La ley de austeridad republicana
Como exigencia del movimiento social que encabeza Andrés Manuel López Obrador, un grupo de legisladores estamos preparando propuestas de reforma legislativa para generar un nuevo modelo fiscal que posibilite gravar a las grandes empresas del país. Al mismo tiempo, estamos elaborando una iniciativa que establezca las condiciones de la austeridad republicana.
Esta última, busca reducir a la mitad las retribuciones y los salarios de la alta burocracia. Propone que privilegios como los seguros de gastos médicos mayores, separación individualizada o el seguro de vida, sean cancelados para esos funcionarios. También se insiste en que el gasto corriente del gobierno federal sea disminuido a través de la eliminación de las erogaciones superfluas y de ornato que caracterizan a los gobiernos panistas.
Durante estos nueve años, los gobiernos del PAN han incrementado el número de altos servidores públicos: subsecretarios, directores generales y cargos homólogos a los anteriores. Sin sensibilidad alguna han aumentado los salarios y prestaciones de la alta burocracia. Han gastado como nunca antes, salvo el caso de Peña Nieto, en comunicación social para promover su imagen y sus equivocadas políticas públicas.
A diferencia de lo que ocurre en la alta burocracia, por la baja y la de los estratos medios no se han preocupado. Han desactivado el servicio civil de carrera que ellos mismos impulsaron y, reproducen en el servicio público lo que generan en la sociedad y en la economía: ahondamiento en la desigualdad social y nula redistribución de la riqueza.
La ley de austeridad republicana que presentaremos ante el movimiento social en defensa de la economía popular y, posteriormente elevaremos a la consideración del Congreso de la Unión, responde a dos necesidades: la primera, es la de propiciar condiciones más igualitarias de vida entre los mexicanos y, la segunda, entraña contribuir significativamente a la solución de la crisis económica. Consideramos que quién debe pagarla son los que se han beneficiado del modelo hoy vigente, no los trabajadores, tal como ahora señala Calderón.
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