USTED DISCULPE

USTED DISCULPE

Por: Claudia Rodríguez

Es difícil olvidar el pasaje de la escena política que refiere las horas en que la Procuraduría General de la República (PGR) inició a finales de mayo del año pasado un operativo en el estado de Michoacán para detener a más de 30 servidores y ex servidores públicos de la misma entidad con el apoyo táctico de la Policía Federal Preventiva y del Ejército. La PGR informaba que las detenciones obedecían a cumplimentar una orden de localización y presentación girada contra los detenidos por la presunción de que mantenían vínculos con el crimen organizado, puntualmente con el grupo delictivo de La Familia Michoacana.

Alcaldes municipales, funcionarios de gobierno en activo y dos ex funcionarios vinculados al grupo de trabajo del gobernador Leonel Godoy, componían el grupo de detenidos en Michoacán, mismos que fueron trasladados para su declaración ministerial hasta la Ciudad de México.

Ante los eventos, el primero en reaccionar –mediáticamente—fue el propio mandatario Godoy, quien reclamaba el hecho de que no se le hubiera “corrido la cortesía” de avisarle sobre el operativo, aún cuando estaba de acuerdo en el combate al crimen organizado. Muchas otras reacciones de políticos y funcionarios de orden federal versaron respecto a que dicha acción debió haberse concretado una vez que se tuvieran claros indicios de responsabilidad criminal de los imputados. Aunque muchos veíamos en tal acción, tintes políticos partidistas: la federación panista en contra de los gobernadores perredistas y el incidir en el proceso electoral cercano a realizarse en el ámbito federal. Para muestra, queda inscrito en las imágenes a consultar cómo algunos de los presos en cuestión, fueron trasladados --vistiendo camisas amarillas-- a penales federales desde la Ciudad de México.

De este acontecimiento y las consabidas diligencias legales, el fin de semana pasado, 12 de los detenidos en el operativo anotado fueron liberados. De acuerdo con la información de la PGR, el juzgador del Tribunal ordenó la liberación inmediata de los ex presidentes municipales de Tepalcatepec, Uriel Farías; de Tumbiscatío, Adán Tafolla Ortiz; de Ciudad Hidalgo, José Luis Ávila Franco, y de Uruapan, Antonio González. También fue liberado el ex procurador general de Justicia de Michoacán, Ignacio Mendoza Jiménez; el ex síndico de Lázaro Cárdenas, Abel Salazar; el ex director de Seguridad Pública de Tumbiscatío, Roberto Rubio Vázquez, el juez del fuero común en Apatzingán, Jaime Liera, Citlali Fernández, ex secretaria de Seguridad Pública de Michoacán; Salvador Dionisio, ex director de Obras Públicas de Arteaga, y los policías municipales Baldomero Morales y Gabriela Mata.

Aún cuando no todos confirmaron su inocencia, los doce ex servidores públicos liberados, deberían obtener más que un: nos equivocamos, usted disculpe.

De la lucha contra el crimen organizado emprendida por el señor Felipe Calderón desde el inicio de su administración, existen múltiples inocentes que no han caído por una bala perdida pero que han sufrido junto con sus familias el escarnio, la humillación y las acusaciones infundadas que al final, también destrozan vidas y futuros.

Así como se encumbra a los mexicanos caídos en la lucha contra el narcotráfico, también habría que reivindicar y apoyar a quienes por un equívoco fueron señalados como criminales.

Acta Divina… Fabiola Alanís, lideresa estatal del PRD en Michoacán se pronunció porque luego de que fueron puestos en libertad 12 ex funcionarios detenidos en el llamado “michoacanazo”, se les reivindique y para tal efecto, anuncia que los perredistas de la entidad están dispuestos a acompañar una demanda de reparación de daños que puedan promover los afectados tras ocho meses de detención por acusaciones de la PGR.

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Fuente: Indice Político

Difusión: AMLOTV