Difusión Cencos México D.F., 5 de abril de 2010
Comunicado de prensa
OSC de Derechos Humanos
•Ofrecen información que involucra al Ejército en la desaparición forzada de la familia Alvarado
• Solicita la Comisión Interamericana al gobierno mexicano que informe sobre el paradero de la familia Alvarado, su estado de salud y la situación de seguridad en la que se encuentran
• Ponen a disposición de militares correo electrónico para que envíen información a ONG sobre violaciones a derechos humanos y sobre el paradero de los Alvarado
El 29 de diciembre de 2009, alrededor de las 8 de la noche, diez militares -quienes vestían uniformes del ejército mexicano y portaban cascos en su cabeza, así como rifles de alto poder- subieron a la fuerza a José Ángel Alvarado Herrera, a su prima Nitza Paola Alvarado Espinoza y posteriormente acudieron al domicilio de Rocío Irene Alvarado Reyesen Buenaventura, Chihuahua para también llevársela sin presentar ninguna orden judicial. Hasta la fecha los tres permanecen desaparecidos.
Días después de los hechos, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) negó que elementos militares hubieran participado en el operativo. Sin embargo, existen pruebas contundentes que involucran a los miembros del Ejército en la desaparición forzada de la familia Alvarado:
1. La camioneta en la que viajaban Nitza y José Ángel al momento de su detención, una pick up
GMC modelo 2001 con placas ZTR 9367 fue incautada por el Ejército, quien la puso a disposición en la Agencia Estatal de Investigaciones ubicada en Casas Grandes donde permaneció varias semanas, según consta en el carpeta de investigación número 5326-000124/2009. La camioneta fue devuelta a los familiares de los Alvarado el 16 febrero de 2010, pero la SEDENA se negó a informar sobre el paradero de las personas.
2. Las declaraciones de testigos y familiares del las víctimas ante la Procuraduría del Estado y la Procuraduría General de la República, así como las declaraciones de dos agentes del Ministerio Públicos. El 30 de diciembre de 2009, los familiares de las víctimas intentaron interponer una denuncia por privación ilegal de la libertad ante la Procuraduría del Estado en Nuevo Casas Grandes, y el Ministerio Público de apellido Leyva les informó que “tenía conocimiento de que las personas estaban detenidos en el Batallón 35 de Infantería de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua”. El 31 de diciembre de 2009, otro agente del Ministerio Público de apellido Enríquez Duarte, al concluir de tomar la denuncia que finalmente pudieron presentar los familiares de las víctimas les dijo: “tengan paciencia, sabemos que el Ejército los detuvo y por medio de un oficio le voy a pedir al 35 Batallón de Infantería, información sobre los detenidos”.
3. Los familiares interpusieron una denuncia por desaparición forzada ante la Procuraduría General de la República por este caso.
El 3 de febrero de 2010, Nitza –una de las desaparecidas- logró hacer una llamada a una amiga aproximadamente a las 5:30 de la tarde. Nitza Paola le dijo llorando “ayúdenme, sáquenme de aquí, sigo viva, tengo miedo” Acto seguido la voz de un hombre comunicó a otro hombre “puta madre pinche vieja ya habló, te dije que no la dejaras sola”. Las representantes solicitaron a las autoridades el rastreo de la llamada para ubicar a Nitza, sin embargo, la Procuraduría del Estado de Chihuahua realizó el rastreo de la llamada para el día 4 de febrero y no para el día que se le había solicitado, siendo claramente omisa. No obstante, los representantes y familiares sí lograron identificar el número telefónico del que salió la llamada que realizó Nitza.
El 22 de febrero de 2010, las representantes de las víctimas, comunicaron a Sara Irene Herrerías, Fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República (PGR), así como a la Secretaría de Gobernación y a la Procuradora General de Justicia del Estado el número telefónico del cual Nitza llamó para que fuera rastreado por las autoridades. Sin embargo, hasta el día de hoy las autoridades estatales y federales han sido incapaces de localizar la ubicación del teléfono o no han querido informar los resultados del rastreo telefónico, lo cual sería clave para encontrar de inmediato a Nitza y posiblemente al resto de la familia Alvarado.
Emilia González de Cossydhac declaró: “nos preocupa a las representantes y familiares que esta negligencia y omisiones de las autoridades federales sigan poniendo en riesgo la vida e integridad de la familia Alvarado”. Al respecto, Lucha Castro, coordinadora del CEDEHM, señaló “les recordamos a todos los funcionarios federales y estatales que están involucrados en el caso que existe responsabilidad por obstruir o no realizar investigaciones exhaustivas que pudieran salvar la vida de las víctimas de desaparición forzada”.
Ante la falta de resultados en las investigaciones y la falta de algún operativo que pudiera localizar –a partir de la ubicación del teléfono- a Nitza y sus familiares, las representantes acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien el día 4 de marzo de 2010, solicitó al gobierno mexicano “que informe sobre el paradero de José Ángel, Nitza Paola y Rocío, su estado de salud y la situación de seguridad en la que se encuentran y adopte las medidas cautelares necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de las tres víctimas, sus familias y sus representantes legales. Sin embargo, el Estado mexicano no ha brindado ni una sola medida de protección para los familiares y sus representantes, ni tampoco ha realizado avances en las investigaciones para encontrar a las víctimas y sancionar a los responsables. Las autoridades de los tres niveles han sido omisas y negligentes.
Más aún, el Estado mexicano ha brindado información parcial y errónea sobre el caso a los organismos internacionales, tal como ocurrió el 9 de marzo de 2010, cuando la SEDENA informó al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York “estamos investigando y trabajando con los familiares y abogados del caso Alvarado”. Las representantes y familiares aclaramos que no existe un trabajo conjunto con el Ejército; por el contrario, los familiares de las víctimas han sido hostigados y amenazados en sus domicilios por elementos del Ejército que portan uniformes y vehículos hummer oficiales; y las representantes legales no hemos tenido acceso al expediente del caso que existe en la Procuraduría Militar.
La situación de riesgo que viven actualmente las/los defensores de derechos humanos en Chihuahua, así como los familiares de los Alvarado es crítica. La mejor protección consiste en que las autoridades civiles realicen investigaciones exhaustivas y efectivas que permitan sancionar a quienes violan la ley, sin ningún tipo de privilegios -como lo es el fuero militar-. En el caso concreto de los delitos cometidos por elementos del Ejército mexicano en contra de ciudadanos mexicanos, tales como la desaparición forzada de Nitza, Rocío y José Ángel, así como las amenazas y hostigamiento contra los familiares, deben ser deben ser investigados por autoridades civiles.
Sabemos que existen elementos militares honestos y comprometidos con el país y con el estado de derecho. En caso de que alguno de estos militares tenga información que lleve a conocer el paradero de las víctimas o a obtener más datos, le solicitamos comparta la información con nosotros de manera anónima y para ello ponemos a su disposición el siguiente correo electrónico: investigacion@cedehm.org.mx.
29 de marzo de 2010
Atentamente,
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC)
FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación
Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Fuente: CENCOS
Difusión: Soberanía Popular
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