue la conclusión a la que llegó el ministro Mariano Azuela Güitrón en el proyecto de resolución del "caso Oaxaca", que entregó al pleno de ministros y que será discutido a partir del próximo martes 13.

El proyecto fue colocado este lunes en el portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y en él Azuela mantiene la línea que ha seguido el máximo tribunal en estos casos: ubicar las responsabilidades en los mandos medios operativos y deslindar por completo a las autoridades políticas federal y estatal, tal como sucedió en el "caso Atenco".

Según Azuela, "ni el gobernador del estado ni los servidores de la Federación que intervinieron resultan responsables de la violación generalizada de garantías, toda vez que no fue producida por ellos de manera directa ni tampoco incurrieron en una omisión absoluta, sino que se trató de resultados indeseados".

Las máximas autoridades federales a las que llegó Azuela, como "participantes presumiblemente" en la deficiente planeación y supervisión de los operativos, son Ardelio Vargas Fosado y el general Héctor Sánchez Gutiérrez.

Vargas Fosado es ahora diputado del PRI y flamante presidente de la Comisión de Defensa Nacional. En Oaxaca estuvo a cargo de los operativos como jefe de Estado Mayor de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP).

El general Sánchez Gutiérrez, quien entonces era coordinador de Fuerzas Federales de Apoyo de la PFP, acaba de ser designado titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche, en el nuevo gobierno del estado.

Ambos funcionarios dependían del entonces secretario de Seguridad Pública y hasta el mes pasado procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, quien en el proyecto de Azuela queda libre de cualquier responsabilidad. En cambio, identifica a 12 elementos de la PFP como "presuntos partícipes" en los operativos.

Respecto del gobierno de Oaxaca, el proyecto –de 923 páginas– deslinda por completo al secretario de Seguridad Pública y al procurador General de Justicia, a pesar de que elementos a su cargo participaron en los operativos. Identifica a 28 de ellos.

Sin mencionar responsabilidades, señala que en el operativo del 14 de junio de 2006 participaron el director general de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; el director de la Policía Ministerial, teniente de navío José Moreno Rivas, y el director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, Joaquín Darío Berges y Dorantes.

También identifica a los mandos Juan Benigno Villalobos, Felipe Gómez Julián, Ednorberto Juan Zacarías, Pedro Cruz Francisco, Manuel Rodríguez Sotero, Gonzalo Ríos López y Armando Cruz Sánchez.

Azuela, quien el 30 de noviembre se jubila como ministro, acota todavía más: "Corresponderá a las autoridades competentes realizar la imputación concreta según las responsabilidades que puedan resultar (civil, penal, administrativa o política)", pues establece que hubo "violación grave de garantías" por el "proceder activo o pasivo de las autoridades".

El ministro que de último momento desechó participar en la contienda por la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sólo encuentra en Ulises Ruiz la responsabilidad de no contar con una policía eficaz y profesional capaz de controlar un conflicto como el ocurrido entre mayo de 2006 y enero de 2007.

Precisa que Ruiz sí fue una autoridad participante, pero su actuación "debe estimarse atenuada", debido a que carecía de recursos presupuestales para satisfacer las demandas de la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, origen del conflicto.

Además de destacar la intención de las autoridades federales y estatales de dar una "solución efectiva a las demandas o conflictos sociales", dice que cuando éstas "determinaron hacer uso de la fuerza pública para solucionar el conflicto social… en la ejecución correspondiente se incurrió en actos que además de denotar falta de eficiencia y profesionalismo de los cuerpos policíacos, provocaron la violación de garantías… y que por sí mismas constituyen una grave infracción al texto constitucional".

Precisa: "En el operativo del 26 de noviembre de 2006 algunas personas fueron objeto de tratos crueles e inhumanos durante su detención y traslado a los penales correspondientes".

Igualmente, añade, que "se advierten excesos en la represión a los inconformes, ya que se hizo uso de instrumentos tales como piedras, resorteras y bazucas…

"Se acreditó que hubo personas que presentaron lesiones graves que no guardaron proporción con el objetivo que se pretendía alcanzar mediante los operativos, además de que uno de estos fue fallido y lejos de contribuir a la solución del conflicto ocasionó más violencia y represión", generando "una situación de mayor desorden generalizado a la que existía antes del operativo".

Sin embargo, responsabiliza también a la APPO de haber suprimido derechos de la población: "Prácticamente se paralizó el estado de Derecho y se suprimió el goce de garantías, se afectó la vida de una comunidad sin que las autoridades impidieran que este estado de cosas continuara prevaleciendo".

Azuela dice que "no debe olvidarse la beligerancia" de la APPO, "incluso con matices de rebelión no únicamente en contra del gobierno del estado de Oaxaca, sino del gobierno federal, pues no debe pasarse por alto la intención de los inconformes de constituir una 'Asamblea Popular de los Pueblos de México'".

Según el ministro ponente, su objetivo era "extender el movimiento por todo el territorio nacional" y crear una nueva Constitución, pues "el movimiento tuvo por objetivo derrocar poderes constituidos".