ARTURO ALFARO GALÁN
La juez Segundo de lo Penal, Rosa Celia Pérez González, determinó que no existen las pruebas necesarias para solicitar las órdenes de aprehensión en contra de 15 maestros del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP) y los dos activistas del Nodho de Derechos Humanos, quienes el pasado 10 de junio fueron consignados por el Ministerio Público (MP), Javier Carrión Jiménez, por el presunto delito de “daño en propiedad ajena” en contra de la figura moral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
De esta manera, la averiguación previa 400/2009/–DMS –3º/DM–S–II, iniciada en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) que dirige Rodolfo Igor Archundia Sierra, será regresada al MP para su integración, pues hasta el momento no se ha demostrado que los miembros de la disidencia magisterial y los dos activistas hayan incurrido en delitos que merezcan la privación de su libertad, informó el representante del Nodho de Derechos Humanos, Eduardo Almeida Sánchez.
Los 17 acusados son los mismos que fueron golpeados y detenidos arbitrariamente el 10 de junio de 2009 por policías ministeriales, estatales, metropolitanos y municipales de Puebla, cuando el gobierno del estado de Puebla, a cargo de Mario Marín Torres, reprimió una manifestación pacífica del magisterio en contra de la Alianza por la Calidad en la Educación (ACE).
Durante esa represión, las detenciones se realizaron por integrantes del SNTE y de la Policía Ministerial, quienes, vestidos de civil aprehendieron durante tres horas a Tamara San Miguel Suárez, Itzel Sánchez Martínez, ambas integrantes del Nodho de Derechos Humanos, así como Mariano Rolón Castelán, Evaristo Mateo Hernández, Lourdes Valderrábano Teresa, María de Jesús Herrera López, Marcelino Becerra Osollo, Justino Jacinto Rosas, Floriberto Vergara Cañongo, Rosa Isela Hernández Viderique, Mario Rubén Camaño Lara, Gregorio Martínez Hernández, Marcelino Vázquez Ildefonso, Verónica Ramírez Jarquin, Lorena Ramírez Jarquin, Manuel Morales Espíndola, Élfego Márquez Luna, todos integrantes del CDMP.
Al respecto, Almeida Sánchez insistió en que la agresión del pasado 10 de junioen contra del magisterio fue cometida por los policías ministeriales, metropolitanos y municipales y “no al revés, como han querido acusar las autoridades del estado”.
Ante ello, exigió al titular de la PGJ, Rodolfo Igor Archundia Sierra, archivar la averiguación previa 400/2009/–DMS–3º/DMS–II y desista de las acciones de hostigamiento jurídico “que únicamente muestran intentos por manipular el sistema de procuración y administración de justicia a favor de Eric Lara Martínez y Cirilo Salas Hernández, secretarios generales de las secciones 23 y 51 del SNTE, respectivamente y de operadores en Puebla de la dirigente vitalicia de ese gremio, Elba Esther Gordillo”.
En tanto, la Universidad Iberoamericana Puebla (UIA) manifestó su solidaridad con el Nodho y con el CDMP, a través de un comunicado en el que manifestó: “se ve con preocupación la actuación de la PGJ con respecto a la falta de objetividad con la que se analizan los hechos para iniciar una averiguación previa, toda vez que se ha documentado la violencia de que fueron objeto los activistas y los maestros disidentes por parte de los cuerpos de seguridad estatal y municipal en el libre ejercicio de su derechos”.
Mientras, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a nueve meses de los hechos ocurridos en el Centro Histórico de la capital, no ha emitido pronunciamiento alguno, pues asegura que el expediente de queja iniciado por Almeida Sánchez “aún está en periodo de integración”.
Fuente: La Jornada de Oriente
Difusión: Soberanía Popular
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