¿Qué sigue?

¿Qué sigue?

El secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, confirmó ayer que le fue negada la “toma de nota” a Martín Esparza Flores como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Lo mismo ocurrió a los titulares de otras doce carteras del comité central. En conferencia de prensa, el funcionario adujo que no cumplieron con los requisitos legales estatutarios.

A nadie sorprendió el anuncio. En realidad, la decisión del gobierno de Calderón había sido anunciada con anterioridad por el propio Lozano, al igual que por diversos voceros oficiosos, que suelen nutrir sus textos con información “inducida” o “sugerida” desde Los Pinos. Los propios afectados sabían de antemano el resultado.

La nota no es esa, sino descifrar lo que sigue. Es importante observar las estrategias y tácticas que habrán de utilizar las partes en conflicto para enfrentar el problema. Hay que analizar el contexto y los objetivos que cada quien busca para aproximarnos a escenarios viables. El gobierno ya dio el primer paso. Está a la ofensiva. Habrá que ver cómo responde el sindicato, y en particular los agremiados que apoyan el actual liderazgo.

El contexto: la empresa es ineficiente y requiere un alto subsidio público para sobrevivir. Los cobros de luz son excesivos y arbitrarios. Hay también más personal del requerido. Además, el sindicato ha obtenido a lo largo de más de 90 años de existencia, diversas prestaciones superiores a las de ley para sus agremiados. Es también una organización combativa y solidaria que se opone a las políticas neoliberales de la administración panista y a la eventual privatización de Luz y Fuerza del Centro.

Un elemento más: las recientes elecciones internas arrojaron como resultado el triunfo apretado del secretario general saliente, Martín Esparza, sobre el tesorero Alejandro Muñoz. La división, a su vez, dio lugar a que el gobierno metiera las manos en el sindicato, aparentemente con el beneplácito de los perdedores. Si esto es así, la actual directiva tiene que luchar en dos frentes –el interno y el externo-- para mantener en pie a la organización.

Y es que el gobierno calderonista no ha ocultado su intención de declarar en quiebra a LyFC, cancelar el Contrato Colectivo de Trabajo con el SME y despedir a los más de 40 mil trabajadores sindicalizados. En este caso, y no obstante la crisis económica y el desempleo en el país, pesa más la idea de convertir a la empresa en un organismo eficiente que preservar las fuentes de empleo.

Tampoco hay sorpresa en ello. Los moralistas mochos que despachan en Los Pinos, son realmente darwinistas sociales, pues ahí sí, creen fervientemente en la sobrevivencia del más fuerte. Son fanáticos del mercado. Para nada importa el bien común, concepto de origen cristiano que, en el pasado, fue eje de las políticas panistas.

El problema de Calderón es cómo lograr sus propósitos con el menor costo posible. La provocación constante al SME, para que aumente su nivel de protesta y llegue hasta la suspensión del servicio de energía eléctrica, es un camino que los sindicalistas difícilmente seguirán, porque de antemano saben que entonces darían el pretexto para que el gobierno decrete la requisa. Los electricistas entienden también que cualquier exceso puede activar el operativo de las fuerzas federales para la toma de instalaciones.

Al parecer se trata de un juego de suma cero, en donde lo que uno gana el otro lo pierde. Los frágiles equilibrios se pueden romper en cualquier momento. Si el gobierno cree que puede dar el golpe con un bajo costo, está totalmente equivocado.