Candidatos venezolanos a las elecciones legislativas del 26 de septiembre venidero y organizaciones no gubernamentales (ONG), opositores al gobierno del presidente, Hugo Chávez, admitieron financiamiento de Estados Unidos y otras potencias mundiales, asunto denunciado en reiteradas oportunidades por las autoridades del país suramericano.
Sectores oficialistas y hasta el presidente venezolano han denunciado que Estados Unidos (EE.UU.) y países de Europa financian a grupos opositores con la finalidad de derrocar al Ejecutivo.
La corresponsal de teleSUR en Caracas, Madelein García, recordó en un reporte que la investigadora y abogada estadounidense, Eva Golinger, también ha hecho énfasis en el caso, pues obtuvo documentos desclasificados del Departamento de Estado y allí se ratifica.
"En estos documentos evidencian cómo han venido, desde los meses anteriores al golpe de Estado de 2002, financiando a sectores de la llamada sociedad civil de Venezuela, tanto como partidos políticos y medios de comunicación", denunció la investiogadora.
"El propósito de este financiamiento era, de alguna manera, consolidar una fuerza política capaz de derrotar al Gobierno de Hugo Chávez", insistió.
Los informes desclasificados señalan que una vez fracasado el Golpe, la Agencia Internacional del Desarrollo de Estados Unidos (Usaid), dependiente del Departamento de Estado, "instaló una oficina política en el país, desde donde se distribuyeron fondos para crear nuevas organizaciones políticas y ONG de fachada", informó la periodista de teleSUR.
Gracias a la financiación de la Usaid, nació la organización Súmate, presidida entonces por María Corina Machado, quien tuvo como su primera tarea en el año 2004, impulsar el referendo revocatorio contra el presidente Chávez.
Machado, ahora ex presidenta de la institución, manifestaba en sus discursos que no pertenecía a ningún sector político, actualmente se muestra como una de las candidatas de la oposición al Parlamento venezolano y acepta que recibió financiamiento de Estados Unidos.
"Por recibir 31 mil dólares, tú me explicas si nosotros somos capaces de desestabilizar un país", dijo Machado, al ser interrogada por la comunicadora venezolana.
Súmate, actualmente bajo la dirección ejecutiva de Ricardo Estévez, admitió que recibe financiamiento internacional.
"Rechazamos que se diga que Súmate es ilegítima por supuestamente recibir recursos de otros países, que aunque es legal no ha sucedido este año", dijo Estévez el pasado 30 de julio.
Por su parte, otras ONG reconocen que reciben financiamiento extranjero, sin embargo, le piden al Gobierno nacional, que no las investigue por esto.
"Le exigimos al Gobierno que ponga fin a las investigaciones abiertas contra agrupaciones como Espacio Público y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), por haber recibido financiamiento del extranjero", reclamó el presidente de la ONG Sinergia, Feliciano Reyna.
Entretanto, el ex presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Pedro Nikken, justificó la situación y aseguró que de esta manera se garantiza la autonomía de la institución.
"Las agrupaciones civiles no pueden recurrir a las empresas, porque sus intereses son contradictorios y porque ellas participan del poder; y no pueden aceptar fondos del Gobierno Nacional porque él puede ponerle condiciones", aseguró.
El recibimiento de fondos por parte de países extranjeros, para la realización de actividades internas, es una violación al artículo 1 de la Carta Magna venezolana, que establece que los sistemas democráticos se apoyan en la colaboración del pueblo, y no de entes internacionales.
"Los sistemas democráticos se apoyan en la participación de sus ciudadanos y de las organizaciones políticas que los aglutinan para participar en el sistema político y, así, articular la actuación pública en favor de los miembros de la sociedad nacional y no de agentes externos que pudieran intervenir en la vida política de un Estado, lesionando el derecho de la Nación a su autodeterminación, su independencia y soberanía", reza el artículo 1 de la Constitución Bolivariana.
Por su parte, el internacionalista y politólogo, Manuel Montañez, explicó que el problema no es la cantidad de dinero sino la acción, puesto que podría calificarse como "traición a la patria".
"El problema no es la cantidad de dólares que haya recibido una persona en el exterior, el problema es el hecho en sí, el solo hecho de haber recibido uno o un millón de dólares basta y es elemento suficiente para señalar que hay una acción jurídica que podría ser calificada de traición a la patria", indicó.
La corresponsal del canal multiestatal señala que Estados Unidos no es el único país que ha invertido dinero para la derrota del presidente Chávez, "los documentos revelan que Europa y Canadá están en la jugada".
Por su parte, Golinger advirtió que en el año 2003 la Usaid financiaba "66 programas en Venezuela con el objetivo de lograr la salida del poder del Presidente Chávez, hoy son más de 623 con más de 20 millones de dólares".
"La pregunta más bien es, ¿por qué Venezuela se permite tan grave injerencia y violación de su soberanía?", resaltó la abogada.
Fuente: TeleSur
Difusión: Soberanía Popular
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